Zaragoza oficializa su pliego-subasta pura para La Misericordia con un canon que superará el medio millón de euros
El Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) ha publicado de forma oficial el nuevo pliego de condiciones para la explotación de la plaza de toros de La Misericordia. El documento ratifica la estrategia adelantada por el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, transformando el concurso en un arrendamiento patrimonial puro a modo de subasta. Bajo este formato, el precio económico ofertado al alza por los licitadores se erige en el único criterio de adjudicación, abriendo un plazo de presentación de ofertas que permanecerá activo hasta el próximo 9 de junio.
La vertiente económica del documento marca un listón financiero de extrema exigencia para las empresas aspirantes. Aplicando de forma estricta la Ley de Patrimonio, que obliga a fijar un alquiler anual mínimo equivalente al 6 % del valor de tasación oficial del inmueble —tasado en 14.802.898,88 euros—, el pliego establece que el precio de arrendamiento diario no podrá ser inferior a los 2.466,67 euros (IVA excluido). Con este baremo inamovible, el canon mínimo a satisfacer a la DPZ ascenderá a 150.466,87 euros para la campaña 2026 (fijada en 61 días de uso entre septiembre y octubre) y se disparará hasta los 527.867,38 euros para la temporada 2027 y la posible prórroga de 2028 (con 214 días de explotación de abril a octubre).
El análisis pormenorizado del pliego desvela una retirada absoluta de la tutela administrativa en la confección de la temporada, otorgando una libertad empresarial sin precedentes a cambio del pago del canon. La Diputación ha renunciado a regular las fechas, el número, el tipo, la categoría o la calidad de los espectáculos lidiadores que se programen en el coso zaragozano. Asimismo, la institución provincial no establece ninguna obligación ni baremo de control sobre el precio de las entradas, la creación de abonos ni la aplicación de descuentos para colectivos o peñas taurinas, limitándose el texto a exigir el respeto escrupuloso al aforo máximo legal, fijado en 10.700 localidades.
La estructura contractual busca blindar la seguridad de los pagos exigiendo unos severos requisitos de solvencia a los candidatos. En el caso de tratarse de empresas, empresarios individuales o autónomos, se estipula un volumen anual de negocios mínimo de 1.809.302,45 euros en los tres últimos ejercicios disponibles, idéntica cifra exigida como patrimonio neto en caso de concurrir como persona física. Además de estas garantías de viabilidad, el adjudicatario definitivo estará obligado a depositar una fianza legal mínima de 86.772,72 euros —equivalente a la media de dos mensualidades de renta— a la que se sumará un aval de 60.000 euros adicionales destinados específicamente a proteger el valor histórico y monumental del edificio.