Pedro Sánchez, molesto por enviar un "dossier" de Moncloa a la jueza

Pedro Sánchez se queja a la jueza que investiga si hubo un delito de amenazas en el apaleamiento de una piñata caracterizada con su cara que tuvo lugar en la Nochevieja del año 2023 en la calle Ferraz de Madrid, frente a la sede central del PSOE.

El presidente del Gobierno defiende que la instructora le ha requerido el «dossier» de Moncloa por el que dijo que se enteró de la piñata sin ser una diligencia de investigación «necesaria, útil o pertinente» para el caso.

La abogada que comparte con la formación socialista –también está personada en la causa– contradice a la magistrada y sostiene que «el foco de la instrucción» debería estar en si la protesta fue constitutiva de un ilícito penal (atendiendo, concretamente, a «su existencia, autoría, contenido, contexto, reiteración, destinatario y acreditación»).

Y no en lo que califica de «extremos accesorios» relativos a cómo Sánchez tuvo conocimiento de la piñata o quién elaboró el informe por el que dice que la conoció, que es el camino elegido por la jueza.

Aun así, el dossier de prensa en cuestión ya ha sido entregado al juzgado y en un nuevo escrito –del pasado 23 de abril conocido por LA RAZÓN– detalla que fue confeccionado por la Secretaría de Estado de Comunicación, que entonces dirigía el secretario de Estado Francesc Vallés.

Pese a su disconformidad con tener que entregar estos detalles a la Justicia, reivindican que cumple con ello por su «plena voluntad de colaboración».

Pero las críticas van más allá por parte de la letrada que representa al jefe del Ejecutivo y al Partido Socialista respecto a la actuación de la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid: «Debemos indicar que la celeridad para acordar esta diligencia de investigación contrasta de modo absoluto y sorprendente con la dilación en acordarse diligencias esenciales, como la declaración de los investigados».

En esta sentido ambas partes aprovechan para exigir, de la mano, que se tome declaración al total de los cinco imputados «de forma urgente y necesaria» en sede judicial.

Sus propias contradicciones

Analizando las distintas versiones que el presidente ha ofrecido respecto a cómo y cuándo se enteró de la acción de la piñata, son varias y evidentes las contradicciones en que ha incurrido.

En su declaración por escrito, en calidad de perjudicado, aseguró que «tuvo conocimiento de los hechos a primera hora del 1 de enero de 2024». Concretó, de igual forma, que el medio a través del cual supo de ellos fue «el resumen de prensa diario elaborado por su gabinete» en Moncloa.

Sin embargo, el mencionado resumen de informaciones periodísticas, requerido luego por este juzgado madrileño, lleva fecha de un día después, del día 2 de enero de 2024. Sus abogados se apresuraron a intentar explicar tal incongruencia, cayendo en otra serie de imprecisiones.

En nombre de Sánchez, reiteraron que tuvo conocimiento de la acción crítica «ese mismo día de lo sucedido en la madrugada del 1 de enero de 2024», pero ya no gracias al dossier, sino porque «diversos medios, a través de sus digitales y las cadenas de televisión recogieron lo sucedido».

«A efectos ilustrativos», en su escrito incluyen «algunos de los enlaces de medios digitales que publicaron (en esa jornada de año nuevo) vídeos y fotos sobre los hechos que se investigan», el aporreamiento de una piñata que representaba al presidente.

Asimismo, los letrados del líder socialista matizan que el resumen de prensa al que aludió en su comparecencia por escrito es el elaborado ya no el primer día del año, sino el día 2 de enero de 2024, el mismo que enviaron al juzgado.

Justifican este cambio con que «no hubo prensa escrita», ya que en año nuevo, «como es sabido, era festivo nacional». Lo que no se corresponde con la realidad: siempre se han publicado diarios los días 1 de cada año, también el de hace dos años.

Respecto al «dossier», tal y como Sánchez declaró por escrito, el pasado 27 de febrero, se trata de un documento que compila noticias de medios de comunicación nacionales e internaciones, así como enlaces a plataformas como YouTube o redes sociales como Instagram, y cuya autoría recae sobre miembros de su gabinete en Presidencia del Gobierno.

Precisamente, uno de los imputados aludió a esta circunstancia para pedir el archivo de las actuaciones, señalando que ello implica que no pudo existir una amenaza «directa, inmediata o personalizada» dirigida contra su persona, sino una mera «percepción posterior» a través de la prensa y de las redes sociales.

Un extremo que su abogado, Jesús Santorio, entiende que excluye la posibilidad de aplicar los elementos del tipo penal de amenazas porque este requiere la existencia de una intimidación «seria, determinada y capaz de generar un temor inminente y racional» contra su persona.