El Reino Unido se rompe
Hay momentos en la historia de las democracias en que la crisis deja de ser un accidente y cuando se convierten en enfermedad crónica es el síntoma de una preocupante degradación del sistema. Lo que se desploma no es un gobierno, es todo un modelo político. El Reino Unido está atravesando uno de esos momentos, y lo que se observa no es simplemente la agonía de un primer ministro. Es la fractura sistémica de un país que lleva demasiado tiempo viviendo por encima de sus posibilidades políticas, económicas, financieras y estratégicas.
Keir Starmer llegó a Downing Street en julio de 2024 con una de las mayorías parlamentarias más amplias de la historia laborista –172 escaños de ventaja– y con el capital político de haber puesto fin a catorce años de caóticos y desnortados gobiernos conservadores. Dos años después, ese capital se ha evaporado por completo.
El hombre que prometía restaurar la seriedad institucional se ha convertido, según el propio Luke Tryl, de la encuestadora More in Common, en «un recipiente de la frustración ciudadana con el sistema». Pocas condenas políticas son más devastadoras: no se le reprocha lo que ha hecho, sino lo que encarna. Las elecciones locales del 7 de mayo han sido el detonante. Labour ha perdido el control de 35 consejos municipales y cerca de 1.500 concejales, el 60% de los escaños que defendía. La proyección de voto nacional de la BBC le sitúa en el 17%, empatado en tercer lugar con los mismísimos Conservadores, a los que aplastó hace apenas dos años. En los bastiones obreros del norte de Inglaterra, donde nació el movimiento sindical que fundó el Partido Laborista, los concejales de Reform UK han tomado el relevo. Tameside: 47 años ininterrumpidos de Gobierno laborista perdidos en una noche. La imagen es tan poderosa como cruel.
¿Cómo ha llegado el partido de los otrora poderosos sindicatos británicos, los Trade Unions, a perder a la clase trabajadora en favor de la derecha populista de Nigel Farage? La respuesta es que no ha ocurrido en dos años, sino en dos décadas. El New Labour de Blair ganó el poder desprendiéndose del lastre ideológico de la vieja izquierda, pero al hacerlo cortó también los lazos orgánicos con las comunidades obreras que habían sido su razón de ser. Corbyn intentó reanudar ese vínculo desde la izquierda radical y fracasó estrepitosamente, la sociedad británica ya no está en la lucha de clases. Las izquierdas han perdido no pocas de sus banderas tradicionales, pues una parte no desdeñable de las reivindicaciones del estado del bienestar han sido incorporadas a nuestras democracias y el centroderecha las gestiona mejor. Abrazar las causas más disparatadas, separatismos, wokismo, censura por cancelación y muchos otros disparates más, han dejado huérfanos ideológicamente a los socialdemócratas que no han sabido evolucionar. El ejemplo más exitoso es el de la primera ministra danesa, Mette Fredriksen, líder valiente y con las ideas claras. En sus antípodas está el actual PSOE.
Starmer intentó volver al centrismo blairista sin el carisma, los equipos, ni la visión de Blair. El sonoro fracaso ha quedado subrayado por la más absoluta incompetencia del primer ministro y de su gobierno. El resultado es que millones de británicos –de Yorkshire, de Sunderland, de las Midlands– sienten que ningún partido del establishment les representa. Y han encontrado en el estrafalario Nigel Farage a alguien que, al menos, les habla en en la misma longitud de onda.
A esta erosión estructural se añade el escándalo que ha actuado como acelerador de la catástrofe: el affaire Mandelson-Epstein. En diciembre de 2024, Starmer designó a Peter Mandelson –figura histórica del New Labour, pero también hombre con vínculos documentados con el pedófilo y traficante sexual Jeffrey Epstein– como embajador en Washington. Era un nombramiento políticamente incomprensible. El Servicio de Verificación de Seguridad había desaconsejado formalmente conceder a Mandelson la habilitación necesaria para tan sensible cargo. Downing Street presionó para que el proceso siguiese adelante; así lo declaró el alto funcionario Olly Robbins ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, antes de ser despedido como chivo expiatorio. Starmer afirma no haber sido informado del veto hasta el 14 de abril de este año. Si eso es cierto, acredita una ineptitud política y de gestión difícilmente compatible con el cargo. Si no lo es, el problema es aún mayor. En política, la incompetencia y la mentira por separado producen un efecto terminal sobre la credibilidad, y combinando impericia e ineptitud con la mentira es simplemente letal. Por lo menos en algunas democracias. Ya quisiéramos que fuese ese el caso en España también, donde a lo anterior se une una tóxica radicalidad ideológica.
