Las cinco decisiones que acorralan a la directora general de la Guardia Civil, amiga personal de Sánchez
La crisis que atraviesa la Guardia Civil no gira únicamente alrededor de Leire Díez y tampoco se limita a las maniobras descubiertas contra miembros de la UCO. El foco se ha desplazado hacia la pregunta más incómoda para el Gobierno: qué papel desempeñó la propia Dirección General mientras se desarrollaban los intentos de desacreditar a los investigadores que instruían algunos de los casos más sensibles para el PSOE.
Mercedes González llegó al cargo con su condición de amiga personal del presidente del Gobierno como principal carta de presentación. Su misión se ajustaba a dos principios básicos, mantener la estabilidad institucional y cuidar la imagen de neutralidad de la Guardia Civil. Sin embargo, la investigación de las "cloacas" la acorrala cada vez más al alimentar las sospechas que la dibujan como un agente que ha estado actuando contra los intereses y los deberes del Cuerpo.
La primera decisión que la condena fue mantener una relación de interlocución con Leire Díez. Durante meses el PSOE intentó presentar a la exmilitante como una figura marginal, sin influencia real y alejada de los centros de decisión, pero, sin embargo, las reuniones mantenidas con la directora general han demostrado que disponía de acceso a uno de los despachos más sensibles del Estado. La cuestión política no es únicamente que existieran esos encuentros, sino por qué se produjeron y qué utilidad institucional tenían.
La segunda decisión que exige que ya hubiera dimitido fue que minusvaloró las señales de alarma. A medida que fueron apareciendo informaciones sobre las actividades de Leire Díez, la percepción dentro de la Guardia Civil comenzó a cambiar. Y lo que inicialmente podía interpretarse como una relación política terminó vinculado a una estrategia de recopilación de información sobre investigadores, fiscales y mandos policiales. En ese contexto, la falta de distancia institucional la coloca en una situación imposible.
Como tercera decisión hay que señalar que permitiera la apertura de investigaciones internas que afectaban precisamente a miembros de la UCO. Es aquí donde la crisis adquiere una dimensión mucho más delicada. La unidad investigada no era una unidad cualquiera, si no la misma que trabajaba en procedimientos que afectaban al entorno político del Gobierno. Aunque formalmente esas actuaciones pudieran justificarse, el problema radica en la percepción que generan. La imagen proyectada es la de una institución investigando a quienes estaban investigando.
Cuarta decisión: mantener los contactos cuando las sospechas ya eran conocidas. Este elemento resulta especialmente difícil de explicar para muchos mandos. Una vez que existían advertencias internas sobre las actividades de Leire Díez, la lógica institucional parecía exigir prudencia extrema. Sin embargo, la relación no desapareció de forma inmediata y esa continuidad es la que alimenta hoy las sospechas de quienes consideran que la gravedad del asunto fue subestimada desde el principio.
Y como quinta y última decisión figura que haya gestionado la crisis como un problema de comunicación y no como un problema institucional. Durante semanas la estrategia oficial consistió en negar, minimizar o reducir los hechos a actuaciones individuales. Sin embargo, cada nueva revelación fue debilitando esa línea argumental y el resultado ha sido exactamente el contrario al perseguido: lejos de cerrarse, la polémica ha ido creciendo y ha terminado alcanzando a la propia Dirección General.
Por separado, cada una de estas decisiones podría encontrar una explicación política o administrativa, pero juntas dibujan un escenario que coloca a Mercedes González en una situación insostenible fuera y, sobre todo, dentro del Cuerpo. "La Guardia Civil es una institución que funciona sobre una premisa básica: la certeza de que la cadena de mando protege a quienes cumplen su trabajo con independencia de las consecuencias políticas que puedan derivarse de sus investigaciones.
Y cuando esa convicción empieza a resquebrajarse, el daño institucional es mucho más profundo que cualquier desgaste partidista. Esto explica que la pregunta que empieza a escucharse en cada vez más despachos ya no sea quién es Leire, sino cómo pudo ocurrir todo esto sin que nadie activara antes los mecanismos de protección de la propia Guardia Civil", explica un ex responsable máximo de la Benemérita.