Todo al rojo catalán: Sánchez multiplicará su inversión política en Cataluña tras el aval a la amnistía
La sentencia de Luxemburgo no devuelve automáticamente a Carles Puigdemont ni pone fin a todos los procedimientos judiciales. Pero sí reduce de forma significativa la incertidumbre sobre la viabilidad de la ley al despejar las principales objeciones de Derecho europeo planteadas en las cuestiones prejudiciales. Para el Gobierno, el mensaje es claro: la principal apuesta política de Sánchez ha superado el examen de Luxemburgo y es su argumento más sólido ante las próximas elecciones generales.
Ese cambio explica la vuelta estratégica que ya se dibuja en el PSOE. Si hasta ahora la prioridad era defender la constitucionalidad y la legalidad europea de la amnistía, el objetivo pasa a ser otro: capitalizar más políticamente Cataluña.
En Ferraz y en Moncloa existe la convicción de que la próxima gran batalla electoral también se librará allí. Cataluña es uno de los pocos territorios donde el PSOE considera que todavía tiene margen de crecimiento institucional y parlamentario gracias al liderazgo de Salvador Illa y al desgaste del independentismo tras una década de confrontación. Por eso, Sánchez redoblará su apuesta política al margen de que la relación con Junts no cambie de aquí a que se celebren las elecciones generales. La operación tiene además un evidente componente defensivo ante un cerco judicial cada día más estrecho. Habrá mucho relato, y poca concreción legislativa (incluida la financiación) porque el Gobierno no tiene apoyos.
En cualquier caso, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea concede al Gobierno el respaldo internacional que necesitaba después de meses defendiendo que la ley de amnistía era compatible con el ordenamiento europeo. Luxemburgo rechaza que la norma vulnere el Derecho de la Unión en los aspectos consultados y desmonta dos de los principales argumentos con los que se había intentado frenar su aplicación: el supuesto perjuicio a los intereses financieros europeos y la incompatibilidad con la normativa antiterrorista.
Políticamente, el fallo fortalece la posición del Ejecutivo y consolida la doctrina fijada hace semanas por el Tribunal Constitucional, que ya avaló la constitucionalidad de la ley al considerar legítimo el objetivo de normalización institucional perseguido por el legislador. El Gobierno podrá presentar la coincidencia entre el Constitucional y el TJUE como una doble legitimación, interna y europea, de una de las decisiones más controvertidas de la legislatura.
Sin embargo, la sentencia no supone un punto final. Supone un cambio de escenario.
El verdadero conflicto jurídico se traslada ahora al Tribunal Supremo y, en particular, a la interpretación que mantiene Pablo Llarena respecto al delito de malversación. El magistrado sostiene que determinados hechos atribuidos a Puigdemont no quedan amparados por la ley de amnistía, una interpretación que hasta ahora ha impedido levantar la orden nacional de detención. Ahí se encuentra el auténtico cuello de botella político. Si el Supremo mantiene su criterio, el regreso de Puigdemont seguirá dependiendo de nuevas resoluciones judiciales y previsiblemente de nuevos recursos. Si modifica su posición, desaparecería el principal obstáculo para el retorno del líder de Junts.
La siguiente decisión determinante será la del Tribunal Constitucional. El TC tiene pendientes los recursos de amparo presentados por Puigdemont y otros dirigentes independentistas contra las resoluciones del Supremo. Si el TC confirma la interpretación del Supremo, la situación procesal de Puigdemont apenas cambiará. Si estima los recursos de amparo y entiende que el Alto Tribunal aplicó de forma incorrecta la ley o lesionó derechos fundamentales, el Supremo deberá adaptar sus resoluciones a la doctrina constitucional.