La UCO no puede informar de los agentes que investigan la corrupción al declararlo "secreto" el Gobierno
El Gobierno asegura que no puede informar sobre el número de efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asignados a investigaciones de corrupción, por considerar que se trata de datos clasificados como "secreto" oficial según la normativa vigente.
Así consta en una resolución del Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso Servimedia, en la que el general de brigada David Blanes González, jefe del Gabinete Técnico del Ministerio del Interior, explica que la solicitud de transparencia fue rechazada tras examinar que "se encuentra afectado por la regulación en materia de secretos oficiales" establecida por la Ley de 1968.
La petición solicitaba "conocer el número de efectivos de la UCO que prestan cualquier tipo de apoyo o están asignados a la investigación de casos de corrupción de manera anual desde el año 2017 hasta el actual 2025".
Interior justificó la denegación invocando los Acuerdos del Consejo de Ministros de 1986, 1994 y 2014, que clasificaron con carácter genérico como "secreto" el "despliegue de Unidades" y "la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información".
Peligro para la seguridad
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014 estableció el mismo nivel de clasificación para "la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
La resolución ministerial argumenta que facilitar datos sobre la UCO "podría favorecer que se realizasen estudios, entre otros, sobre el potencial de investigación de dicha unidad y poder determinar de forma aproximada los recursos humanos y materiales del citado servicio".
Interior advierte que conocer esta información "perjudicaría la investigación de las organizaciones criminales que cuentan con miembros del cuerpo en su estructura" y afectaría "sin duda, la protección de los intereses de seguridad ciudadana".
La denegación se ampara también en "la prevención, investigación y persecución de ilícitos penales y administrativos", considerando que se trata de "información especialmente sensible y protegida por la Ley de Secretos Oficiales" según la resolución oficial.
Carácter "especial"
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska indica que las letras d) y e) del artículo 14.1 de la Ley de Transparencia, que permiten denegar el acceso cuando "la difusión de dichos datos supone un perjuicio para la seguridad pública" y para la investigación de delitos.
La UCO "realiza investigaciones, principalmente, relacionadas con organizaciones criminales", según reconoce la propia resolución ministerial, lo que justificaría la protección de información sobre sus recursos humanos para preservar la eficacia de sus operaciones contra el crimen organizado.
La resolución establece que contra la denegación se puede interponer "reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes" y posteriormente recurso ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa en un plazo de dos meses.
Se añade que los acuerdos del Consejo de Ministros citados también clasifican como "reservado" información sobre "los destinos de personal de carácter especial" y "las plantillas de personal y de medios y de equipo de las unidades" del Instituto Armado.
Información clasificada
La clasificación genérica de secreto se extiende a "sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas" en el ámbito de los servicios de información y la lucha antiterrorista, según los acuerdos gubernamentales invocados por Interior en su resolución denegatoria.
La respuesta enviada por el Gobierno, y recogida por Servimedia, subraya que revelar datos sobre efectivos de la UCO podría comprometer "la protección de los intereses de seguridad ciudadana" al permitir a las organizaciones criminales evaluar la capacidad investigadora del cuerpo de seguridad especializado en estos delitos.