Moncloa redobla la presión al juez Santiago Pedraz

Pedro Sánchez ya fijó su cortafuegos la semana pasada cuando negó cualquier conocimiento de la operación atribuida al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán y a la exmilitante socialista Leire Díez para torpedear las investigaciones policiales y judiciales que afectan al partido, al Ejecutivo y al propio presidente.

La novedad es que Moncloa empieza ahora a construir un segundo anillo de protección: la idea de que la propia investigación carece de recorrido respecto al presidente. Lo cierto es que no se trata solo de una defensa de su inocencia. Moncloa va un paso allá. Se trata de una defensa preventiva frente a cualquier posible evolución futura de la instrucción. Fuentes gubernamentales reiteran que «no hay ningún indicio o motivo» para que el juez al frente del caso, el magistrado Santiago Pedraz, termine investigando formalmente al jefe del Ejecutivo. O le llame siquiera a declarar como testigo.

Las fuentes consultadas en Moncloa admiten que el Ejecutivo, así como sus servicios jurídicos, han realizado una lectura pormenorizada de la dirección que está tomando la investigación. Y considera que, al menos en el corto plazo, no existen elementos objetivos que permitan conectar al presidente con los hechos de que investiga el juez. Ese es el motivo por el que la defensa gubernamental ha dejado de ser reactiva y pasa a ser ofensiva.

Moncloa ya no responde a cada revelación. Y desde ayer quiere fijar la idea de que el recorrido judicial de las cloacas del PSOE tiene un límite claro: el propio Sánchez. Pero, tras este segundo muro del Gobierno, hay otros objetivos políticos. Por ejemplo, tranquilizar a los suyos y transmitir sensación de control. También de cara a los socios parlamentarios, porque la mera posibilidad de que la investigación apunte al presidente o al propio partido genera incertidumbre.

Moncloa también intenta instalar la idea de que cualquier eventual movimiento que afecte al presidente carecería de base. El núcleo duro del presidente es consciente de que su principal problema no reside necesariamente en que la investigación de las cloacas del PSOE, termine encontrando una prueba que le vincule de forma directa con la trama.

La amenaza es otra, casi imposible de desactivar ante la opinión pública: que cada nueva revelación erosione la credibilidad de una idea que constituye hoy el núcleo de su defensa. Y que no es otra que la de que Santos Cerdán, el colaborador en el que más confió durante los últimos años pudo desarrollar una actividad de semejante alcance sin que él tuviera conocimiento alguno.

Porque pocos dirigentes acumularon tanto poder en el PSOE sin haber ocupado jamás una cartera ministerial. La implicación de Cerdán ha dejado suspendida sobre el presidente una pregunta cada vez más incómoda: cómo pudo depositar semejante cuota de confianza en quien hoy puede llevarse el Gobierno por delante.

Hasta la fecha, ninguna actuación judicial ha acreditado que Sánchez conociera las actividades que investiga la Audiencia Nacional. El presidente lo ha negado de forma categórica y ha insistido en que jamás las habría consentido. Cerdán, por su parte, continúa rechazando todas las acusaciones y presentándose como víctima de una operación política y judicial que busca «destruir personas».

Sin embargo, existe un elemento que sigue incomodando especialmente al Ejecutivo. La investigación describe una organización cuyos objetivos coinciden de forma llamativa con el relato político que Sánchez y su núcleo duro empezaron a construir tras sus cinco días de reflexión en abril de 2024: la denuncia de una supuesta ofensiva judicial, mediática y política contra su Gobierno y su entorno.

Nadie, por ahora, ha demostrado que existiera coordinación entre ambos planos. Pero la coincidencia entre lo que perseguía presuntamente la trama y lo que defendía públicamente el presidente se ha convertido en una de las sombras más difíciles de disipar para el Ejecutivo.

Otras fuentes del Gobierno minimizaron ayer el alcance de la trama de las cloacas del PSOE, a cutos implicados atribuyen una tentativa inidónea. Es decir, una clara y manifiesta voluntad de delinquir, actos dirigidos a consumar el delito, pero una imposibilidad objetiva de lograrlo. Por eso, insisten: «No tiene recorrido».