El largo camino a casa de los menores ucranianos deportados a Rusia
Al menos 20.000 niños ucranianos han sido deportados ilegalmente y trasladados por la fuerza a Rusia y los territorios ocupados. Una cifra que podría ser significativamente mayor y que evidencia una de las heridas más graves de una guerra que supera ya su cuarto año, sin perspectivas de un final inmediato. En marzo, un informe elaborado por la comisión de la ONU a cargo de investigar la invasión rusa a Ucrania fue más allá a la hora de calificar el traslado forzoso no solo como un crimen de guerra, sino como un crimen contra la humanidad. El organismo concluyó al menos que un 80% de los menores sustraídos no habían regresado a sus hogares.
Pese a las denuncias y presión internacional, Rusia no lo está poniendo fácil, e Ivan Matkovskyi e Ivan Sarancha son testigos de ello. Ambos jóvenes ucranianos han vivido de primera mano las consecuencias de la ocupación rusa, optando por compartir su historia con el resto del mundo para arrojar luz sobre las acciones del Estado invasor y asegurarse de que otros niños no tengan que pasar por lo mismo que ellos, como reconocen en una entrevista a LA RAZÓN.
Con 20 y 19 años, Matkovskyi e Ivan Sarancha han viajado a España junto a Daria Herasymchuck, asesora y comisionada del presidente de Ucrania para los Derechos del Niño y la Rehabilitación Infantil, para participar en una jornada en el Senado sobre el retorno de los niños ucranianos secuestrados. Durante la misma insistieron en que Moscú está llevando a cabo estas prácticas de forma sistemática y dificultando deliberadamente la identificación y devolución de los menores afectados con gran impunidad. Algo que Herasymchuck denuncia que está relacionado con el hecho de que "son testigos directos de los crímenes que comete a diario el Gobierno ruso". La comisionada asegura que Kiev está al tanto de que al menos a 46.000 niños ucranianos les ha sido asignada la nacionalidad rusa.
Matkovskyi: "Trataron de amenazarnos con las armas"
Ivan Matkovskyi vivía y estudiaba en Mariúpol junto a su hermano mayor, cuando el 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión a gran escala. La ciudad costera permaneció asediada durante meses, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia. "El primer día, cuando los rusos ya estaban en la ciudad, escuchaba cada 30 minutos explosiones de misiles y bombas, y con el tiempo, esas explosiones se fueron acercando más", explica a este rotativo el joven que en ese momento tenía 16 años. Durante este tiempo, también tuvo que empezar a racionar la comida y agua, y los cortes de luz pasaron a ser frecuentes, lo que complicaba el contacto con sus padres.
Las difíciles condiciones en la ciudad provocaron que perdiera hasta 10 kilos, no obstante, el punto de inflexión se produjo el 16 de marzo, cuando las fuerzas rusas decidieron atacar el Teatro de Mariupol, donde se refugiaban cientos de civiles. Investigaciones impulsadas por organismos como Amnistía Internacional han concluido que fue un claro crimen de guerra al tener un objetivo civil, en el que como consecuencia fallecieron cientos de personas. Ivan insiste en que en la entrada del mismo estaba escrita la palabra "niños" en grande, de forma que pudiera ser vista desde el cielo, y así disuadiera a las tropas enemigas de actuar.
En su intento de huir hacia la parte ucraniana, el joven se encontró con un punto de control militar ruso, donde tras inspeccionar su equipaje y quitarle la ropa para comprobar si llevaba tatuajes, optaron por separarle de su hermano biológico, alegando que no se encontraba acompañado de sus padres. "Trataron de amenazarnos con las armas y nos dijeron que si no hacíamos lo que nos decían, me iban a disparar a las piernas", asegura. El hermano mayor de Ivan pudo salir de Mariupol, mientras él fue enviado a un hospital en Donetsk, -también bajo control de separatistas prorrusos- donde llegaban continuamente menores de un rango de edad que iba de entre 9 y 16 años. "No tenía ninguna enfermedad, no entendía por qué me llevaron a un hospital", continúa explicando a LA RAZÓN.
En el centro, nadie le preguntó si tenía familia ni trató de comprobar si alguien le estaba buscando. Ivan fue afortunado: logró contactar con sus allegados gracias al móvil que había conseguido esconder y, finalmente, pudo salir cuando un tutor fue a recogerle. Otros menores, asegura, no corrieron la misma suerte. Según su relato, era habitual que los niños fueran enviados a campamentos -varios de ellos en la región de Moscú- con la promesa de pasar allí dos semanas. Después se les perdía el rastro. A él también intentaron convencerle de quedarse. El personal del centro llegó a ofrecerle una nueva vida en Rusia; un pasaporte ruso, una nueva familia, y la posibilidad de estudiar lo que quisiera. Ivan se negó.
