Indemnizado con más de 370.000 euros tras ser grabado "levantando patatas y una manguera" estando de baja
Alan Jones había dedicado toda su vida laboral a Pilkington UK Limited, la histórica firma vidriera de St Helens. Entró como aprendiz en 1983, ascendió a jefe de equipo en la planta de Lathom y, con el paso de los años, se convirtió en uno de esos empleados que conocen cada rincón de la fábrica.
Sin embargo, un tratamiento oncológico recibido en los años ochenta le dejó una secuela irreversible: una neuropatía inducida por radiación que atrofió gravemente los músculos de su hombro dominante y que, sumada a una depresión, lo incapacitó para el trabajo, todas las partes aceptaron que era una persona con discapacidad.
Pero en 2019, tal y como recoge el medio Liverpool Echo, cuando llevaba un tiempo de baja, la empresa puso en marcha una operación de vigilancia tras recibir informes de que el operario había sido visto con botas de trabajo realizando alguna actividad física. Las imágenes que captaron mostraban a Jones acompañando a un amigo en una tarea agrícola: levantó brevemente un saco pequeño de patatas y pasó una manguera.
Aquellos pocos segundos de grabación bastaron para que la compañía lo acusara de estar trabajando para un tercero y de realizar una actividad incompatible con su baja médica. Sin solicitar un informe médico actualizado que aclarase si aquellos gestos cotidianos tenían alguna relevancia clínica, Pilkington decidió despedirlo por falta grave en octubre de 2019. El trabajador, que contaba entonces con 59 años, se sintió "violado y vilipendiado". Con el respaldo del sindicato Unite the Union y del bufete Thompsons Solicitors, presentó una demanda por discriminación por discapacidad.
En agosto de 2021, un Tribunal Laboral de primera instancia le dio la razón. El fallo concluyó que la empresa había actuado sobre la base de una creencia equivocada directamente vinculada a la discapacidad del empleado y que despedirlo en esas circunstancias constituía discriminación derivada de la misma. La compañía recurrió ante el Tribunal de Apelación Laboral, pero en abril de 2023 su recurso fue desestimado.
Los jueces confirmaron la decisión original y dejaron un principio jurídico relevante: los empleadores que actúan basándose en suposiciones sobre la condición de un trabajador con discapacidad, sin disponer de evidencia médica actualizada, pueden incurrir en discriminación ilegal.
"Esperaba apoyo, no sospechas"
Tras el rechazo de la apelación, Pilkington ha recibido la orden de abonar a Jones más de 329.000 libras en concepto de indemnización, una cantidad que supera los 370.000 euros al cambio actual.
Según Liverpool Echo, el trabajador ha definido el proceso como "seis años extremadamente estresantes" en los que sintió que su reputación había quedado en entredicho. "Había entregado décadas a la empresa. Cuando ya no pude trabajar, esperaba apoyo, no sospechas, y desde luego no que me despidieran por algo que no era verdad. Sentí que me estaban señalando y empujando fuera", declaró.
Jones, que había sido representante sindical en la propia factoría, admite que tras lo sucedido le cuesta no sentirse "paranoico y receloso de la gente y de sus motivos", y aprovechó el desenlace del caso para reivindicar la afiliación sindical como herramienta indispensable para "defender la justicia y exigir responsabilidades a los empleadores".
La abogada Bernie Wentworth, directora de Derechos Laborales de Thompsons, subrayó que el caso "pone de relieve las consecuencias de hacer suposiciones sobre los trabajadores con discapacidad en lugar de entender adecuadamente su estado y las pruebas médicas".
Por su parte, un portavoz de Pilkington UK se limitó a manifestar que "nos complace que este asunto histórico haya concluido" y que la empresa "sigue comprometida con la creación de un lugar de trabajo donde las personas se sientan valoradas, respetadas y apoyadas".