Nuevo cruce de comunicados entre las partes implicadas en la restauración fallida a la Macarena acometida por el equipo del profesor Arquillo en junio de 2025. Los cuatro miembros de la anterior junta de gobierno de la Macarena acusados por Francisco y David Arquillo de vulnerar su honor e imagen han decidido alzar la voz y aclarar varios aspectos tras las recientes declaraciones públicas realizadas por padre e hijo sobre el procedimiento de conciliación notarial y la futura presentación de una demanda impulsada por ambos. En ese sentido, José Antonio Fernández Cabrero, Enrique Espinosa de los Monteros, Miguel Ángel Fernández y José Luis Notario han emitido un comunicado en el que niegan «categóricamente» las acusaciones vertidas por los Arquillo, que se sustentan en «premisas que no se corresponden con la realidad documentada». Aseguran además que dicha realidad se encuentra íntegramente en los archivos de la hermandad y «habla por sí misma». Los cuatro miembros de la junta que terminó mandato tras las elecciones del pasado 30 de noviembre con los que pleitea Arquillo señalan que las decisiones adoptadas durante el mismo lo fueron siempre en el ejercicio de sus funciones institucionales y en defensa de los intereses de la corporación de la Madrugada, de sus hermanos y devotos, «en ningún caso a título personal». Cabrero, Espinosa de los Monteros, Fernández y Notario fueron citados ante notario hace unas semanas para el procedimiento de conciliación del que ya informó ABC. El encuentro se cerró sin acuerdo entre las distintas partes. Los antiguos oficiales de junta subrayan que el escrito de conciliación en cuestión se sustenta en «una versión parcial e interesada de los hechos», sin documentar ni individualizar la participación o responsabilidad concreta de cada uno de los requeridos. Esto, junto a «muchos otros argumentos», fue el motivo de que fracasase esta vía extrajudicial de resolución del conflicto. También quieren aclarar Cabrero y los tres miembros restantes de su equipo que, al contrario de lo que se ha asegurado desde el entorno de los Arquillo, toda la documentación relativa a las actuaciones que se han llevado a cabo sobre la Virgen de la Esperanza figura al completo en los archivos de la hermandad tanto física como digitalmente, y ha sido gestionada en todo momento «conforme a nuestras obligaciones institucionales y canónicas, a través de los cauces que correspondían». Es decir, todos los informes y memorias realizados acerca de la controvertida intervención del equipo de Arquillo se encuentran depositados en la hermandad aun tras su marcha y disponibles para su consulta. Tal y como ya avanzó este periódico en su momento, la junta de Cabrero promovió entre los meses de septiembre y noviembre de 2025 distintos intentos de mediación canalizados a través de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS) para resolver la controversia y que Arquillo reconociera el daño expreso a la imagen sin tener que comenzar acciones civiles, algo a lo que no deseaban llegar. Sin embargo, como vuelven a indicar en su comunicado, padre e hijo rechazaron «todos y cada uno de ellos», por lo que no llegaron a ninguna parte. Desde que se encuentran fuera de la junta de gobierno de la Macarena, los cuatro acusados por Arquillo afirman no haber tenido más noticias de la familia Arquillo ni de sus representantes una vez acabado sin avenencia el acto de conciliación notarial. «No se ha recibido comunicación alguna para intentar un nuevo acercamiento, ni tampoco se ha notificado la interposición de demanda judicial» que planean presentar en un plazo máximo de dos meses, como aseguran los Arquillo. Lamentan que, «mientras los señores Arquillo han optado por identificarnos públicamente y por atribuirnos infundadas conductas graves a través de una campaña mediática, nosotros hemos mantenido hasta la fecha una actitud de absoluta discreción institucional, como muestra de absoluto respeto a todas las partes implicadas». Que ahora decidan manifestarse públicamente «en defensa de nuestros derechos» responde a las recientes declaraciones de los Arquillo. Igualmente, Cabrero y sus oficiales se muestran entristecidos por la afección directa o indirecta que el conflicto abierto pueda tener sobre la propia hermandad de la Macarena: «Hemos de dejar constancia de que actuamos en todo momento con la máxima diligencia y responsabilidad que nuestros cargos exigían, adoptando cuantas decisiones fueron necesarias para proteger y velar por el patrimonio de la hermandad y el interés de todos los hermanos, incluso aquellas que, por su naturaleza y trascendencia, requerían la intervención de las autoridades eclesiásticas competentes». Concluyen asegurando con firmeza que «no permitiremos ataques infundados y defenderemos nuestros derechos y la rectitud de nuestras actuaciones en todas las instancias que sean necesarias». Y lo hacen tanto por su buen nombre como también «por todos aquellos macarenos que se hayan podido sentir dolidos» como consecuencia de esta compleja situación y, «por encima de todo, en defensa de la hermandad». Todo parece indicar que el asunto se encuentra en un momento delicado , quizá el de mayor tirantez entre los responsables de aquella intervención para olvidar sobre la Macarena y la junta de gobierno que suscribió sus trabajos. Si los hechos
