Consejo Fiscal advierte riesgos en la sostenibilidad de las finanzas públicas para 2026
El Consejo Fiscal (CF) publicó su opinión técnica sobre el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 (IAPM), revelando una profunda preocupación por la rigidez del gasto y la vulnerabilidad de las cuentas del Estado.
Según la institución, el crecimiento de los ingresos fiscales registrado entre 2025 y el primer semestre de 2026 responde a factores transitorios, por lo que usarlos para financiar gastos fijos pone en jaque la estabilidad económica del país.
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Gasto público pone en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales
El Poder Ejecutivo propuso la aprobación de un crédito suplementario de aproximadamente S/9.600 millones para el ejercicio fiscal 2026, lo que representaría la ampliación nominal más grande de los últimos cinco años. El CF detalló que esta medida, sumada a un crecimiento del gasto no financiero del 4.9% real en el primer semestre del año, eleva significativamente las probabilidades de incumplir el marco fiscal por cuarto año consecutivo.
Adicionalmente, el Congreso de la República ha aprobado más de 80 leyes que incrementan el gasto público desde septiembre de 2025. Entre las normas con mayor impacto destacan la Ley 32581 (incremento de pensiones magisteriales con un costo anual de S/8.000 millones) y la Ley 32563 (beneficios laborales para el régimen CAS con un costo de S/3.000 millones anuales), obligaciones que exceden las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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Fenómeno de El Niño podría presionar el gasto público
A nivel interno, la probabilidad de un fenómeno de El Niño (FEN) global de gran intensidad entre finales de 2026 e inicios de 2027, así como la prolongación del FEN costero, amenazan con desacelerar la actividad económica del país.
Estos eventos climáticos intensificarían las presiones sobre el presupuesto para la reconstrucción de infraestructura y limitarían el margen de maniobra fiscal.
El CF concluyó que, para evitar que el proceso de consolidación fiscal afecte negativamente la inversión pública o la provisión de servicios esenciales, el Gobierno actual y la administración entrante deben implementar medidas inmediatas de contención, priorización y eficiencia del gasto.