La justicia estadounidense fijó la fecha del juicio contra Nicolás Maduro por delitos de narcotráfico
Nueva York, Estados Unidos. La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1.° de junio de 2027 durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Capturado por Estados Unidos en Caracas y encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn, el exjefe de Estado, de 63 años está procesado por cuatro cargos de narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa Cilia Flores, de 69 años, enfrenta tres cargos. Ambos niegan los hechos que se les imputan.
En una carta remitida el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, por el fiscal Jay Clayton, las dos partes habían solicitado que el juicio comenzara en junio de 2027.
El proceso contra la pareja avanza después de que el gobierno del presidente estadounidense de Donald Trump diera su visto bueno para que Venezuela pague los honorarios de sus abogados, algo que al principio había impedido en virtud de las sanciones que pesan sobre el país.
Mientras tanto, la exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, ejerce desde entonces como mandataria interina y se ha acercado a Estados Unidos, que controla de facto la exportación de crudo venezolano, cuyos ingresos se depositan en cuentas especiales supervisadas por Washington.
Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como “un prisionero de guerra” y se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de “narcoterrorismo”, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra el expresidente (2013-2026), las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela emprendieron a comienzos de julio una acción civil en su contra, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones en el marco de un esquema de violencia de Estado.