Una jueza descarta pedir la imputación de Ayuso por las muertes de ancianos en residencias de Madrid

Un juzgado de la localidad madrileña de Collado Villalba ha decidido archivar la causa en la que investigaba la muerte de un anciano en una residencia durante la pandemia. Una resolución en la que la magistrada explica que su “dramático fallecimiento” no fue por una “negligencia” de los sanitarios ni tampoco por los “protocolos” que impidieron su derivación a un hospital. El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es y que será recurrido por la acusación, también descarta que se pueda dirigir la causa penal contra los tres aforados que fueron querellados en el procedimiento: la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y los entonces consejeros Enrique Ruiz Escudero y Enrique López.

La causa que ahora queda archivada ha investigado durante un año y medio el fallecimiento de un septuagenario en una residencia de la localidad madrileña de Torrelodones. Unas diligencias que en un primer momento fueron archivadas pero que la Audiencia Provincial ordenó reabrir con una indicación: seguir investigando para ver si Ayuso o sus exconsejeros podían ser acusados de homicidio, lesiones imprudentes o también por omisión del deber de socorro.

Se trata de una de la causas en la que más testigos han declarado: desde facultativos y responsables de la coordinación geriátrica en los peores días de la pandemia hasta el exconsejero Alberto Reyero y el exalto cargo sanitario Carlos Mur. Reyero, que formaba parte de Ciudadanos en el Ejecutivo de coalición, dejó el gobierno regional tras mostrar su rechazo a los protocolos que pedían no derivar ancianos desde residencias hasta hospitales. El segundo, director general de coordinación sociosanitaria en la Comunidad de Madrid hasta finales de 2020, ha explicado en varias causas judiciales que dichos protocolos dictados por el Gobierno de Ayuso no eran obligatorios.

El juzgado de instrucción número 3 de Collado Villalba, en un auto que ha podido examinar elDiario.es, ha optado por el sobreseimiento provisional del caso. Entiende que en el caso de este hombre no existió una “negligencia” por parte de los sanitarios que lo atendieron en una residencia de Torrelodones, donde los protocolos regionales “no eran obligatorios”. Su derivación a un hospital, añade, “no habría supuesto necesariamente una mejora de su mermada salud, estando incluso contraindicado”. “No se hubiera evitado su fallecimiento”, concluye la magistrada.

Varios responsables sanitarios y geriátricos comparecieron en la causa. Uno de ellos, por ejemplo, explicó que el tratamiento que recibió el fallecido en la residencia “es el mismo que hubiera recibido en el hospital”. Todos coincidieron en señalar que los protocolos, calificados como 'de la vergüenza' por cientos de familias que perdieron seres queridos en las residencias, no eran obligatorios: “Eran meras recomendaciones, como las guías”.

Sobre Ayuso y sus dos exconsejeros, este auto explica que no hay indicios para elevar la causa a los tribunales competentes para investigarlos por su aforamiento: “Los protocolos, que se siguieron en marzo de 2020, y que regulaban la gestión de las residencias, eran acordes con la situación de alarma vivida en la Comunidad de Madrid”. “La investigación no puede abarcar a los responsables políticos de dichos protocolos”, añade. “Podemos discutir, a posteriori y una vez pasado el tiempo, si tal decisión fue correcta o no lo fue, pero en todo caso lo acertado o no de la decisión queda fuera del ámbito de la responsabilidad penal”.

También rechaza que se pueda responsabilizar de alguna manera a los sanitarios que atendieron al fallecido. “Es obvio que no puede exigirse lo mismo al personal sanitario o asistencial, ante una situación puntual y controlada de un paciente o un residente, que ante la situación dantesca, apocalíptica que todos sufrimos”. Fue una “situación dramática”, dice el juzgado, que se ha “repetido en múltiples casos” mientras había “una evidente ausencia de tratamientos para la enfermedad del COVID y una carencia manifiesta de medicamentos para combatir la enfermedad”. 

Se trata de un sobreseimiento provisional que podría ser revocado si aparecieran nuevos datos. Las acusaciones, tanto la particular que ejerce la familia del fallecido como la popular que ejerce el PSOE, pueden recurrir ante la Audiencia Provincial que ya en 2023 ordenó reabrir el caso. Existen más causas abiertas en juzgados de la región pendientes de una decisión de archivo o de enviar el caso a juicio aunque por ahora en ninguna se ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado, trámite previo al juicio. La magistrada, como en otros casos, explica que la vía penal queda cerrada pero “sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder a la querellante”.

Archivo y críticas a los protocolos

Diversos juzgados de Madrid han archivado en los últimos meses las causas penales que investigaban las muertes de ancianos en residencias y los protocolos de no derivación denunciados por las familias. Uno de ellos, tal y como reveló elDiario.es, fue el juzgado de instrucción 4 de la capital, que hace unos días dio carpetazo a las diligencias que mantenía abiertas desde hace varios años sobre los fallecimientos en una residencia pública y otra privada con plazas concertadas de San Blas y Arganzuela. Un auto en el que el magistrado rechazaba poder reprochar penalmente la actuación de los responsables del trato que recibieron los ancianos que enfermaron durante lo peor de la pandemia, pero en el que también se lanzaban duras críticas contra los polémicos protocolos.

“Se atendió a los residentes de la mejor manera que se pudo, teniendo en cuenta las excepcionales y desgarradoras circunstancias que todos sufrimos en esos momentos, los hospitales estaban saturados, no se sabía cómo curar la enfermedad, no se disponían de medios”, lamentó ese auto. Pero también calificó de “discutible” el protocolo que, en la práctica, bloqueó la derivación de miles de ancianos enfermos a hospitales, falleciendo en las residencias que no tenían medios para afrontar la situación. Las consecuencias “no fueron valoradas bien por la autoridad política”, llegó a decir el magistrado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno han recrudecido sus ataques a los portavoces de las familias. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, tuvo que rectificar después de difundir varios bulos sobre familiares de fallecidos que aparecieron en el programa 'Lo de Évole' denunciando lo sucedido. Llegó a afirmar, para después reconocer que mintió, que una de las protagonistas del programa ni siquiera era hija de una mujer fallecida en una residencia. “Ya tengo comprobado que la primera señora que sale no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad”, llegó a afirmar sin explicar si había consultado algún tipo de base de datos confidencial para obtener esa información.

“Siempre con las mismas mierdas”, dijo la propia Ayuso el pasado 20 de febrero en la Asamblea de Madrid cuando la oposición recordó, entre otras cosas, que su ejecutivo regional reclamó cuotas a familias de ancianos fallecidos.