La rebelión interna que ha seguido a las elecciones locales es el espejo más fiel del desastre. A 12 de mayo, 92 diputados laboristas habían exigido públicamente que Starmer fijase una fecha de salida. Cuatro ministros (rango ejecutivo inferior en el Gobierno británico) habían abandonado el gobierno, entre ellos Jess Phillips, ministra de Protección a la Infancia, una dimisión de carga simbólica evidente. La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, se convirtió en la voz ministerial más prominente en pedir su dimisión. En el lado contrario, 103 diputados de 403 firmaron un comunicado de defensa.
El laborismo está exactamente donde ningún partido de gobierno debería estar: dividido en público, en permanente crisis de pánico en privado, incapaz de actuar colectivamente en ninguna dirección y con una parálisis de gobierno que está empezando dejar heridas muy difíciles de sanar en la economía británica.
Los mercados han emitido ya su veredicto. El Gilt británico (los bonos soberanos cotizados en la bolsa de Londres) a 30 años tocó el 5,81% por ciento el pasado martes, el máximo desde 1998. La libra cedió frente al dólar. Los grandes bancos cotizados en Londres cayeron más de un 3%. La inestabilidad política tiene un coste directo y tangible. Lo pagan las familias que renuevan su hipoteca, las empresas que piden crédito, el Estado que financia sus servicios. No es retórica: es matemática financiera, cruel, fría, implacable.
El problema de la sucesión hace aún más difícil la salida del laberinto. El político más popular de Gran Bretaña es Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester. Su «Manchesterism» –pragmatismo económico con vocación redistributiva– conecta tanto con el electorado urbano progresista como con la clase trabajadora del norte. Pero Burnham no es diputado. Él mismo ha confirmado que se va a presentar por el distrito de Makerfield en la elección parcial (byelection) prevista para el 18 de junio. Esta vez Starmer no podrá bloquear a Burnham. Los demás candidatos carecen de la autoridad moral, carisma e influencia necesarias para reunificar una coalición electoral social rota por todos sus costados. Wes Streeting, secretario de Sanidad, que proviene del sector más centrista del laborismo, no convence a la izquierda. Angela Rayner, ex vice primera ministra, sigue señalada por su propio escándalo fiscal, aunque haya sido exonerada. En ese vacío prospera Farage.
Reform UK registra entre el 25 y el 30% de intención de voto, el doble de lo obtenido en las generales de 2024. Los modelos electorales proyectan que, con ese porcentaje, aplicado al sistema de circunscripciones uninominales, Reform UK obtendría una mayoría absoluta en Westminster. Es un dato que debería provocar una reflexión profunda en todos los que creemos en la democracia liberal y en el atlantismo: no porque Farage sea necesariamente el monstruo que algunos pintan, sino porque su ascenso es el termómetro de una fiebre que ningún remedio político convencional está curando.
Al mismo tiempo, y desde la izquierda, el Partido Verde de Zack Polanski ha superado los 180.000 militantes, más que los propios Conservadores, y en los sondeos se mantiene en torno al 15%. Labour y los Tories comparten el mismo 17% proyectado. La arquitectura bipartidista que vertebró la democracia británica durante un siglo está en proceso de quiebra.
Quienes hemos seguido la política británica durante décadas, conocemos la capacidad de recuperación de sus instituciones. Pero lo que está ocurriendo ahora es cualitativamente distinto, es mucho más grave, profundo y preocupante. No es un escándalo aislado. No es una recesión puntual. No es un mal resultado electoral que se corrige en la siguiente convocatoria. Es la convergencia simultánea de varias crisis de gran calado de representación, económica de baja intensidad, pero larga duración y creciente impacto, y una recomposición del mapa de partidos que lleva años gestándose y que las urnas de mayo han acelerado intensamente.
El drama presente no va a resolverse con la salida de Starmer. Su marcha, ordenada o caótica, es ya una cuestión de tiempo. No se resolverá con ella es la crisis de fondo del Reino Unido: un país que lleva años debatiendo sobre su identidad en lugar de resolver sus problemas reales, que exportó al mundo la mejor tradición del parlamentarismo liberal y que ahora lucha por conservar un sistema que permita un gobierno racional, serio y competente.
El Reino Unido necesita con urgencia un liderazgo capaz de hablar a la vez a la City y a Tameside, a los graduados de Oxford y a los trabajadores de los astilleros de Clyde. Ese liderazgo no está todavía a la vista. Es posible que no sea ni Burnham y seguro que no es Farange. Mientras no aparezca un liderazgo sólido y moderado, competente y sólido, la fractura social y política seguirá ensanchándose.
*Gustavo de Arístegui es diplomático y fue embajador en India, Bután, Maldivas, Nepal y SriLanka (2012-2016) gustvodearistegui.substack.com