Costa Rica ensambla: no innova
La innovación científico-tecnológica costarricense es casi una aspiración para quienes la impulsan y ajena para los tomadores de decisiones. Por ejemplo, si se valoraran nuestras capacidades humanas y técnicas existentes, se estaría tratando de mitigar parte de la catástrofe ambiental de Crucitas degradando el cianuro biotecnológicamente hasta un 98%.
Por ende, es pertinente e imperioso reformar la institucionalidad científica de un país enfrentado al déficit fiscal, a listas de espera hospitalarias, pensiones inciertas y rezagos en infraestructura, entre otros problemas. Esto forja una pregunta instintiva: ¿por qué la ciencia y la tecnología deberían ser prioritarias ante tantas apremiantes necesidades? Es una interrogante legítima, pero deriva de una premisa equivocada: que la innovación es un gasto superfluo, apartado de problemas sociales, y no es visto como una de las pocas vías para financiar su solución a largo plazo.
Costa Rica se ve a sí misma como líder regional en innovación, pero la realidad es otra: ocupa el puesto 72 a nivel global y el sexto en Latinoamérica, según el Global Innovation Index (GII). Además de este estudio, otros tres realizados de forma independiente –Small Business Economics, así como análisis del FMI y de la Cepal– muestran un diagnóstico común: el país se ha quedado atrapado en una primera fase –atraer inversión extranjera directa (IED)– sin edificar una segunda etapa transformadora de esa IED, dirigida a generar conocimiento propio, patentes y empresas costarricenses innovadoras.
Datos del sector de dispositivos médicos evidencian decisivamente esta situación. Esa industria lideró las exportaciones en el 2025 –con casi $11.000 millones, tras un aumento del 25%–, dedicada en su mayoría, según datos oficiales, a ensamblar agujas, cánulas y catéteres importados, no a diseñarlos. Es, pues, una economía enfocada a ensamblar piezas ajenas, no a generar las propias. Una señal de agotamiento de este modelo es la desaceleración de las zonas francas, de 12,3 puntos porcentuales entre abril del 2025 y abril de este año, según datos del Banco Central.
Aquí la objeción inicial se invierte. No se trata de desatender las obligaciones del Estado, porque sin este segundo nivel de desarrollo científico la base fiscal financiadora de los programas sociales seguirá erosionándose. De ahí la necesidad de corregir la enorme asimetría del régimen definitivo, cuyas empresas no gozan de los incentivos de las zonas francas y generan el 13% del volumen agregado nacional. Esta constituye la medida central de una iniciativa de la Escuela de Biología del TEC, la cual impulsaría al resto del ecosistema de innovación a escalar y funcionar.
Medidas normativas para acelerar innovación
La propuesta cursada a todas las fracciones de la Asamblea Legislativa plantea 11 medidas que no crean nueva burocracia, sino que destraban la existente: agilizar la importación de reactivos para investigación, dar seguridad jurídica a alianzas universidad-empresa, habilitar a los biotecnólogos bajo el Decreto 45116-S, crear un sistema acelerado de patentes y financiar emprendimientos bajo un fondo rotativo. Son ajustes normativos, no gastos; llevan la intención de activar valor ya pagado –universidades, investigadores, infraestructura– y evitan solicitar dinero adicional.
Costa Rica cuenta con excelente talento formado con fondos públicos, el cual incluso se exporta. La plataforma Hipatia del Estado de la Nación registra cientos de profesionales ticos en ciencias e ingenierías, quienes estudian o laboran en el extranjero, con formación en posgrado, generando ahí conocimiento y riqueza. Se debe hacer un esfuerzo para repatriarlos y recuperar esa inversión.
Ninguna norma resolverá mágicamente los serios problemas que afronta nuestra sociedad. Sin embargo, ignorar la urgencia y la prioridad implica confundir el síntoma con la causa. Sin una base productiva que genere conocimiento y exportaciones con mayor valor agregado, la capacidad fiscal continuará erosionándose. Pasar del 0,29% al 0,50% del PIB en investigación y desarrollo en el 2028 –porcentaje todavía lejano del 2% recomendado por la OCDE– no es un capricho académico; es una condición si queremos dejar de competir por ensamblar lo diseñado en otras latitudes.
Los expedientes 23.868 y 24.422, hoy en trámite legislativo, son parte de las medidas planteadas para evitar conformarnos con armar lo impropio y avanzar a diseñar lo propio.
mirojas@itcr.ac.cr
Miguel Rojas Chaves es director de la Escuela de Biología del TEC.