Los funcionarios de prisiones, a un paso de ser agentes de autoridad: ¿Qué pasa con la profesión de riesgo de policías nacionales y guardias civiles?
La Comisión de Interior del Congreso aprobó este jueves, con 34 votos a favor y 2 en contra, la ponencia para reconocer a efectos legales el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de la administración penitenciaria.
A excepción de ERC, que avisó del riesgo de "ceder ante planteamientos de derecha que al final ocupa la extrema derecha", tanto el PSOE como el PP mostraron una gran satisfacción por el consenso alcanzado, ya que atiende a una reivindicación histórica de estos trabajadores.
El escrito establece que los funcionarios de prisiones reciban indemnización por daños personales o materiales, así como que tengan presunción de veracidad, formación específica teórica y práctica obligatoria y garantías de seguridad como personal laboral.
Este nuevo movimiento pone de nuevo en el foco a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, quienes llevan años denunciando que siguen sin el reconocimiento efectivo de profesión de riesgo y sin determinadas coberturas que consideran imprescindibles.
Situación actual de la Policía Nacional y la Guardia Civil
La Mesa del Congreso de los Diputados volvió a bloquear el pasado miércoles, con los votos de PSOE y Sumar, la proposición de ley que busca reconocer a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo.
La propuesta, impulsada por el PP y aprobada en el Senado en 2024, lleva casi dos años paralizada en el Congreso. En este tiempo, se han producido hasta 71 votaciones para que siga adelante, pero la Mesa ha ido ampliando los plazos para evitar que la norma llegue a votación en la Comisión de Trabajo.
En paralelo a este bloqueo parlamentario, el Ministerio del Interior ha reactivado el diálogo con los representantes de ambos cuerpos. Ayer se celebró la segunda reunión con los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, las organizaciones reiteraron la necesidad de implantar un sistema de jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, así como solicitaron que la Mesa Técnica se traduzca en "medidas reales y efectivas" para que logren alcanzar las mismas condiciones que ya tienen reconocidas otros cuerpos.
La CEP denuncia la "mesa fake" de Interior
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) no asistió a esta última reunión, a la que catalogaron como "la mesa fake de Interior". El sindicato comunicó su negativa a ir a través de sus redes sociales, en las que sentenciaron que "no se negocia la jubilación digna".
"Marlaska necesita oxígeno. Vender que dialoga con los policías. Lavar su imagen tras ocho años de desprecios", denunciaron, apostillando que "nuestros jubilados y quienes vayan a serlo", más de 53.000 compañeros de clases pasivas, no merecen que les traicionemos".