Presidenta Claudia Sheinbaum impulsa Ley en el Congreso para castigar el feminicidio con hasta 70 años de cárcel
México enfrenta una crisis de violencia de género que cobra la vida de un promedio de 10 mujeres al día, según datos de Naciones Unidas, una realidad estructural que la presidenta Claudia Sheinbaum busca combatir mediante una reforma judicial.
En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la mandataria presentó la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, diseñada para erradicar la impunidad y homologar los criterios de actuación en todo el territorio.
Sheinbaum puntualizó que el feminicidio es un delito de odio asociado a ser mujer y la peor forma de discriminación imaginable, por lo que esta legislación garantizará que en todas las fiscalías estatales se trabaje igual para evitar al máximo que estos crímenes sean catalogados erróneamente como suicidios.
La vía legislativa para este proyecto de ley general se abrió el último 6 de mayo con una reforma constitucional previa, con la cual se busca sustituir la dispersión legal de las 32 entidades federativas por un marco nacional estricto, uniforme y de carácter imprescriptible.
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Una ley acorde con la gravedad del crimen
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que la propuesta define el delito bajo el criterio de privar de la vida a una mujer por razones de género e identifica 10 causales específicas, como la existencia de signos de violencia sexual, los estereotipos, los antecedentes de violencia y las asimetrías de poder.
El núcleo de la sanción unificará las penas en un rango de 50 a 70 años de prisión a nivel nacional, por encima de legislaciones locales menos severas, como la del estado de Zacatecas, que actualmente contempla penas de entre 30 y 50 años.
Además, Alcalde explicó que el proyecto incorpora 19 agravantes que incrementan las penas cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, embarazadas, adultas mayores, migrantes, periodistas o defensoras de derechos humanos, o cuando el crimen sea cometido por servidores públicos o mediante ataques con sustancias inflamables o ácidos.
La iniciativa también establece sanciones accesorias severas, que contemplan la inhabilitación y destitución de funcionarios, la pérdida de derechos sucesorios y la revocación definitiva de la patria potestad, tutela, guarda y custodia.
Una investigación más severa
Para garantizar la efectividad de estas medidas y el cumplimiento de la debida diligencia, la iniciativa introduce la homologación de protocolos especializados de actuación para todas las autoridades de procuración de justicia.
Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, indicó que las fiscalías especializadas y los ministerios públicos correspondientes intervendrán de forma continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde la preservación de indicios hasta la ejecución final de las penas.
Este modelo operativo se fundamenta en el trabajo de persecución penal desarrollado previamente por la actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR) durante su gestión como fiscal de la Ciudad de México, una estrategia que permitió disminuir significativamente los índices de impunidad en la capital.
Bojorges destacó que la nueva normativa obligará a las autoridades a incorporar perspectiva de género, análisis del contexto de violencia y una estrecha coordinación interinstitucional para impedir fallas procesales.
Ayuda a terceros afectados
El componente social y reparatorio de la ley recae en la protección de las víctimas indirectas, especialmente los hijos de las mujeres asesinadas.
Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, destacó que el proyecto garantiza una reparación integral del daño que sea "transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional", priorizando la atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y menores de edad en situación de orfandad.
La consejera jurídica Luisa María Alcalde manifestó su confianza en que la iniciativa sea discutida y aprobada en el Congreso de la Unión al inicio de su próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre, con lo que México contará por primera vez con una herramienta penal unificada contra la impunidad en el feminicidio.