El exjefe de la Policía reivindica la «Operación Kitchen» como una misión de inteligencia
La defensa del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, se alineó con las estrategias del resto de acusados en el juicio por la «Operación Kitchen». El letrado del imputado para quien la Fiscalía solicita 15 años de prisión defendió en su alegato final ante el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios, que este operativo parapolicial ejecutado para sustraer «datos sensibles» que pudiera aguardar el extesorero del PP Luis Bárcenas en contra del partido, se hizo conforme a la «legalidad» y que, en realidad, fue una «operación de inteligencia» que buscaba obtener información sobre la fortuna que el extesorero popular podía ocultar en el extranjero. Así, el abogado Jorge Hernansanz explicó que la «Operación Kitchen» como tal «no existe» y que se trata de una «invención» del excomisario jubilado José Manuel Villarejo y de la «prensa».
La defensa del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional defendió que el operativo se originó para contrastar la información aportada por el exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que fue captado como confidente. Una información que, según detalló, fue verificada con las «vigilancias y seguimientos» –que no constituyeron una actuación delictiva– a la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, y su entorno.
«Si la fuente no se analiza, no se estudia, no se contrasta la información», ahí sí sería «un delito de encubrimiento», añadió.
La estrategia del letrado se fundamentó también para pedir la absolución de su cliente en apuntar que no existe ningún indicio que demuestre que Pino participara en una actuación ilícita y en señalar responsabilidades sobre el exdirector general del cuerpo, Ignacio Cosidó.
«El señor Cosidó se puso de perfil. Podría haber contado la verdad», dijo. Según este relato, el jefe «político» de la Policía Nacional fue quien le trasladó a Eugenio Pino que encomendara a Villarejo la misión de vigilar al extesorero del PP.
Respecto al uso de fondos reservados para remunerar al chófer de Bárcenas, Hernansanz reconoció que fueron autorizados por Pino, pero defendió que se utilizaron dentro del marco legal y recordó que la normativa otorga carácter secreto a este tipo de recursos. También rechazó el argumento de las acusaciones de que la operación carecía de autorización judicial, al considerar que se trataba de una actuación de inteligencia destinada a obtener información y no de una investigación policial que requiriera medidas restrictivas de derechos fundamentales.
La defensa de Martín Blas
En la misma sesión, el abogado del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, reclamó igualmente su absolución al asegurar que no existe ningún documento, acta o prueba que acredite que recibiera o impartiera órdenes relacionadas con la «Operación Kitchen».
El letrado sostuvo que, lejos de existir pruebas incriminatorias, las declaraciones practicadas en sede judicial apuntaron precisamente a la ausencia de participación de su cliente. En este sentido, recordó que tanto Eugenio Pino como el excomisario Villarejo afirmaron durante sus declaraciones que Martín Blas no intervino en el operativo.
Al respecto, la defensa del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos trajo a colación que otros acusados como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz aseguró en su declaración que nunca había tenido ninguna vinculación con Martín Blas ni una «conversación» con él. Incluso, que el ex número dos del exministro, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez también dijo que «solamente había recibido y hablado una vez» con Martín Blas.
Aunque la defensa pide la absolución, la Fiscalía Anticorrupción solicita para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos dos años y medio de cárcel por un supuesto delito de encubrimiento. Las acusaciones creen que el exresponsable de Asuntos Internos fue quien ordenó los seguimientos a Rosalía Iglesias, pero la defensa planteó la hipótesis de que esa decisión pudo haber sido adoptada por el entonces jefe «político» del cuerpo, Eugenio Pino.
Por otro lado, en la sesión de ayer tanto Fernández Díaz como Francisco Martínez también pidieron su absolución y defendieron la legalidad del operativo de seguimiento a Luis Bárcenas, alegando que era una «operación de Estado» y que lo «verdaderamente delictivo» habría sido no investigar al extesorero del PP. Aunque las defensas sostuvieron que no hay ninguna prueba que acredite la existencia de un operativo «ilícito», la Fiscalía pide para ambos 15 años de prisión por delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.