Confirmado: el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a la protección frente al acoso laboral
En muchos centros de trabajo se han normalizado conductas que nunca deberían tolerarse: gritos delante de compañeros, bromas humillantes, aislamiento social, insultos o exclusiones deliberadas de actividades de equipo. Este tipo de comportamientos, aunque a veces se disfrazan de “carácter” o “dinámicas internas”, constituyen acoso psicológico o verbal y pueden deteriorar gravemente la salud emocional y el rendimiento de quien los sufre.
El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 4.2, reconoce el derecho de toda persona empleada a no ser discriminada, ni directa ni indirectamente, por motivos como estado civil, edad, origen étnico, condición social, religión, ideas políticas, orientación sexual, identidad o expresión de género, características sexuales, discapacidad, lengua o sexo.
Además, la Ley garantiza el derecho a la integridad física, a una adecuada política de prevención de riesgos laborales, al respeto de la intimidad y a la dignidad. Dentro de este último derecho se incluye expresamente la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión, discapacidad, edad u orientación sexual, así como frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
El artículo 4.2 del Estatuto no solo define derechos: establece un marco que obliga a las empresas a prevenir, detectar y actuar ante cualquier forma de acoso. Esto implica que el trabajador no está solo ante estas situaciones y que la empresa debe garantizar un entorno seguro, respetuoso y libre de violencia psicológica.
Los datos oficiales confirman que el acoso laboral no es un fenómeno aislado. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las denuncias por vulneraciones de derechos fundamentales —incluido el acoso— han aumentado de forma sostenida en los últimos años, especialmente en sectores con alta temporalidad y rotación.
El Boletín de Estadísticas Laborales recoge que las actuaciones de la Inspección de Trabajo relacionadas con riesgos psicosociales crecieron en 2025, reflejando una mayor vigilancia sobre situaciones de hostigamiento, presión indebida y entornos tóxicos. Aunque no todas las víctimas denuncian, estas cifras muestran que el acoso es un problema estructural que las autoridades ya consideran prioritario.