La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el denominado caso Plus Ultra constituye uno de los acontecimientos más graves de la democracia española. Nunca antes un expresidente del Gobierno había sido investigado judicialmente por corrupción. Esta excepcionalidad obliga a medir el alcance político e institucional de una crisis que golpea directamente al PSOE y erosiona todavía más la debilitada posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la histórica derrota socialista en Andalucía. El respeto a la presunción de inocencia es una obligación esencial del Estado de derecho, pero también lo es el respeto a la independencia judicial. Ambas garantías son inseparables en una democracia madura. Resulta incompatible exigir prudencia frente a las acusaciones y, al mismo tiempo, desacreditar a jueces, fiscales o fuerzas policiales cuando las investigaciones afectan al propio poder político. Sin embargo, esa ha sido la reacción inmediata de sectores del PSOE y sus aliados, refugiados de nuevo en la teoría del 'lawfare' como mecanismo automático de defensa. Ese argumento empieza a mostrar claros signos de agotamiento. Como ya ocurrió en otros casos que afectan a la familia del presidente o al Partido Socialista a través de figuras como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, las denuncias iniciales fueron seguidas por diligencias judiciales, indicios e investigaciones cada vez más amplias. El recurso propagandístico a la persecución judicial puede terminar operando en sentido contrario al buscado: no como cierre del debate público, sino como señal de que las pesquisas podrían alcanzar dimensiones aún mayores. La experiencia reciente obliga, cuando menos, a la cautela política y a la contención verbal. La defensa cerrada que el PSOE ha articulado en torno a Zapatero no responde únicamente a la protección de un expresidente. Tiene también una evidente dimensión preventiva respecto al propio Pedro Sánchez. Porque la figura de Zapatero no pertenece al pasado del socialismo, sino al núcleo operativo e ideológico del actual sanchismo. Su influencia sobre las decisiones estratégicas del Gobierno, su interlocución con socios parlamentarios y su participación en negociaciones decisivas eran conocidas dentro y fuera del partido. La investigación judicial proyecta así una sombra política que no se limita al rescate de Plus Ultra. Cabe preguntarse si determinadas aproximaciones diplomáticas y políticas hacia regímenes como los de Venezuela o China respondieron exclusivamente a afinidades ideológicas o si existieron otros intereses detrás de algunos movimientos. Zapatero ha sido durante años el principal referente político e intelectual del sanchismo, el arquitecto moral de sus alianzas con el independentismo y la izquierda radical, así como una figura central en determinados canales internacionales de interlocución. Resulta inevitable preguntarse si parte de esas relaciones estuvieron contaminadas por intereses ajenos al bien común. También conviene interrogarse sobre la verdadera posición de Zapatero dentro del actual sistema de poder socialista. Más allá de su condición formal de expresidente, su ascendencia política y su presencia constante en decisiones estratégicas abren dudas legítimas sobre su papel efectivo en la jerarquía real del sanchismo. Y si existiera una conexión estructural entre esa influencia política y las decisiones ahora investigadas, el foco terminaría inevitablemente acercándose al propio presidente del Gobierno. Pedro Sánchez afronta, por tanto, una crisis que excede ampliamente el ámbito judicial. Lo que está en juego es la credibilidad institucional de un proyecto político que hizo de la superioridad moral uno de sus principales argumentos de legitimidad en aquella moción de censura de junio de 2018. Cuando un expresidente del Gobierno resulta imputado por corrupción, no basta con cerrar filas ni con denunciar conspiraciones. La democracia exige transparencia, ejemplaridad y respeto pleno a la Justicia. Todo lo demás agrava la desconfianza ciudadana y profundiza la erosión institucional.
