La gran pregunta de la IA: ¿quién debe quedarse con la riqueza que genera?
La inteligencia artificial (IA) no surgió por generación espontánea en Silicon Valley, sino que se entrenó con libros, imágenes, canciones, investigaciones, conversaciones, periódicos y obras que durante siglos han producido millones de personas. Si la materia prima fue colectiva, ¿por qué el beneficio debería ser exclusivamente privado?
El senador Bernie Sanders propuso recientemente que se capture parte de esa riqueza mediante un fondo soberano financiado con acciones de las grandes empresas de IA. No sería exactamente un impuesto, sino una forma de participación pública en la nueva renta tecnológica. La idea no es exclusiva de Sanders, sino que algunos de los líderes de las propias plataformas de IA han sugerido mecanismos parecidos, desde fondos públicos de riqueza hasta dividendos sociales. Quizá porque incluso ellos entienden que una herramienta construida sobre conocimiento común difícilmente podrá sostenerse, política y moralmente, si sus beneficios quedan encerrados en una minoría corporativa. Habrá que ver si siguen pensando igual cuando sus empresas salgan a bolsa.
La de Sanders es una solución pigouviana que parte del supuesto de que, si la IA genera costos sociales por desplazamiento de empleos, consumo energético y apropiación del conocimiento colectivo, el Estado puede gravarla para compensarlos. No peca de radical, sino de estrecha. Noruega construyó un fondo soberano con la renta de su petróleo, pero ese petróleo está en su subsuelo. El conocimiento que entrenó a la IA está en el metacielo de todos, y ningún Estado ha sabido cómo reclamar su parcela. Si Washington grava a las big tech, los dividendos irán al pueblo estadounidense, no al resto de ciudadanos del mundo, que también alimentaron ese ecosistema con sus datos, textos e imágenes.
Ahí está la insuficiencia moral del remedio nacional frente a una tecnología global. El resto del mundo consume la herramienta, entrega datos, pierde empleos y soporta riesgos energéticos, pero no participa en la propiedad de la infraestructura ni en la distribución de la renta.
Por tanto, si la inteligencia artificial pertenece, como dice Sanders, al pueblo, habrá que definir pronto si ese pueblo es solo el de EE. UU. o también el resto de nosotros, proveedores invisibles de una riqueza que otros ya empezaron a repartir.
M@mauricioparis.com
Mauricio París es abogado.