La subida de precios acelera las obras públicas que quedan sin ejecutar, que se elevan ya a 1.130 en solo seis meses
La escalada de precios que ha traído el conflicto de Oriente Medio está provocando que las constructoras no sólo tengan dificultades para ejecutar las obras públicas ya en marcha sino que está directamente imposibilitando la ejecución de proyectos como ya ocurriera en los años posteriores al final de la pandemia y el estallido de la guerra de Ucrania.
Según datos recopilados por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) directamente entre sus compañías asociadas, en lo que va de año han quedado desiertas, como mínimo, 1.130 licitaciones de obras civiles.
CNC ha destacado para poner en contexto la dimensión del problema que el ritmo mensual al que las licitaciones están quedando desiertas es un 16% superior al que registró la patronal tras la guerra en Ucrania, de forma que ahora se ha alcanzado una media de 188 licitaciones desiertas cada mes, cuando entonces la cifra era de 162.
De igual modo, la patronal ha destacado que el daño económico por las obras que no han podido iniciarse este año también es mayor, ya que en solo seis meses la cifra ha escalado hasta los 707 millones de euros, equivalente al 80% del importe registrado en el análisis anterior de doce meses (882,6 millones de euros).
CNC ha detallado que más de ocho de cada diez licitaciones desiertas (82%) corresponden a contratos con un presupuesto base de licitación inferior a 500.000 euros a los que se puede presentar cualquier compañía. Sin embargo, el importe medio alcanza casi los 700.000 euros, lo que, a su juicio, pone de manifiesto que entre los expedientes afectados también figuran contratos de elevada cuantía.
De hecho, entre las licitaciones que han quedado desiertas hay actuaciones con presupuestos de hasta casi 50 millones de euros, como la construcción de una nave en El Prat, la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid (35 millones), la construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en Cádiz (32 millones) o la promoción de viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria (más de 29 millones).
Como ha destacado el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, si los contratos quedan desiertos es porque, directamente, "los números no salen" por el aumento de los costes. Según ha asegurado, desde 2016, el crecimiento medio de los costes de los insumos de la construcción ha oscilado entre el 30% y el 40% según la tipología de las obras y los materiales. A ello, según el directivo, hay que sumar el incremento del 28,5% del IPC.
Junto a los contratos desiertos, la patronal ha remarcado que la gravedad del problema se manifiesta también en la baja concurrencia a los contratos. En concreto, CNC ha identificado 1.877 procedimientos de contratación pública con una concurrencia insuficiente, ya sea por ausencia de ofertas o por la presentación de una única oferta. En este sentido, 747 licitaciones tuvieron un único licitador, algo que atribuyen a que se trata de proyectos fuera de precio o que, directamente, están diseñados para ser adjudicados al único postor, lo cual, según Fernández Alén, es un problema grave.
La magnitud de las dificultades que están afrontando las constructoras por el incremento de precios es tal que, según ha advertido el presidente de la CNC, y como ya adelantó LA RAZÓN, muchas compañías están procediendo a la ralentización o paralización de obras a la espera de que los precios se atenúen. "Ninguna administración lo reconocerá, pero eso se está haciendo", ha asegurado Fernández Alén.
Según el informe de CNC, las comunidades autónomas que concentran el mayor número de licitaciones desiertas son Andalucía, con 284 expedientes (el 25,1% del total); Cataluña, con 199 (17,6%); la Comunidad Valenciana, con 127 (11,2%) a pesar de la necesidad de obras por la dana; y Extremadura, con 106 (9,4%). En conjunto, estas cuatro regiones acumulan más del 63% de las licitaciones desiertas en España.
Revisión de precios
La patronal viene tiempo alertando de la vulnerabilidad del sector ante las tensiones inflacionistas, lo que le ha llevado a enviar varias cartas al Gobierno para mostrar su preocupación por la escalada de los costes de producción y la falta de medidas para mitigarla.
En este marco, CNC ha trasladado en numerosas ocasiones al Ministerio de Hacienda la necesidad de modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación a los contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios, como el que existía hasta 2015, que garanticen la viabilidad de los proyectos y eviten un freno o abandono en las obras, tanto públicas como privadas, como está ocurriendo actualmente también en las de viviendas.
Según Fernández Alén, "la situación es asfixiante para miles de constructoras, especialmente pequeñas y medianas, que se están viendo abocadas a trabajar a pérdidas o, directamente, a echar el cierre. O se adoptan soluciones urgentes o seguirán quedando desiertas obras fundamentales para solucionar los problemas de infraestructuras y viviendas que sufre España", ha advertido Fernández Alén, que ha destacado que en el Gobierno comienzan a ser conscientes del problema, aunque, de momento, no se ha ofrecido solución alguna.
"No pedimos que nos paguen más, sino lo que justamente nos cuestan las cosas en cada momento", ha concluido.