Gonzalo Bernardos, economista, sobre la Ley de Dependencia: "Para obtener las ayudas, la espera media es de 341 días"
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, conformado por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, atraviesa uno de los momentos de mayor actividad desde su creación. Según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, el número de personas que reciben alguna prestación o servicio vinculado a la dependencia ya alcanzan los 1.655.446 beneficiarios. Este incremento supone un incremento interanual del 9,8% y 148.284 personas más que un año antes. Asimismo, el crecimiento de perceptores refleja el impacto del envejecimiento de la población española y el aumento de las necesidades de cuidados de larga duración.
El modelo de atención también está experimentando una transformación progresiva. Más de la mitad de las prestaciones concedidas ya se ofrecen en entornos comunitarios o directamente en el hogar de la persona dependiente, en línea con la estrategia del Gobierno de reforzar los cuidados de proximidad y reducir la institucionalización. Entre las ayudas más frecuentes destacan las prestaciones económicas para cuidados familiares, la teleasistencia y la ayuda a domicilio, servicios que han experimentado un importante crecimiento durante el último año y que buscan favorecer una mayor autonomía personal y permanencia en el entorno habitual.
A pesar de estos datos positivos y del incremento de la financiación pública destinada al sistema, muchos expertos y asociaciones del sector siguen alertando sobre uno de los principales problemas de la dependencia en España, la duración de los trámites administrativos. Aunque los tiempos medios de resolución han mejorado en comparación con años anteriores, todavía existen comunidades autónomas donde el acceso efectivo a las ayudas puede demorarse durante más de un año. Esta lentitud administrativa continúa generando situaciones de especial vulnerabilidad entre personas dependientes y sus familias, especialmente en los casos de mayor gravedad.
El problema de las ayudas de la Ley de Dependencia
Gonzalo Bernardos, economista y profesor titular de Economía de la Universidad Barcelona conocido por sus intervenciones en medios televisivos y su popularidad en redes sociales, expone en una de sus últimas publicaciones en su cuenta oficiail de X la importancia de esta ley. "En el Estado del Bienestar, la Ley de Dependencia tiene un papel fundamental", comienza explicando el profesional. Es por eso que esta normativa juega un papel fundamental, sobre todo para los más vulnerables. "Va dirigida a personas que necesitan ayuda para realizar por si mismas tareas como asearse, comer o desplazarse. Son personas mayores, con discapacidad o enfermedades crónicas", comenta.
De esta suerte, las ayudas económicas generan un apoyo crucial para la rutina de los afectados. "A pesar de que están garantizadas por la Ley de Dependencia, las prestaciones económicas y de servicios previstas en ella no son fáciles de obtener, aunque los beneficiados cumplan con todos los requisitos. Una vez más, la burocracia convierte un derecho en una pesada carga", critica. En adición a lo mencionado por Bernardos, los trámites se alargan más de lo debido en situaciones donde la rapidez es necesaria. "Para obtener las ayudas, la espera media está en 341 días. Una eternidad para quien necesita ayudas y cuidados. A veces, las prestaciones obtenidas son decepcionantes, pues no hay suficiente presupuesto", informa.
La falta de financiación en comparación con la media europea
EL economista, por tanto, entra a analizar los números de financiación de España y los compara con la media de la Unión Europea. "España solo invierte el 0,7% del PIB, mientras la UE lo hace el 1,7% Ante estas dificultades, están surgiendo apoyos fuera del sistema público que ayudan a las personas mayores a orientarse en el proceso y no quedarse atrás en la tramitación", destaca. Finalmente, el experto da la clave de lo que supone este derecho. "En la práctica, ese apoyo se traduce en algo clave: tener a alguien que guíe cada paso, resuelva dudas y adapte la información a la normativa de cada comunidad autónoma", concluye.