Elevado flujo de dólares en efectivo podría estar vinculado con actividades ilícitas, señala informe contratado por Sugef

Un informe encargado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), advierte de que la “elevada” cantidad de dólares en efectivo que circula en Costa Rica, podría ser indicio de flujos de dinero vinculados con actividades ilícitas.

Según el documento, la abundante circulación de moneda extranjera es parte de las vulnerabilidades del país frente al lavado de dinero del crimen organizado.

El informe lo elaboró el consultor español Jorge Santiago Fernández-Ordás Llamas, gracias a una contratación de la Sugef.

“Ello (cantidad de dinero en efectivo en uso y circulación en moneda extranjera) podría ser sintomático de la existencia de un intenso flujo de dinero externo, cuyo origen es difícil de conocer, y que resultaría susceptible de estar relacionado con actividades ilícitas”, indica el resumen ejecutivo de la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).

El informe, con fecha de noviembre del 2024, fue publicado en el sitio web de la Sugef el mes pasado, en abril del 2026. Pese a que hace referencia a una cantidad “elevada” de dinero, el documento no detalla el monto.

La Nación consultó a la Superintendencia, mediante un correo electrónico enviado el pasado 14 de mayo, qué análisis ha realizado sobre este fenómeno y cuáles son las preocupaciones que genera la situación descrita en el informe. Sin embargo, al cierre de esta edición las consultas seguían en trámite.

‘Entorno propicio para el lavado de dinero’

Sin hacer referencia específica a monedas, la versión pública de otro documento del ente supervisor, el Informe Final Evaluación Sectorial de Riesgos Entidades Supervisadas por Sugef, con corte a agosto del 2025, señala que un “elevado” movimiento y uso de efectivo en distintas transacciones comerciales y financieras, especialmente en sectores informales de la economía, crea un entorno propicio para el lavado de dinero.

“La dificultad para rastrear grandes sumas de dinero en efectivo aumenta el riesgo de que fondos ilícitos sean incorporados al sistema económico sin ser detectados. La falta de trazabilidad del efectivo facilita la ocultación del origen de los fondos y complica los esfuerzos de las autoridades para identificar y prevenir el lavado de dinero”, detalla la Sugef en ese documento.

Según el ente fiscalizador, pese a que en el 2023 Costa Rica se posicionó como uno de los países de América Latina que menos utiliza efectivo, los decomisos de dinero en efectivo experimentaron un aumento significativo en los últimos años.

“En el 2024, las autoridades decomisaron ¢58.000 millones a estructuras criminales, una cifra que supera en 35 veces el monto decomisado en el 2023. Entre enero y octubre de 2023, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) registró decomisos de $3,45 millones y ¢1.206 millones. Para el mismo periodo en 2024, estas cifras aumentaron exponencialmente a $14 millones y ¢50.000 millones, respectivamente”, señala el informe con corte a agosto pasado.

Expertos plantean dudas

Félix Delgado, economista y exgerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), consideró que el tema del dinero ilegal es “muy complicado” porque, aunque hay razonamiento lógico para sustentar su existencia, no hay suficiente evidencia para saber “si son $1.000, $100 millones o $1.000 millones”.

“Las implicaciones económicas son diferentes si la cantidad es mucha o poca”, comentó Delgado.

Para Daniel Ortiz, director de la empresa Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), cuando los montos de efectivo en moneda extranjera son persistentemente elevados y difíciles de explicar únicamente por actividad económica formal, es razonable que el regulador identifique riesgos potenciales asociados con actividades ilícitas.

“También es importante evitar conclusiones automáticas. El hecho de que exista una elevada circulación de dólares en efectivo no implica por sí mismo que esos recursos tengan origen ilícito. Existe alta informalidad y el uso frecuente de efectivo en ciertos sectores”, agregó Ortiz.

Por su parte, José Luis Arce, director de FCS Capital, consideró que la observación del estudio es superficial y que no se contrasta con la realidad local. En su criterio, la proporción de transacciones en efectivo, tanto en moneda local como extranjera, es muy pequeña frente al total de operaciones.

También, recordó que Costa Rica es una “economía bimonetaria” con una cuenta de capitales abierta desde 1990. Esto implica, según dijo, que “una parte importante” del numerario en poder del público total (cantidad de monedas y billetes en manos del público) está en moneda extranjera.

“Las personas usan efectivo en moneda extranjera normalmente, lo que es incentivado por rasgos estructurales locales como el turismo, la apertura externa y la dolarización en general”, indicó Arce.

Aumento del uso de operaciones sin efectivo

Más allá de la discusión sobre el origen de parte del efectivo en circulación, el director de FCS Capital indicó que lo que se observa en el sistema financiero de Costa Rica es un aumento en las transacciones a través del sistema bancario y menos uso de efectivo.

En su memoria anual del 2025, el Banco Central indicó que durante ese año se realizaron 498 operaciones per cápita sin efectivo, es decir, 59 más que en el año previo. Asimismo, señaló que la cantidad de retiros de efectivo en cajeros automáticos mantuvo la tendencia a la baja observada desde el 2019.

“Las cifras muestran que en este año continuó en aumento el uso de medios de pago sin efectivo, comportamiento que se evidenció en el uso de tarjetas, el monedero Sinpe-Móvil y otros servicios”, dice la memoria anual del BCCR.

En mayo del 2024, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) indicó que, según un informe emitido por la consultora McKinsey & Company, Costa Rica se posiciona entre los 10 países de Latinoamérica que menos usan efectivo.

Dicho resultado está basado en una encuesta sobre medios de pago aplicada a más de 15.000 personas en países latinoamericanos entre el 2021 y el 2023.