Rusia gestiona una red de al menos 200 campos
El Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale, reveló que Rusia gestiona una red de al menos 200 campos con el fin de reeducar, rusificar y militarizar a niños ucranianos, que se encuentran tanto en territorio ruso como en la Ucrania ocupada. El mismo estudio concluye que al menos 39 de estas instalaciones desarrollan programas de militarización en los que participan niños de 8 años que se ven sometidos a entrenamiento con armas, entre otros aspectos. Más recientemente, Yale desveló que empresas estatales rusas como Gazprom, una de las principales productoras de gas, y Rosneft, la principal compañía petrolera del país, juegan un papel clave en la financiación de esta red de centros.
Constituyen dos piezas más en un sistema en el que, como apunta Daria Herasymchuck, participan miles de personas. La justicia internacional ha puesto en el punto de mira a sus máximos exponentes. En 2023 la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin y la comisionada rusa para los derechos de los niños, Maria Alekseyena Lvova-Belova, al considerarlos responsables de crímenes de guerra por la deportación ilegal de menores. El Kremlin, por su parte, ha justificado estos desplazamientos como evacuaciones humanitarias para protegerlos de los combates, o bajo el argumento de que se trata de niños sin familiares a cargo. Sin embargo, los testimonios de los cerca de 2.100 menores que Ucrania afirma haber recuperado apuntan en otra dirección: muchos sostienen que tenían una familia y que, mientras estuvieron retenidos, se les impidió o dificultó cualquier contacto con ella.
Sarancha: "Nos transmitían que la culpa de nuestra situación era de Ucrania"
"Si tuviera que comparar la vida bajo ocupación con algo, podría decir que es un estado emocional muy inestable, cuando tu vida está permanentemente al límite de la vida y la muerte, sin ningún tipo de certeza sobre el futuro", reconoce Ivan Sarancha. Su historia es algo diferente. Él ha nacido y crecido en Lugansk, región ubicada en el Donbás y ocupada desde hace años por las autoridades rusas. De pequeño fue testigo de cómo un proyectil impactó contra su hogar, dejándole a él y a su familia en situación de vulnerabilidad.
"Mis propios padres, los niños con los que me relacionaba y todos los medios públicos de Lugansk nos transmitían que la culpa de nuestra situación era de Ucrania, había mucha propaganda al respecto en las calles y toda estaba dirigida a convencernos de que Ucrania es la mala, nos convertían en rusos", rememora el joven. Su percepción empezó a cambiar gracias a otros jóvenes ucranianos que conoció por internet. Al principio, admite, pensó que sería difícil relacionarse con ellos porque durante años le habían enseñado a verlos como "enemigos". Sin embargo, pronto descubrió que no eran tan distintos. Fueron ellos quienes comenzaron a enviarle información y vídeos sobre los crímenes cometidos por Rusia tras la invasión a gran escala. "Empezaron a describirme una situación a la que yo estaba acostumbrado y empaticé mucho con ellos, estaba preocupado", recuerda.
Aquellas conversaciones no hicieron más que reforzar el rechazo que Ivan ya sentía ante la posibilidad de incorporarse al Ejército ruso. "En Rusia existe el servicio militar obligatorio y, si no lo hiciera por edad, me obligarían a firmar un contrato con las fuerzas rusas por presión social o dinero", afirma. El joven originario de Lugansk tenía claro que no quería "matar a ucranianos ni morir" él mismo. Fue entonces cuando tomó la decisión de huir a territorio no ocupado. Sarancha narra cómo emprendió el viaje en solitario hacia Ucrania a través de Bielorrusia, dejando a su familia prorrusa atrás. Los jóvenes que había conocido por internet se ofrecieron a acogerlo y, si bien reconoce haber experimentado miedo en un primer momento ante la idea de cruzar la frontera, este ha desaparecido por completo. Lleva más de un año viviendo en Ucrania. "No me he arrepentido ni una sola vez, lo hubiera hecho exactamente igual", concluye.
Mientras tanto, Ucrania insiste en que seguirá buscando a cada menor desaparecido, deportado o retenido en Rusia y en los territorios ocupados. Lo hace a través de iniciativas como Bring Kids Back UA, impulsada por el presidente Volodimir Zelenski, o la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, que reúne a 47 países y organizaciones y sirve como plataforma para coordinar los esfuerzos diplomáticos, humanitarios y jurídicos en este sentido, con el fin de abrir vías de retorno allí donde Moscú sigue sin ofrecer información transparente ni cooperación real. La tarea, advierten desde Kiev, es lenta y compleja. Muchos niños han sido dispersados por distintas regiones rusas, otros han recibido nueva documentación, y algunos han sido ingresados en familias o instituciones, lo que dificulta aún más su localización. Aun así, cada regreso cuenta.