De Leire Díez a Santos Cerdán: quién es quién en la trama de las “cloacas” del PSOE
El magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, ha señalado que el PSOE habría articulado un entramado de cobertura legal y trato de favor para implicados en causas de corrupción, con el objetivo de obtener información confidencial contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y proteger al partido en investigaciones como el caso Koldo o el fraude de los hidrocarburos.
Según el auto judicial, el origen de la trama se sitúa en abril de 2024, durante el llamado periodo de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
En ese contexto, Moncloa y Ferraz habrían reaccionado articulando, con la intermediación de la ex militante socialista Leire Díez, una campaña sistemática para atacar y desacreditar a políticos, empresarios, policías, fiscales y periodistas considerados incómodos para el Gobierno.
Los “fontaneros” y la cúpula del entramado
El juez investiga a los implicados por nueve delitos: organización criminal, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, inducción al falso testimonio, acusación falsa, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Las penas podrían alcanzar hasta cinco años de prisión por cada tipo penal.
Entre los principales imputados figura Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE (2021‑2025) y ex número 2 del partido. Pedraz sostiene que habría puesto a disposición de la trama la estructura administrativa y financiera de Ferraz para costear las actividades investigadas, incluyendo reuniones en la sede del partido.
Según el auto, Cerdán habría pactado una remuneración mensual de 4.000 euros para Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, por sus tareas de intermediación.
Díez, epicentro de la red, habría tejido una red de abogados afines para controlar causas judiciales sensibles y ofrecer indultos o defensa gratuita a empresarios investigados a cambio de información contra agentes de la UCO, como el teniente coronel Antonio Balas.
El juez también atribuye a Díez el pago de 300.000 euros a un fiscal anticorrupción y 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano, quien declaró haber entregado bolsas con dinero en efectivo en Ferraz.
La financiación y los operadores jurídicos
El empresario Javier Pérez Dolset aparece como uno de los dos principales fontaneros de la organización, responsable de las gestiones informáticas y de las grabaciones que se habrían entregado al partido. Según la investigación, proporcionó a Díez audios y documentos del comisario Villarejo para alimentar la campaña de descrédito.
El ex vicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, cuya agencia Zaño Sociedad Consultora SL habría canalizado pagos a Díez por valor de 16.000 euros, figura como pieza clave en la financiación.
El juez sostiene que el “cliente final” de esos pagos era Santos Cerdán. En el plano administrativo, la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, está imputada por falsificar facturas para justificar la salida del dinero hacia los despachos implicados.
El abogado Jacobo Teijelo, vinculado al entorno socialista, habría intentado anular causas judiciales mediante nulidades procesales y recibió 100.000 euros del partido, según el auto.
Su estrategia buscaba tumbar procedimientos como el fraude de hidrocarburos y, en cascada, el caso Koldo. Por su parte, Ismael Oliver, abogado de Koldo García y del narco venezolano Pollo Carvajal, está acusado de dar cobertura jurídica y financiera a la red, ocultando fondos mediante sociedades pantalla.