Llega al Congreso la ley del PP para construir un millón de viviendas en cuatro años
El pleno del Congreso debatirá este martes la ley que propone el PP para desbloquear suelo y construir un millón de viviendas en cuatro años, así como para flexibilizar el mercado del alquiler en sentido contrario a la ley de vivienda vigente.
Se trata de una reforma del marco legal del urbanismo y la vivienda en España que, según los 'populares', aumenta la seguridad jurídica y agiliza el desarrollo urbano.
El texto deroga las partes más controvertidas de la Ley de Vivienda de 2023, como la declaración de zonas de mercado tensionado, los índices de precios de alquiler y el control de rentas, y la obligación de los grandes tenedores de extender contratos a inquilinos vulnerables al finalizar el plazo legal.
También modifica aspectos de la ley de vivienda para que tanto personas físicas como jurídicas recuperen más rápidamente su vivienda en caso de vulnerabilidad de sus inquilinos.
A este respecto, por ejemplo, acorta los tiempos de suspensión de los desahucios por vulnerabilidad de dos a un mes para demandantes físicos y de cuatro a tres meses para jurídicos; y endurece el umbral de ingresos que determina la vulnerabilidad económica.
Asimismo, para aumentar la oferta de vivienda, la proposición de ley del PP introduce reformas en la Ley del Suelo y aborda el problema de las frecuentes anulaciones judiciales de planes urbanísticos completos debido a defectos menores, proponiendo que los defectos formales permitan la subsanación del plan en lugar de su anulación total inmediata.
También limita la nulidad para que no afecte automáticamente a todos los actos y planes de desarrollo derivados que sean conformes a derecho, y establece un límite de cuatro años para la impugnación indirecta de planes territoriales.
En busca de una mayor agilización administrativa para las nuevas promociones, introduce el silencio administrativo positivo para licencias de edificación de nueva planta (excepto en suelos protegidos o históricos) si la administración no responde en tres meses.
En el caso de los informes preceptivos de otras administraciones, establece que se entenderán favorables si no se emiten en plazo para impedir el bloqueo de proyectos.
Tras el debate, en la votación del martes la Cámara decidirá si acepta iniciar su tramitación parlamentaria o si la descarta. Para sacar adelante la votación, el PP necesitaría, al menos, el respaldo de Vox y la abstención (o apoyos) de Junts o PNV.