Moncloa arranca el motor electoral: aprobará en julio un paquete de medidas de vivienda
Pedro Sánchez ha puesto en marcha la maquinaria electoral en la recta final de la legislatura. El Gobierno trata de recomponerse tras semanas marcadas por los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente y, por eso, ha decidido volver a colocar la agenda social en el centro del debate político.
El objetivo está claro: llegar a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado —que muchos dirigentes interpretan ya como el verdadero arranque de la campaña electoral— con un amplio paquete de medidas de marcado contenido social que permita al Ejecutivo recuperar la iniciativa.
En ese contexto, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha anunciado este lunes que el Gobierno aprobará durante el próximo mes de julio un “importante” paquete de medidas en materia de vivienda.
Se trata de una iniciativa que el Ejecutivo presenta como uno de los grandes proyectos legislativos de la recta final del mandato y que incluirá, entre otras medidas, la aplicación de un IVA del 21% a las viviendas de uso turístico, la prórroga de los contratos de alquiler y nuevas herramientas para combatir el fraude en este mercado.
Saiz ha definido el texto como una norma “ambiciosa y transversal”, diseñada para incorporar propuestas defendidas por distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura con la intención de facilitar su tramitación parlamentaria. “Queremos que todos los grupos se sientan representados”, ha explicado la portavoz tras la reunión del Consejo de Ministros, consciente de que cualquier iniciativa del Gobierno dependerá de una mayoría parlamentaria cada vez más frágil.
El Ejecutivo ha estructurado el futuro paquete en dos grandes bloques. El primero estará orientado a contener el precio de la vivienda, aportar estabilidad a los contratos de alquiler y combatir prácticas fraudulentas. El segundo buscará aumentar la oferta de vivienda asequible mediante distintas medidas de movilización del parque residencial.
La iniciativa llega en un momento políticamente muy significativo. El Gobierno ha acelerado durante las últimas semanas la presentación de anuncios de fuerte contenido social. Primero fue la mayor inversión de la historia en dependencia.
Después, la renovación del denominado escudo social. Ahora, la vivienda vuelve a ocupar un lugar preferente en la agenda del Consejo de Ministros. En Moncloa son conscientes de que la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y uno de los asuntos con mayor capacidad para movilizar al electorado progresista.
El calendario tampoco resulta casual. El Gobierno acaba de activar la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado tras actualizar el cuadro macroeconómico. Aunque el Ejecutivo insiste en que mantiene su voluntad de agotar la legislatura, en los círculos políticos se extiende la convicción de que las cuentas públicas acabarán marcando el desenlace del mandato.
Si logran salir adelante, servirán para proyectar estabilidad. Si fracasan, podrían convertirse en el argumento institucional para justificar un adelanto electoral. Mientras llega ese momento, Sánchez ha optado por reforzar un mensaje que considera decisivo para una futura campaña: reivindicar el balance social de sus ocho años de Gobierno y tratar de desplazar el foco desde los escándalos hacia las políticas públicas.