Los buques de la Guardia Civil están «al límite de su capacidad operativa»
Las embarcaciones y aeronaves de la Guardia Civil y de la Policía Nacional están operando «al límite de su capacidad operativa», según un informe del Tribunal de Cuentas de finales del año pasado. El órgano fiscalizador apunta a que la renovación de aeronaves y embarcaciones destinadas al servicio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado depende de recursos extraordinarios y, con frecuencia externos, ya que la dotación ordinaria de los créditos de inversiones no permite financiar estas inversiones, que se corresponden con las más costosas de los elementos de transporte.
Además, el documento señala que una proporción del tiempo de servicio de las patrulleras se destina a misiones del agente financiador realizadas en áreas ajenas a las aguas territoriales o de interés directo de España. A este respecto, la antigüedad y el consiguiente estado de las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil está limitando su capacidad operativa. Esta realidad se está viendo con especial intensidad en el sur de España, donde los agentes combaten a las mafias del narcotráfico. Hace una semana, dos guardias civiles perdieron la vida al perseguir a una de estas embarcaciones ilegales en Huelva, cerca de la desembocadura del Río Guadalquivir.
Para mejorar las condiciones de trabajo de los agentes en la vía atlántica de la droga, el Tribunal de Cuentas sugiere diseñar un plan de renovación de la flota de embarcaciones y aeronaves asignadas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para mantener las flotas operativas sin superar su vida útil, preferentemente dotada de financiación con cargo a los créditos consignados en la Sección del Ministerio del Interior de los Presupuestos Generales del Estado.
Hace un año, en marzo de 2025, la Guardia Civil tenía 141 embarcaciones: tres buques oceánicos, 19 buques de altura, 47 patrulleras medias, cuatro patrulleras ligeras y otras 68 naves. Además, los grupos de submarinistas disponían de 117 lanchas semirrígidas y cuatro motos de agua. De todas ellas, el 47% estaban «caducadas», operando fuera del periodo de su vida útil, lo que limita «la operatividad del servicio» que prestan loa gentes, «derivado de la antigüedad, que conduce a operar modelos con diseños desfasados, a problemas mecánicos de las naves y a un incremento de los costes de mantenimiento».
En una categoría de embarcaciones, «imprescindible para el desarrollo de la vigilancia» señala el documento, el 83% de las naves en servicio del Instituto Armado han superado su periodo de vida útil, circunstancia que ha determinado un porcentaje de inoperatividad muy elevado (que supera el 40% en 2024 en el 50% las unidades de esa categoría). Además, determinadas demarcaciones sufren en mayor medida estas dificultades, ya que, en dos de ellas, los tiempos de inoperatividad del conjunto de sus embarcaciones han llegado a alcanzar el 30 % en 2024. Esta realidad evidencia la necesidad de mantener un esfuerzo inversor que permita disponer de una flota de embarcaciones en las condiciones de operatividad necesarias.
Millones en mantenimiento
El informe puso, además, números a esa «decadencia»: 15,6 millones de euros anuales sólo en mantenimiento y otros 9,6 millones en combustible para barcos antiguos, menos eficientes y mucho más caros de sostener. El Tribunal describe así a una Guardia Civil obligada a actuar con «limitaciones en la operatividad del servicio» y evidencia la «necesidad» de realizar un esfuerzo inversor que permita disponer de una flota «en las condiciones de operatividad necesarias».
También explicó que Interior diseñó un plan para renovar la flota en siete años, con una inversión cercana a 150 millones y la retirada de 29 embarcaciones obsoletas. Pero el propio Tribunal dudó de su viabilidad: las inversiones ordinarias apenas alcanzaron los 15 millones en 2023 y dependieron de buscar financiación externa.
En este sentido, el diagnóstico del Tribunal es demoledor: existe una «infradotación estructural» de las inversiones del Ministerio del Interior que compromete la modernización de los cuerpos policiales. Según dijo, hoy la cartera que dirige Marlaska destina menos recursos a la renovación de los equipos de la Guardia Civil que hace 17 años.
Sobre las aeronaves de la Benemérita, a principios de 2025, la dirección general operaba 36 helicópteros y tres aviones. Entre 2021 y 2025 se ha reducido el número de helicópteros en servicio en 7 unidades, pasando de 43 a 36, un 16%, a pesar de la entrega de 7 unidades de modelo H-135 entre 2022 y 2025, en el marco de la adquisición conjunta citada del Ministerio de Defensa y la secretaría de Estado de Seguridad, y, a mayor abundamiento hasta 2026 el Servicio prevé dar de baja diez unidades de modelos fabricados antes de 1995 que seguían en servicio. La antigüedad promedio de las unidades sigue siendo elevada, oscilando entre 20 años en 2023 y los 16 años con las últimas adquisiciones. En este sentido, se han estado operando entre 2021 y 2023 unidades con más de 40 años en servicio, pese a que el criterio técnico es de una vida útil estimada de 25 años.
Sobre los drones, clave para vigilar el Estrecho de Gibraltar, el Tribunal de Cuentas señala que pese a la creciente relevancia de estos medios aéreos desde el punto de vista del número de aeronaves de que dispone la Guardia Civil y el número de misiones en las que se utilizan, «no se ha identificado una planificación formalizada del plan de inversión».