Un territorio moral imposible
A Susana Díaz la pasearon el miércoles por el Tardón, en Triana, mientras Pedro Sánchez y María Jesús Montero coincidían en un mitin de Granada reclamando el voto andaluz para «proteger» su Ejecutivo hasta más allá de 2027. El verbo es revelador: proteger pertenece al vocabulario de la vulnerabilidad personal, y aplicado por un presidente a su propio Gobierno introduce un parentesco semántico con los regímenes que se reservan el derecho a la autoconservación. Susana habló de unidad sin nombrar a quien la liquidó en las primarias de 2017. Sánchez habló de aliados institucionales sin nombrar el agujero que lo obliga ahora a buscarlos por las plazas de Sevilla.
La operación de exhumación tiene su pequeña melancolía: el sanchismo ha tenido que llamar otra vez a la puerta de la mujer a la que expulsó del poder andaluz –aquel pucherazo del Comité Federal cuyas costuras Page acaba de reabrir, con generoso sentido del calendario, en campaña– porque sin ella no se llena ni una plaza en la antigua capital socialista del sur. La Andalucía del PSOE ya no existe como tal, y el partido que aspira a gobernarla pide un favor político a su propio cadáver insepulto.
El cambio que mañana se cierra –al tiempo que se abre uno nuevo– en las urnas tiene muchas explicaciones técnicas y una explicación de fondo: el electorado andaluz ha procesado, antes que sus dirigentes, una inversión moral que se observa con menos disimulo en Andalucía que en ningún otro mapa peninsular. Durante 40 años, Andalucía fue para el imaginario nacional el bastión natural del socialismo, el granero seguro al que se acudía en los inviernos electorales para reabastecer las despensas; cuando Moreno sacó a Susana de San Telmo en 2018 se habló de excepción, y cuando arrasó con mayoría absoluta en 2022, de paréntesis prolongado. Si los pronósticos se cumplen y Montero perfora el suelo histórico de los treinta escaños, esa categoría queda derogada por silencio administrativo, junto con la idea complaciente de que Andalucía era una rareza histórica destinada tarde o temprano a volver al redil.
Parte de los votantes que el domingo respaldarán a Moreno son los mismos que en julio de 2023 dieron a Sánchez medio millón de votos por encima del resultado autonómico de 2022; la transferencia tiene parte de su explicación que se ha expresado, tristemente, estos días.
El ocho de mayo, dos guardias civiles del Servicio Marítimo –Jerónimo y Germán– murieron en aguas de Huelva embestidos por una narcolancha en una operación de persecución. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y candidata a la Junta, los despachó tres días después en un debate de Canal Sur como «accidente laboral», expresión administrativa propia de una caída de andamio que aplicada a hombres muertos defendiendo la frontera frente al narcotráfico funciona como diagnóstico moral del proyecto entero.
Ningún ministro acudió al funeral. Marlaska fue abucheado en Baeza por los propios agentes a quienes la coalición gubernamental les ha negado setenta y una veces consecutivas en el Congreso de los Diputados el reconocimiento de la profesión de riesgo, vetado sistemáticamente por unos socios parlamentarios –Bildu y ERC– a quienes la dignificación del Instituto Armado más antiguo del país les resulta políticamente indigerible. La frase de Montero, lejos de un desliz de campaña, es una expresión que muestra sin disimulo el territorio moral en el que hoy se mueve el sanchismo, y en el que cada vez está más solo de apoyos.
La consecuencia para España no ha sido digerida en Moncloa, donde la cuestión esencial sigue siendo cómo retrasar la rendición de cuentas un día más, una semana más, un mes más. Si Moreno revalida con holgura, el centroderecha dejará de ser fenómeno regional exótico para convertirse en patrón reproducible a escala estatal. Galicia, Madrid, Castilla y León, Aragón, Extremadura y ahora Andalucía configuran la base territorial real del país, mientras Ferraz se sostiene en una aritmética parlamentaria de juzgado de guardia, dependiente de socios cuya factura crece con cada derrota.
La condonación de la deuda autonómica que el Ejecutivo retomará la semana próxima –aparcada en diciembre por falta de apoyos, ahora reflotada por urgencia de Illa para apaciguar a ERC– es la primera entrega visible de esa servidumbre, y vendrán más facturas con la puntualidad acreditada del régimen. Esa cadena de cesiones es lo que los pueblos antiguos llaman, sin necesidad de ideología, vivir prestados: cuando el techo no aguanta el invierno propio, se acaba pidiendo prestado el tejado del vecino, aunque el vecino sea quien quemó los bosques.
Andalucía vota mañana un Parlamento autonómico y, de paso, el cierre simbólico del ciclo sanchista en su antigua casa madre. La urna del sur tiende a no quedarse en el sur. El lunes Sevilla amanecerá tranquila, con su luz blanca de mayo y su tráfico de siempre, mientras en algún despacho de Moncloa alguien –puede que el mismo que pensó buena idea no acudir al funeral de los guardias civiles fallecidos– empieza a calcular cuántos diputados acaba de perder para 2027 y cuántos meses le quedan al inquilino para encontrar la fórmula que aplace lo inaplazable.