Concursos carísimos que pagamos todos
Las administraciones públicas tienen obligación, en la mayoría de los casos, de acudir a la convocatorio de concursos para sus adjudicaciones
Recientemente se ha convocado concurso para la dirección del Festival de Granada, una vez que Antonio Moral decidió no continuar al acabar su contrato. Mucho se ha hablado y se habla de los concursos que popularizó el entonces ministro de cultura Cesar Antonio Molina inspirado por el afortunadamente ya olvidado Carlos Marset. Se trata de que las administraciones públicas no nombren cargos a dedo sino a través de concursos. No es sino una forma de huir de la responsabilidad de elegir, por ejemplo, el director de un teatro y asignársela a terceros.
Podría ser algo a considerar si esos terceros de los correspondientes jurados no fuesen personas con instrucciones implícitas o explícitas sobre quiénes han de resultar elegidos y si, para colmo, se manejen los plazos de presentación de candidaturas, como ha sucedido reiteradamente, para que sólo puedan presentarse quienes ya conocían la convocatoria con anterioridad y tienen la documentación preparada. Total, una forma muy poco transparente de elegir a dedo. Pero hay otros concursos que nos salen carísimos, porque les salen carísimos a las administraciones públicas y por tanto a los contribuyentes, que somos habitualmente los “paganinis”.
Miren, las administraciones públicas tienen obligación, en la mayoría de los casos, de acudir a la convocatorio de concursos para sus adjudicaciones. Así, por ejemplo, varias musicales han de adjudicar a concurso sus viajes o publicidad en los medios de comunicación. A ellos se presentan empresas ofertando unas ciertas rebajas en los precios. Nada más falso. Medios de comunicación, entre ellos las revistas musicales, cuentan como estas empresas les llaman para enterarse de sus precios y luego ofertan descuentos de hasta un 80%. Las adjudicaciones se realizan a las ofertas más bajas, que muchas veces son temerarias y luego, incapaces de cumplir lo ofertado, llegan los problemas.
Para “simular” que los descuentos se cumplen se les propone a esos medios que multipliquen por cinco sus tarifas oficiales y después efectúen el correspondiente descuento, llegando el caso de resultar absolutamente absurdas e increíbles tales tarifas multiplicadas. No sólo eso, sino que las empresas adjudicatarias pagan a los medios unas cantidades y facturan otras más altas a las administraciones públicas, que habrían podido pagar un importe mucho menor directamente, tal y como venían realizando antes de acudir a este tipo de concursos. Porque son las propias instituciones musicales quienes a la postre, conociendo el mercado, han de decidir lógicamente con qué medios las adjudicatarias de los concursos han de contratar su publicidad.
Pero vayamos a otro ejemplo aún más claro. Si un directivo de una de esas instituciones ha de efectuar un viaje, tiene obligación de realizarlo a través de la correspondiente adjudicataria de un concurso. ¿Cuántas veces no sería más barato simplemente ir a Booking u otra web similar? La mayoría. El sistema no funciona y sus ineficiencias las pagamos todos los contribuyentes. Créanme que hay soluciones como, por ejemplo, dar libertad a la contratación directa cuando se consigue un menor precio. Todo es cuestión de pensar un poco.