Bruselas desmiente el victimismo de Sánchez: no hay reformas y sí hay corruptos
La regeneración democrática fue el principal compromiso político con el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras la moción de censura de 2018. Ocho años después, la Comisión Europea devuelve al Gobierno una fotografía muy distinta de la que pretende proyectar incluso en el ámbito estrictamente legislativo: España ha avanzado, pero lo ha hecho de forma insuficiente y con demasiadas reformas todavía sin completar. El mensaje de Bruselas golpea directamente uno de los pilares sobre los que el presidente había construido su legitimidad política para echar al Gobierno de Rajoy. La promesa de que llegaba para limpiar y reformar las herramientas contra la corrupción se ha quedado vacía de contenido mientras los cargos próximos al presidente, investigados por corrupción, se han multiplicado por esporas.
El informe sobre el Estado de Derecho no cuestiona únicamente el ritmo de las reformas. También cuestiona el resultado. La Comisión reconoce iniciativas, valora algunos pasos dados y toma nota del plan anticorrupción presentado recientemente por el Ejecutivo, pero concluye que los avances siguen siendo «limitados». Una valoración especialmente incómoda para un Gobierno que responde a cada escándalo con un ataque frontal contra jueces, fiscales y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El contraste político resulta evidente. Mientras Moncloa cercena todas las instituciones para blindar al presidente del Gobierno de los casos de corrupción que le cercan, sin asumir ninguna responsabilidad política, Bruselas recuerda que siguen pendientes algunas de las herramientas consideradas esenciales para prevenir la corrupción.
Por ejemplo, una regulación efectiva de los grupos de presión, mayores controles sobre los conflictos de intereses, un sistema más sólido de supervisión patrimonial de los altos cargos o el refuerzo de las garantías de independencia institucional en los distintos ámbitos.
El reproche europeo tiene además una carga simbólica difícil de ignorar. La diferencia entre anunciar y ejecutar adquiere especial importancia porque el Gobierno ha situado el debate político sobre la corrupción en un terreno de dura confrontación institucional. En los últimos meses ha insistido en denunciar campañas de «lawfare», ataques judiciales o estrategias de desestabilización política. Sin embargo, la Comisión Europea recuerda que este tipo de críticas públicas a los jueces socavan la independencia judicial y alimentan una desconfianza institucional que, según el informe, se ha agravado en el último año.
La advertencia europea llega, además, en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo. El tiempo que quede de Legislatura estará condicionado por investigaciones judiciales, por la presión derivada de distintos procedimientos que afectan al entorno del presidente y por un enfrentamiento creciente entre el Gobierno y la carrera judicial. En ese contexto, que sea Bruselas quien reclame acelerar las reformas resta margen al Ejecutivo para presentar el problema únicamente como una batalla política interna.
Paradójicamente, cuanto más ha elevado Sánchez el concepto de «regeneración democrática» como bandera política, mayor es el impacto de una evaluación europea que pone el foco precisamente en las carencias de su proyecto. Y, al mismo tiempo, la estrategia de responder a cada revés institucional denunciando una campaña contra el Gobierno tiene un rendimiento político limitado porque puede funcionar cuando el enfrentamiento se plantea con la oposición o con determinados jueces, pero pierde eficacia cuando el reproche te lo hacen desde Bruselas.
«Cuanto mayor sea el número de instituciones cuyas advertencias se atribuyen a una supuesta operación política, mayor puede ser el riesgo de transmitir una imagen de completo aislamiento institucional», reflexiona una ministra. Y conoce bien el tema del que está hablando.