Los migrantes sin papeles no son lo que tú crees

Abres la prensa y, por fin, una buena noticia: Podemos anuncia un pacto con el Gobierno para una regularización extraordinaria de migrantes. Este martes, una lucha con años de trayectoria y con miles de personas detrás –desde colectivos antirracistas hasta la propia Iglesia– se abre de una vez paso tras varios fracasos y cuando parecía que ya estaba todo perdido en esta legislatura. ¡Viva! 

Si todo sigue adelante como debe, mi cuñado será una de esas miles de personas beneficiadas por el real decreto: un chico de 20 años que lleva más de 18 en España, que llegó por reagrupación familiar y en un momento quedó en un limbo administrativo que a nadie le parece lógico pero que ni la Administración ni los abogados han sabido resolver hasta ahora. No se puede negar su arraigo: vino a Madrid con 2 años, su familia y sus amigos están aquí, toda su educación se ha desarrollado en España (desde la escuela infantil hasta la Formación Profesional), y de su país de origen apenas recuerda lo que le cuentan o lo que ve en fotos. ¿Alguien podría argumentar que no es un ciudadano de pleno derecho? Ahora mismo ‘solo’ su documentación lo hace.

Estoy segura de que la situación de mi cuñado no es única (tengo más casos cercanos parecidos). De hecho, y pese al imaginario, la mayoría de los migrantes irregulares que viven en España no llegaron en patera ni hablan otro idioma: según el último informe del centro de análisis Funcas, el 90% procede de Latinoamérica, es decir, entraron al país en avión, y son niños en muchísimos casos. En 2019, la fundación Por Causa cifraba en 147.000 el número de migrantes en situación irregular menores de edad. 

Lo digo por el PP y por Vox, que hablan de “mafias”, por los policías, que salen con el mantra de la “inseguridad”, por tu cuñado, quizás, que necesita datos, pero también por ti o por mi entorno, que no sabe de qué va esto. Conseguir los papeles no es fácil; si lo fuera, no tendría sentido una regularización extraordinaria como esta para sacar a medio millón de personas de un limbo plagado de requisitos y trabas que en muchos casos solo se solventan previo pago de abogados.  

Siento que una buena parte de la población española no es consciente de esto y que, cuando la gente lee que cientos de miles de migrantes van a ser regularizados, piensa en un ente difuso, lejano, estereotípico, deshumanizado, ajeno al ‘nosotros’. Pero es que resulta que esas personas ya son parte del ‘nosotros’: estudian, trabajan, son niños –muchas veces nacidos en España–, compran en el supermercado, cogen el Metro o el autobús, tienen redes sociales y hasta se van de cañas, leen, escriben y hablan con sus vecinos, solo que evitan mencionar, en la mayoría de los casos, su situación irregular, ese punto negro en su documentación que les quita derechos básicos –como asistencia sanitaria o acceso a una nómina–, y más de una vez también el sueño.  

Ojalá lo entienda esa derecha que habla de “efecto llamada” y de “cortinas de humo” y se fije, si le parece buena referencia, en las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, que ha celebrado la medida como una cuestión de “dignidad” para decenas de miles de personas.