La emergencia deja paso al duelo en Venezuela
Dos semanas después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran la costa caribeña de Venezuela el pasado 24 de junio, la esperanza de hallar supervivientes se ha extinguido casi por completo en el estado La Guaira, el litoral que resultó devastado por los sismos. El balance oficial ha alcanzado las 3.811 muertes, 16.740 heridos y 6.462 personas rescatadas con vida, sobre un total de 856 edificaciones afectadas y 190 colapsadas.
En las zonas más golpeadas, como Caraballeda, decenas de familias continúan removiendo escombros con sus propias manos ante la escasez de maquinaria pesada. César Padrón busca a sus dos hijos, de 10 y 12 años, en los edificios OPP 26 de construcción gubernamental: "Hemos abierto cinco agujeros y no se consiguen por ningún lado". Gabriela Veiga, que aguarda noticias de su padre y otros tres familiares, se aferra a la posibilidad de que hayan quedado atrapados en pisos inferiores.
Para otros, como José Francisco Liendo, la prioridad ya no es la vida, sino la dignidad de los restos: "Lo que no queremos es que lleguen las máquinas y los agarren junto con los escombros como basura" cuando se comience a limpiar terrenos, afirmó, dispuesto a identificar a los suyos "por su dentadura" con tal de darles sepultura.
Un coste inasumible para gran parte de la población
El drama se agrava por el costo del rescate. Familias enteras han tenido que reunir miles de dólares para alquilar grúas telescópicas, con tarifas que oscilan entre 3.000 y 5.000 dólares diarios, mientras denuncian que la maquinaria estatal ha sido insuficiente. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, sostiene que se han recuperado unos 2.400 cuerpos "con la más alta tecnología forense" y que 231 aún sin reclamar fueron enterrados de forma individual, con placa de identificación, en el cementerio La Esperanza, donde niega que existan fosas comunes.
Mientras continúa la búsqueda, la discusión empieza a desplazarse también hacia los edificios que quedaron en pie, pero con daños estructurales. El miedo a regresar a viviendas agrietadas se ha vuelto tan común como el propio duelo, y muchos vecinos han comenzado a calcular el coste de las reparaciones, que en edificios residenciales puede rondar los 8.000 dólares por apartamento si se considera una intervención integral, y superar los 2.000 dólares solo para atender fisuras. En un país donde cerca de tres cuartas partes de la población vive en pobreza, esas cifras convierten la reparación en una decisión casi inalcanzable para buena parte de los afectados.
17.900 personas permanecen sin vivienda
En paralelo, más de 17.900 personas se han quedado sin vivienda y son atendidas en 87 "campamentos transitorios" habilitados por el Gobierno, que han ido sustituyendo a los refugios improvisados en parques y plazas por espacios cerrados como coliseos deportivos y escuelas, aunque persisten carpas en algunas zonas. Las organizaciones humanitarias insisten en que la prioridad sigue siendo el agua potable, los alimentos y los insumos de higiene.
El comercio en La Guaira, por su parte, comienza a dar señales tímidas de reactivación. En Caraballeda, solo tres negocios han reabierto sus puertas, mientras que en Macuto, menos afectada, la actividad se recupera con mayor rapidez. En paralelo, cientos de personas siguen entrando a edificios inhabitables para rescatar electrodomésticos, colchones y otros enseres antes de que las estructuras terminen de colapsar o sean saqueadas.
La conectividad aérea también empieza a normalizarse tras el cierre del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, dañado por los sismos. Iberia retomó este jueves sus vuelos entre Madrid y el aeropuerto alterno de Valencia, con dos frecuencias semanales. Plus Ultra y TAP han hecho lo propio, así como Copa o Aviaca. Latam volará hacia Barcelona (Anzoátegui).
Fondos para la reconstrucción
Sobre la reconstrucción, el Gobierno ha abierto un fondo con unos iniciales 200 millones de dólares, y ha pedido a la empresa privada levantar viviendas "de manera acelerada". Además, países como Estados Unidos o Israel han presentado planes o recursos para esa siguiente etapa, además de dineros prometidos por bancos internacionales como CAF.
El plan "Venezuela Renace" quedó en manos de la exministra Jackeline Faría, una designación que ha generado escepticismo dado su historial al frente de proyectos millonarios de infraestructura pública que no nunca se completaron.
La organización Transparencia Venezuela lanzó la plataforma rutadeayuda.org para fiscalizar en tiempo real la ayuda humanitaria recibida, que hasta ahora suma 694 millones de dólares de 37 países, 68 organizaciones y varias empresas. Su directora, Mercedes De Freitas, advirtió que la corrupción que origina la crisis venezolana "no se va a parar a cuidar el dinero que venga para las donaciones" y pidió a organismos como la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial exigir mayor transparencia en el destino de los fondos que canalizan a través del gobierno interino de Delcy Rodríguez.