EE UU amplía en 41 millones la autorización de embargos a España por los impagos renovables
Los problemas de España por el recorte de las primas a las renovables siguen aumentando. El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha despejado el camino para nuevas actuaciones de ejecución e incautación de activos contra España en el denominado Caso InfraRed, uno de los arbitrajes internacionales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.
La resolución, firmada el 12 de mayo de 2026 por un juez federal, permite iniciar procedimientos de ejecución forzosa y registrar la sentencia en otros distritos federales estadounidenses para tratar de localizar activos españoles susceptibles de embargo. El caso corresponde al arbitraje impulsado por InfraRed Environmental Infrastructure. El tribunal arbitral del CIADI concluyó que España vulneró sus obligaciones bajo el Tratado de la Carta de la Energía y concedió inicialmente una indemnización de 28,2 millones de euros.
Sin embargo, la prolongación del litigio, los intereses acumulados y las costas judiciales han elevado ya la cuantía reconocida por la justicia estadounidense hasta aproximadamente 41 millones de euros, equivalentes a 47,6 millones de dólares. En su decisión, el juez rechaza la petición de España de suspender las medidas de ejecución y considera que mantener paralizado el cobro “pondría en peligro” las posibilidades de recuperación de los acreedores, especialmente teniendo en cuenta que existen numerosos laudos pendientes contra el Estado español y un número limitado de activos potencialmente embargables en Estados Unidos. La corte también permite registrar la sentencia en otros tribunales federales fuera de Washington DC, al considerar acreditado que España podría tener activos en distintas jurisdicciones estadounidenses.
Asimismo, el tribunal confirma que podrán continuar las labores de descubrimiento de activos y obtención de información financiera sobre propiedades españolas en Estados Unidos. Entre las actuaciones ya iniciadas figuran requerimientos dirigidos a bancos, despachos de abogados y empresas relacionadas con la selección española de fútbol y el Mundial de 2026.
El juez recuerda además que España no ha dado pasos efectivos para pagar el laudo y señala que, aunque el Gobierno argumenta que la normativa comunitaria dificulta dichos pagos, no ha acreditado haber solicitado formalmente autorización a la Comisión Europea ni haber activado otros mecanismos para tratar de cumplir con la sentencia.
La resolución supone un nuevo revés judicial para el Gobierno español en la creciente ofensiva internacional emprendida por los acreedores de los laudos de las renovables. Hasta la fecha, España acumula decenas de condenas arbitrales derivadas de los recortes retroactivos aplicados a las inversiones en energías limpias realizadas durante la década de los 2000.
La deuda de España con las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables ya supera los 2.310 millones de euros. No hay ningún otro país
que acumule una cifra tan elevada de incumplimientos de decisiones vinculantes de arbitraje internacional, de modo que nos situamos por encima de Venezuela o Rusia. De la deuda total de 2.310 millones, alrededor de 547 millones se corresponden con los sobrecostes judiciales, financieros y operativos que se derivan de los incumplimientos. Esta factura no dejará de crecer mientras no se resuelva la controversia. El número de laudos pendientes de pago asciende a 27. Persisten además distintos arbitrajes, entre los que destaca el caso de las entidades financieras alemanas (Landesbank) que reclaman 482 millones a España.