La Seguridad Social permitirá recuperar las prácticas no cotizadas a antiguos becarios pagando menos
El Ministerio recula tras la presión de la comunidad científica: aplicará la base de cotización del año en el que se realizaron y no la de este año, tal y como reflejaba el texto inicial de la orden
Después de la reunión mantenida la semana pasada con más de una decena de representantes de asociaciones científicas (el colectivo más afectado) y el compromiso personal de la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, a revisar la normativa que permite regular la cotización de antiguos becarios, este lunes se han conocido ya las primeras modificaciones, además en uno de los puntos más polémicos de la norma. En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones permitirá recuperar las prácticas no cotizadas aplicando la base de cotización del año en el que se realizaron, y no la del año presente, tal y como reflejaba el texto inicial de la orden, un cambio que pedían desde los colectivos profesionales y que se traducirá en una reducción en el importe a abonar.
Esta modificación en la norma se ha podido saber por medio de una entrevista a Elma Saiz, publicada en La Vanguardia este mismo lunes. En ella, se anuncia que esta tarde la ministra presentará dicha propuesta a los agentes sociales. Saiz ha explicado que "después de una semana de reuniones, hemos decidido flexibilizar las condiciones". Un anuncio que se daba después de que, hace una semana, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, mostrara la disposición del Ministerio a "adoptar medidas adicionales".
Recordemos que esta orden que regularizaba la cotización retroactiva de los becarios fue publicada el pasado 1 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y la forma en la que se estableció en su inicio permitía recuperar hasta cinco años de prácticas no cotizadas, aplicando la base de cotización actual. Estos términos en los que se recogió la norma suscitaron una oleada de críticas entre muchos colectivos profesionales, entre los que se encuentra la comunidad científica, que se alzó en pie de guerra, rechazando la forma planteada por su coste económico, entre otros puntos polémicos. En este sentido, la presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), Marisol Soencas, explicaba en una entrevista a LA RAZÓN, con la ecuación del Ministerio, que "regularizar los cinco años que me dejan me supone un desembolso de más de 17.000 euros, una barbaridad".
En aquel primer planteamiento de la norma se explicaba que la base de cotización de este convenio especial sería la actual mínima de cotización por contingencias comunes correspondiente al grupo 7, a la que se aplicaría un coeficiente reductor del 0,77, algo menos de 290 euros por cada mes recuperado.
En cambio, la propuesta que presentará esta tarde el Ministerio a patronal y sindicatos en la mesa de diálogo social sobre pensiones incluye también una ampliación de los años a recuperar para aquellas personas afectadas que ya lo hubieran hecho en el año 2011, momento en el que se concedió la oportunidad para lograr hasta dos años más de vida laboral.
Asimismo, el Ministerio ampliará el plazo de dos años para solicitar la recuperación, además del periodo para pagar las cuotas, teniendo en cuenta que la orden recogía que el importe se debería abonar "en un pago único o fraccionado en un número máximo de mensualidades igual al de aquellas por las que se formalice el convenio".
Cabe recordar que, más allá del coste económico que suponía la regularización en los términos que recogía la orden tal y como estaba planteada inicialmente, hay otros puntos controvertidos de esta normativa que desde el colectivo científico también rechazan y reclaman su modificación.
Así, se muestran en contra de la limitación temporal impuesta, puesto que establece un máximo de cinco años trabajados reconocidos a la hora de computarla, dejando fuera, por tanto, aquellos casos que cuenten con una mayor duración. Según dicen, "es claramente insuficiente para solucionar el problema de todo el colectivo afectado". Del mismo modo que rechazan el hecho de que los afectados tengan que pagar la cuota completa, tal y como establece la norma, incluyendo la parte correspondiente de la empresa que en su día les contrató como becarios. De hecho, lo que ellos reclaman es aportar únicamente la cuota que corresponda a la persona trabajadora en cada año recuperado. También consideran que es necesario encontrar una solución específica para la regularización retroactiva de la cotización de las becas de investigación, puesto que, según indican, se trata de una situación diferente a la de las prácticas formativas.