La asesora de Begoña Gómez en Moncloa reprocha a Peinado que "retrase" la devolución del pasaporte
Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, ha reclamado al juez Juan Carlos Peinado –quien, como en el caso de la esposa de Pedro Sánchez, quiere enviarle a un juicio con jurado– que le devuelva de forma «inmediata» su pasaporte.
Una semana después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulara las medidas cautelares impuestas tanto a Begoña Gómez como a Cristina Álvarez, su defensa se queja de que el magistrado «está alargando los efectos de la medida cautelar de retirada del pasaporte sin cobertura legal que lo justifique».
Y es que el letrado de la investigada, José María de Pablo, considera que Peinado está asumiendo funciones que en realidad corresponden a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) «en materia de ejecución de resoluciones judiciales».
A este respecto, subraya que aunque es al instructor a quien corresponde «la adopción, mantenimiento, modificación y alzamiento de las medidas cautelares que afectan a derechos fundamentales», una vez que se han alzado esas medidas, «la ejecución material» de esa resolución (que en este caso se materializa en la devolución del pasaporte) «se encuadra en las funciones propias del LAJ».
"No requiere una nueva decisión del juez"
«La entrega física del pasaporte al titular o a su representante procesal debidamente acreditado –señala– no es un acto de contenido jurisdiccional, sino un acto material de ejecución y documentación procesal que compete al LAJ en el ejercicio de sus funciones de impulso y cumplimiento de las resoluciones judiciales».
Pero en este caso, se queja, Peinado dictó el pasado martes una providencia «retrasando la entrega del pasaporte», por lo que entiende que «se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones».
«El alzamiento de la medida cautelar ya ha sido acordado por resolución judicial, por lo que la decisión jurisdiccional está adoptada y agotada», reitera antes de hacer hincapié en que la devolución del documento «no requiere una nueva decisión del juez», sino solo la intervención del secretario judicial «para dar cumplimiento a lo ya resuelto».
Por todo ello, argumenta que «condicionar o denegar la entrega» supone de hecho «mantener una restricción sobre un derecho fundamental», como es la libertad de circulación, «sin título cautelar vigente que lo ampare». Algo que, pone de relieve, «realizado a sabiendas reviste extrema gravedad, contraviniendo el principio de proporcionalidad y el derecho a la tutela judicial efectiva» en cuanto al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales.
No se lo entregó a la procuradora
El pasado lunes, la defensa de Álvarez se quejó de que su procuradora acudió al juzgado a recoger el pasaporte de la asesora de Moncloa «y le ha sido denegada su entrega por el LAJ», lo que según manifestaba «supone el incumplimiento de lo ordenado por la Audiencia Provincial».
«No existe precepto legal ninguno que obligue a una investigada cuyas medidas cautelares han decaído a acudir personalmente a recoger el pasaporte, pudiendo hacerlo a través de la procuradora», reprochó a Peinado, quien respondió al día siguiente con una providencia que ahora cuestiona el abogado de Álvarez.
El instructor acordó la retirada del pasaporte a Gómez y a Álvarez ante la gravedad de los delitos imputados y por el riesgo de fuga, huida que según dijo podían facilitarle los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno (algo que la Audiencia tildó de poco afortunado). En cuanto a la asesora, puso de relieve «su vinculación personal y funcional» con Begoña Gómez, lo que según el juez le permitiría «disponer de medios o condiciones similares para sustraerse a la Justicia».
Solo por malversación
En esa resolución, la Audiencia Provincial de Madrid también determinó que Álvarez sea juzgada solo por el delito de malversación, como cooperadora necesaria, y únicamente en relación con el supuesto desvío de dinero público en el desarrollo del software de la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), por lo que la Sala archivó respecto a ella el delito tráfico de influencias (y, también, el de corrupción en los negocios del que igualmente estaba acusada).
La instancia superior a Peinado no apreció indicios de que la asesora de Moncloa interviniese en el nombramiento de la esposa de Sánchez como codirectora de la cátedra, «porque no tenía capacidad ni ejercicio ni influencia sobre la decisión».