Alan García: PJ confirma orden para que Fiscalía revise 2 celulares incautados del expresidente
El Poder Judicial confirmó levantar el secreto de las comunicaciones de dos teléfonos incautados por la Fiscalía al expresidente Alan García. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada resolución emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria que en marzo de 2024 autorizó este dictamen.
"Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de María del Pilar Nores de García, Alan Raúl Simón García, Josefina García Nores y Carla García Buscaglia y, en consecuencia, confirmaron la Resolución N.° 13, de fecha 11 de marzo de 2024, que declaró fundado el requerimiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones, con lo demás que contiene. Todo en la investigación", se lee en el documento.
En otras palabras, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó la resolución emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, que aprobó el levantamiento del secreto de las comunicaciones en relación con dos teléfonos celulares pertenecientes al fallecido expresidente Alan García Pérez.
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Esta confirmación se lleva a cabo en el marco de las investigaciones contra el exsecretario presidencial del fallecido expresidente, Luis Nava Guibert, y otros por los presuntos delitos de colusión agravada y más, en agravio del Estado.
PJ by daniel.munoz
Alan García: levantamiento del secreto de las comunicaciones fue solicitado en 2021
La Resolución N.° 16, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, se origina a partir de un requerimiento del fiscal provincial del Equipo Especial de la Fiscalía, quien en abril de 2021 solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del fallecido expresidente Alan Gabriel Ludwig García Pérez.
Esta petición fue inicialmente rechazada por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional; no obstante, más tarde, tras una apelación del Ministerio Público, fue revocada y se autorizó la intervención al derecho a la intimidad y el levantamiento del secreto respecto a dos celulares incautados.
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El desarrollo del caso muestra múltiples instancias de apelación y resoluciones emitidas por diversas salas y jueces, lo que complica el trámite con errores en la emisión de resoluciones y correcciones posteriores. Finalmente, el Juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el levantamiento del secreto en marzo de 2024, decisión que fue apelada por la defensa técnica de la familia García, que llevó los actos a esta Sala Superior.
El fundamento principal para el levantamiento del secreto de las comunicaciones se basa en la sospecha de que, durante su presidencia, Alan García Pérez podría haber estado involucrado en actos de corrupción relacionados con empresas brasileñas y peruanas; de esta forma, habría favorecido la adjudicación de obras significativas mediante el cobro de comisiones ilegales.
La sala consideró que, aunque García Pérez falleció, las investigaciones sobre su posible involucramiento con otros coimputados podrían revelar detalles cruciales sobre la estructura y operación de la presunta organización criminal, y así se justificaría la medida como proporcional, necesaria y legítima.
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Alan García: ¿cómo puede repercutir esta revisión de los 2 celulares incautados en el caso de Luis Nava?
La confirmación del levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente Alan García Pérez tiene implicaciones considerables para Luis José Nava Guibert y otros coimputados en el caso. Al acceder a la información contenida en los dispositivos de García Pérez, los investigadores pueden obtener evidencias cruciales que esclarezcan el grado de implicación de Nava y otros en los actos de corrupción investigados.
Si en los dispositivos de García se encuentran comunicaciones directas con Nava u otros implicados, estas podrían demostrar la coordinación o el conocimiento compartido sobre las actividades ilícitas, como el cobro de comisiones ilegales.
La evidencia obtenida podría fortalecer la posición del Ministerio Público con el argumento de que se configuró una organización criminal dentro del Gobierno, destinada a favorecer a empresas específicas en la adjudicación de obras públicas importantes.