Querella contra tres exjefes de ETA para reabrir el sumario por el secuestro de Ortega Lara

La Audiencia Nacional tiene que decidir si reabre el sumario por el secuestro de José Antonio Ortega Lara treinta años después para investigar a tres exjefes de ETA por su supuesta responsabilidad en la acción criminal que mantuvo en vilo a España durante 532 días. Así se lo ha pedido Dignidad y Justicia (DyJ), que considera que Ignacio Gracia Arregui, alias «Iñaki de Rentería», Mikel Albisu, «Mikel Antza», y José Javier Arizcuren, «Kantauri» participaron, como integrantes de la cúpula etarra en esas fechas en la «decisión, autorización, mantenimiento y prolongación» del cautiverio, por lo que reclama que se les investigue por secuestro terrorista y conspiración para homicidio terrorista.

En la querella presentada en la Audiencia Nacional –a la que ha tenido acceso LA RAZÓN–, la asociación que preside Daniel Portero niega que los hechos estén prescritos pese a haber transcurrido más de veinte años desde el secuestro –que se prolongó entre el 17 de enero de 1996 y el 1 de julio de 1997–, pues esgrime que la reapertura de la causa en 2011 por parte del juez Pablo Ruz (también por una denuncia de DyJ) interrumpió el plazo de prescripción.

Ahora, tendrá que ser el magistrado el titular del Juzgado de Instrucción número 1 del citado tribunal, Francisco de Jorge –que ya ha trasladado la denuncia a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto– quien determine si la instrucción del procedimiento debe reabrirse.

"Dominio organizativo de la acción"

La letrada de la asociación querellante, Vanessa Santiago, esgrime el auto de procesamiento contra cinco exdirigentes etarras por el asesinato de Gregorio Ordóñez para sustentar que Gracia Arregui, «Mikel Antza» y «Kantauri» formaban parte de la cúpula de ETA en las fechas del secuestro. Los dos últimos, como máximos responsables de los aparatos «político» y «militar», respectivamente, e «Iñaki de Rentería», con funciones de mando en el apartado logístico y «militar». Desde esa posición, argumenta a lo largo de más de medio centenar de páginas, «habrían asumido la decisión y el dominio organizativo de la acción terrorista investigada».

Se trató, recuerda, de una acción terrorista «estratégica» –por la que fueron ya condenados sus autores materiales–, «de especial trascendencia para la consecución de los objetivos políticos y penitenciarios» de ETA, el acercamiento de los presos de la organización terrorista, que según DyJ fue «necesariamente decidida, autorizada, mantenida o amparada por la dirección de ETA».

La letrada de la asociación denunciante pone sobre la mesa «una pluralidad de indicios documentales, periciales, policiales, testificales y judiciales» que, según defiende, apuntalan la responsabilidad de los tres exjefes de ETA en el secuestro más allá de su mera adscripción a la cúpula etarra.

En primer lugar, pone de relieve que la propia sentencia que en 1998 condenó a los miembros del «comando Gohierri» autores materiales del secuestro de Ortega Lara deja claro que se eligió al objetivo «con el visto bueno de la dirección de ETA». Asimismo, destaca que la sentencia que condenó a los etarras Julián Achurra y Juan Luis Aguirre Lete por su intervención «directiva y funcional» en la acción criminal asienta la responsabilidad de quienes, «desde funciones de dirección o coordinación en ETA, tuvieron dominio funcional del hecho durante un periodo relevante» (estaba en su mano poner fin al cautiverio).

"Coaccionar al Estado"

Como acción terrorista dirigida a «coaccionar al Estado» para modificar su política de dispersión penitenciaria, subraya la letrada, tuvo que ser «decidida, autorizada sostenida y controlada desde niveles superiores».

Y a este respecto, recalca que los tres querellados –cuya declaración como imputados solicita– ocupaban «posiciones directrices en ETA durante el periodo completo o sustancial» del secuestro.

Además de los informes de la Guardia Civil que constatan que en esa época «nada se hace» y «nada se mueve en ETA» sin la intervención del comité ejecutivo o Zuba, la querella destaca que las anotaciones de la agenda intervenida a Aguirre Lete «evidencian una cadena documentada de mando», identificando a «Gorosti», alias tras el cual sitúa a Gracia Arregui, quien como responsable orgánico habría asumido «responsabilidad sobre el comando y ordenó mantener el secuestro».

Sus responsabilidades en los aparatos «militar» y logístico, afirma Dignidad y Justicia, «se corresponde precisamente con las necesidades estructurales del secuestro: control de comandos, zulos, comunicaciones, material, enlaces y mantenimiento clandestino del cautiverio».

Los vínculos con el diario "Egin"

La asociación de víctimas considera una dato «de singular fuerza incriminatoria» que, según un informe de la Guardia Civil de 2009, «Iñaki de Rentería» instase a los secuestradores a animar a Ortega Lara, que estaba pasando un mal momento anímico, solo 15 días antes de la desarticulación del «comando». Lo que según destaca «no solo acredita conocimiento del cautiverio, sino intervención en su mantenimiento y continuidad hasta la liberación».

En cuando a «Kantauri», afirma que su posición orgánica en la cúpula hace necesario investigar «si participó en la decisión, transmisión de instrucciones, mantenimiento o cobertura del secuestro». Y de «Mikel Antza» (a quien se le incautaron comunicados de ETA sobre el secuestro) destaca que era precisamente el «aparato político» que dirigía el «más directamente conectado con la finalidad del secuestro: presión penitenciaria, comunicados públicos, reivindicación de la acción, exigencias al Gobierno y gestión del colectivo de presos».

Precisamente en relación con la reivindicación y exigencias del secuestro, Dignidad y Justicia ve necesario investigar la conexión entre el «aparato político» de ETA, el diario «Egin» y «la estrategia de comunicación» de la banda terrorista durante el cautiverio. Con ese objetivo, pide que declaren como testigos el exdirector y dos periodistas del diario «Egin» para que esclarezcan cómo llegaban a sus manos esos comunicados.

Asimismo, reclama que se incorporen al procedimiento de dos etarras arrepentidos, uno de los cuales dijo que «estaba completamente seguro de que la cúpula de ETA ordenó el secuestro».