Sobrerregulación o fragmentación normativa: España, a la cabeza europea en las restricciones al comercio
España se mantiene como uno de los países de la Unión Europea en los que el comercio minorista se enfrenta a más obstáculos. Así lo pone de manifiesto el "Country Report Spain 2026" publicado la semana pasada por la Comisión Europea.
Según el informe, que constituye la principal evaluación anual sobre la situación económica, social y competitiva de los Estados miembros, en España "las restricciones regulatorias siguen siendo reducidas en los servicios, pero son unas de las más elevadas en el comercio minorista”.
Una de las evidencias en las que se apoya el documento para justificar sus críticas a España en la materia es la posición que ocupa en el índice de restricciones del comercio minorita (Retail Restrictiveness Indicator, RRI). Mientras que la puntuación medida europea en este indicador es de 1,7, en el caso español es de 2,92. La Comisión identifica restricciones particularmente elevadas en la apertura e implantación de establecimientos, con 3,13 puntos, frente a una mediana europea de 1,82.
Procedimientos de autorización complejos, elevadas cargas administrativas y largos plazos de resolución son las causas, según la Comisión, de la elevada puntuación de España en el RRI. Unos problemas que, añade, constituyen obstáculos añadidos a la entrada de nuevos operadores, la inversión empresarial y la competencia en el mercado.
Bruselas también identifica restricciones relevantes en el funcionamiento operativo de las empresas de distribución - 2,60 puntos, frente a una mediana europea de 1,20- que atribuye a la limitada flexibilidad de los horarios comerciales y a la existencia de impuestos específicos aplicables al comercio minorista.
El informe también pone el foco en la fragmentación regulatoria existente entre comunidades autónomas. La Comisión concluye que las diferencias en normativas, permisos y procedimientos administrativos incrementan los costes de cumplimiento, generan cargas administrativas adicionales, dificultan la actividad de las empresas que operan en varias regiones y crean obstáculos para empresas procedentes de otros Estados miembros que desean operar en España.
El análisis cita específicamente varios ejemplos de esta fragmentación como la fiscalidad autonómica, el impuesto catalán sobre bebidas azucaradas, las obligaciones lingüísticas de etiquetado o los requisitos de información divergentes relacionados con el desplazamiento de trabajadores.
La Comisión considera que estas diferencias regulatorias generan costes de cumplimiento adicionales y reducen la eficiencia del mercado interior.
Mercado común
Bruselas expresa asimismo una preocupación específica por determinadas obligaciones regulatorias que generan, a su juicio, divergencias respecto al Mercado Único europeo. El informe señala que las normas españolas sobre envases y residuos, incluyendo los requisitos de etiquetado para la separación de residuos, obligan a las empresas a adaptar específicamente el etiquetado de sus productos para el mercado español. Según la Comisión, esto genera costes adicionales de cumplimiento, obliga a la adaptación específica de productos e introduce mayores dificultades para las empresas que operan en varios Estados miembros.
También en materia de Mercado Único, el reporte alerta de que España figura entre los Estados miembros con peores resultados en transposición de directivas, dado que ocupa el último lugar de la Unión Europea en esta materia y tiene abiertos 48 procedimientos de infracción pendientes frente a una media europea de 25.
Para el Ejecutivo comunitario, esta serie de barreras no sólo lastran a la propia actividad del comercio minorista sino que se acaban permeando a la situación económica de las familias. "Las barreras regulatorias, como la elevada restricción para el comercio minorista, así como la fragmentación del mercado interior entre regiones, lastran el dinamismo empresarial y, en última instancia, la prosperidad y los ingresos de los trabajadores", advierte el informe.