La abogada de Koldo quiere llamar a un testigo contra Pano

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, se prepara para intentar desmontar en sede judicial la acusación que le dirigió Carmen Pano y que le valió su imputación en el «caso de las cloacas del PSOE» que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado Santiago Pedraz. Así lo ha podido saber LA RAZÓN de fuentes de su entorno.

La empresaria ratificó ayer ante el juez que De la Hoz le intentó sobornar para que cambiase su testimonio ante la Justicia sobre los 90.000 euros en efectivo que la empresaria asegura haber entregado en dos ocasiones en la sede central del PSOE de la calle Ferraz de Madrid.

Ahora, la letrada planea pedir la declaración de la tercera persona a través de la que Pano –según ella– le amenazó si se defendía y daba la batalla en este procedimiento. Se trata de Manuel Sallés, un empresario vinculado al sector de los hidrocarburos que llegó a acudir como testigo al juicio del «caso Koldo» por haber tenido en nómina al que fuera principal asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, cuando este abandonó el Ministerio de Transportes.

También fue el quién avisó en un wasap a Ábalos de que el socio de Pano, Claudio Rivas, decía que tenía asegurada la licencia de operadora para Villafuel por «mantener el alquiler de una casa», que era de la que disfrutó el que fuera también «número tres» del PSOE en la urbanización de La Alcaidesa (La Línea de la Concepción), por sus gestiones en pro de la autorización estatal.

Pues, bien, este diario ha podido saber que Sallés no tiene problema en acudir a prestar declaración en calidad de testigo y respaldar esta supuesta amenaza de Pano a la abogada de Koldo.

De igual forma, este periódico ha podido confirmar que esta se produjo el pasado 29 de mayo, solo tres días después de que se conociese que el juez Pedraz imputaba a De la Hoz, tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, y que le citaba para comparecer el próximo 14 de julio.

Según Pano, la abogada le planteó el pago de hasta 250.000 euros si atribuía la culpa de las corruptelas de la «trama Koldo» a Víctor de Aldama y desvinculaba a Ábalos del uso de la casa de La Alcaidesa en forma de contraprestación por los hilos movidos para que en el Ministerio de Industria les recibiesen para hablar de la licencia.

Los conceptos que se ofrecieron a pagarle –según relató– a través de la abogada de Koldo se correspondían con el alquiler de su vivienda durante, al menos, cinco años (una renta mensual de entre 2.500 y 2.800 euros); la boda de su hija, Leonor María González Pano, que costaría 25.000 euros, y otros 15.000 para que el chófer que la llevó una de las veces a Ferraz para supuestamente dejar el dinero, Álvaro Gallego, se comprase un vehículo. Si, igualmente, desmentía que él hubiese presenciado una de esas entregas de efectivo.

Pano negó ayer ante el titular del Juzgado Central número 5 de la AN que hubiese amenazado en algún caso a De la Hoz. La letrada, en cambio, detalla que «si no dejaba de hacer el tonto», tras negar la existencia del soborno, ella procedería a inculpar a clientes suyos en la defraudación millonaria del IVA del fuel e, incluso, a la propia De la Hoz.

Ayer a Gallego se le practicó una testifical. El conductor que llevó a Pano coincidió, asimismo, en que la abogada les puso sobre la mesa una retribución económica si cambiaban su relato sobre los traslados de bolsas con metálico al cuartel general de los socialistas.

Él explicó que no descarta que hubiesen aceptado el trato si el dinero se les hubiera transferido con más rapidez, aunque, apuntó, a última hora lo descartó al no tener clara la procedencia de los fondos y tras surgir la sospecha de que procederían, realmente, del Partido Socialista.

Por otro lado, De la Hoz defiende que las cuatro reuniones que mantuvo con Pano tuvieron con ver con el supuesto intento de la empresaria de venderle una operadora del sector de los hidrocarburos, buscando obtener, con ello, una comisión de 10.000 euros. La letrada sostiene que tiene wasaps que demuestran que le propuso esta transacción y que, en cambio, ella no tiene ninguna grabación que pueda probar que le intentó sobornar, siguiendo indicaciones de personas del PSOE.

Es lo que la propia Pano contó ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando se le tomó declaración respecto a los contactos que habrían mantenido con ello miembros de esta presunta trama liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez dirigida a «desestabilizar» investigaciones judiciales y policiales incómodas para el presidente del Gobierno, al afectar directamente a su entorno familiar y al político.

A través de supuestas «maniobras» contra fiscales de Anticorrupción (José Grinda, Ignacio Stampa o el jefe, Alejandro Luzón); jueces (tales como la instructora del caso contra el hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez) o mandos de la Policía Judicial de la Benemérita, especialmente el teniente coronel Antonio Balas. Incluyéndose la modificación de testimonios.