Policías denuncian cobros ilegales, fraude documental y un “efecto llamada” con la regularización de inmigrantes
- Cobros en ONG por trámites gratuitos
- Se disparan las pérdidas de documentación
- Nuevos flujos migratorios bajo sospecha
- Críticas a los criterios del decreto
- Falta de medios y coste económico
- Movilizaciones en mayo
La medida se propone facilitar la obtención de permisos de residencia y trabajo a personas en situación irregular, con el objeto de favorecer su integración y reducir la economía sumergida. Sin embargo, su implementación ha generado críticas por la falta de recursos para atenderla, la externalización de los trámites y los discutibles criterios utilizados para conceder la regularización.
Según JuntosPOLGC, el proceso no está siendo gestionado directamente por las comisarías, lo que ha evitado un colapso en estas dependencias. En su lugar, la tramitación se ha derivado a entidades como Correos y Tragsa, reduciendo la participación de las unidades policiales especializadas en extranjería.
Cobros en ONG por trámites gratuitos
Uno de los aspectos más serios señalados por la plataforma es la actuación de determinadas organizaciones no gubernamentales. Según cuentan a Confidencial Digital, dichas entidades están cobrando a inmigrantes por gestiones que deberían ser gratuitas, como la solicitud de citas, la tramitación de expedientes y la entrega de documentación.
Los importes, aseguran, oscilan entre los 80 y los 600 euros.
Además, subrayan que el elevado volumen de atención —entre 1.000 y 1.500 personas al día— dificulta comprobar la situación real de vulnerabilidad de los solicitantes, lo que derivaría en informes favorables generalizados.
Se disparan las pérdidas de documentación
JuntosPOLGC alerta también de un incremento notable en la pérdida de documentos entre determinados colectivos.
Según datos del Centro Nacional de Inmigración trasladados a los agentes, estas pérdidas han aumentado un 866,67% entre ciudadanos paquistaníes, un 356,25% entre argelinos y un 114% entre marroquíes.
A juicio de los denunciantes, este fenómeno podría responder a una estrategia para presentar nueva documentación sin antecedentes, facilitando así el acceso al proceso de regularización.
Nuevos flujos migratorios bajo sospecha
La plataforma policial destaca un aumento de llegadas desde distintos puntos de Europa y África. Ocurre especialmente con ciudadanos paquistaníes procedentes del Reino Unido, algunos de los cuales podrían estar vinculados —según el sindicato— a las denominadas “grooming gangs”, redes de explotación sexual infantil detectadas en ese país.
También reseñan a un incremento de población procedente de Senegal que llega desde Francia, además de los flujos habituales desde el norte de África.
Críticas a los criterios del decreto
El diseño del decreto es otro de los puntos cuestionados por JuntosPOLGC. Asegura que no se contó con expertos en extranjería para su elaboración, y critica que sólo se tengan en cuenta los antecedentes penales, excluyendo los policiales.
Como ejemplo, mencionan el caso de un supuesto menor extranjero no acompañado que, según indican, tendría 23 años, que acumula ocho antecedentes penales y está siendo investigado por una presunta agresión sexual, pero aun así podría tramitar su regularización.
Falta de medios y coste económico
Según un informe interno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones citado por la plataforma, serían necesarios 400 agentes adicionales en las unidades de extranjería para gestionar el proceso, con un coste estimado de 16 millones de euros.
Este refuerzo, sin embargo, no se ha llevado a cabo, con el argumento de falta de presupuestos.
Movilizaciones en mayo
Ante esa situación, JuntosPOLGC ha anunciado movilizaciones a mediados de mayo, junto con otros sindicatos, asociaciones para mostrar su rechazo al modelo de regularización puesto en marcha.
La plataforma concluye que generando un “efecto llamada” y reclama una revisión del sistema que refuerce los controles y la participación de las fuerzas de seguridad en el proceso.