Garamendi carga contra la "deriva institucional" y la "asfixia normativa" de Trabajo, y exige que "se levanten las alfombras"
"España sufre una deriva institucional que entristece a quienes creemos en la democracia. Quienes tienen que gobernar están más pendientes de sus intereses electorales e ideológicos. Levantemos las alfombras porque los casos de corrupción son increíbles". Con esta contundencia, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha realizado su discurso en la Asamblea General 2026 de la patronal, en la que ha cargado con dureza contra "el panorama desolador que vemos en nuestro país", que se traduce en una "inestabilidad institucional" que es "el peor escenario posible para la sociedad, la actividad económica y el empleo". Por ello ha exigido al Gobierno "tomar decisiones con visión de futuro, diseño de estrategias y actuar con inteligencia y unión", insinuando un adelanto electoral aunque sin pedirlo expresamente después de tres años sin Presupuestos Generales del Estado. "Mientras los trenes del progreso pasan y mientras quienes tienen que tomar decisiones están más pendientes de sus intereses electorales, tengamos amplitud de miras porque, de este presente, depende nuestro futuro y el de las próximas generaciones".
En el mismo tono seco y directo, Garamendi ha pedido prevención ante la "paradoja lamentable" que consiste en que, "cuando deberíamos de estar dando lo mejor de nosotros mismos como país" y "trabajando codo con codo para utilizar nuestro talento, nuestras fortalezas para afrontar estos retos y buscar oportunidades", ocurre que nos impacta una "inestabilidad" que afecta a todas las instituciones del Estado, por lo que mostró su "apoyo explícito" a los jueces, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la "Prensa libre". En este contexto, con la larga lista de investigaciones abiertas sobre el Gobierno y el PSOE, Garamendi quiso hacer "una defensa explícita de la separación de poderes" y emplazó a que "levantemos las alfombras. La situación que estamos viviendo es increíble y lamentable. Es algo muy peligroso".
Garamendi ha guardado un lugar especial para el Ministerio de Trabajo y para su titular, Yolanda Díaz, a la que ha acusado de propiciar "inseguridad jurídica" en la actividad empresarial, de "secuestrar, monopolizar y condicionar" el diálogo social para imponer su "visión política e ideológica", y de multiplicar las "injerencias en la negociación colectiva". "Con demasiada frecuencia, el espacio del diálogo social ha quedado reducido a un escenario para la fotografía, la declaración altisonante, la descalificación o el anuncio de medidas con evidente orientación electoralista".
También ha denunciado la "asfixia normativa" a la que Díaz somete a las empresas, tras apuntar que entre septiembre de 2022 y diciembre de 2025 se produjeron 61 cambios en la normativa laboral "sin diálogo social y, en ocasiones, sin consulta o mediante consultas meramente formales". Por ello, ha reivindicado el papel del diálogo social bipartito entre empresas y sindicatos, y ha acusado al Gobierno de haber "invadido" espacios propios de la negociación colectiva y de utilizar el diálogo social para imponer un "ideario político e ideológico". Asimismo, ha rechazado las acusaciones de bloqueo dirigidas a la patronal. "Nosotros no lo bloqueamos, hemos actuado con responsabilidad, compromiso institucional y lealtad al proceso negociador".
En la asamblea, celebrada bajo el lema la "Fuerza de la Unidad", CEOE ha detallado sus cuentas de 2025, año que cerró con un superávit de 552.000 euros con "crecimiento de ingresos y contención del volumen de gastos". Para 2026, prevé un descenso del 34% del superávit hasta los 358.000 euros, con unos ingresos de 24 millones, con un incremento de la cuota de la vocalía un 2,8%, y una cuantía similar de gastos, incluyendo una subida del 2,7% para los salarios de la plantilla de la patronal formada por 129 personas.
Entre las peticiones que se han realizado desde la patronal destacan que se implemente una menor carga fiscal para empresas y trabajadores, que el incremento de la recaudación derivado del crecimiento económico revierta también en una mejora de la competitividad y de la renta disponible de familias y empresas, que se refuerce la formación y se adapte a las capacidades de los trabajadores a las nuevas necesidades del mercado laboral. Además, ha indicado que la regularización de inmigrantes es una medida necesaria para cubrir vacantes existentes en distintos sectores, para finalizar reivindicando la unidad del tejido empresarial español.