Hazte Oír también reclama que el hermano de Sánchez devuelva el dinero que cobró de la Diputación de Badajoz
Hazte Oír quiere que David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, devuelva los 340.572 que cobró de la Diputación de Badajoz que presidía el socialista Miguel Ángel Gallardo entre 2017 y mayo del pasado año, primero como coordinador de conservatorios y después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, tras la sentencia que le condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Para ello, la acusación popular ha presentado dos escritos: un recurso ante la Audiencia pacense y una denuncia ante el Tribunal de Cuentas, un paso que recientemente ya han dado en el mismo sentido otras dos acusaciones, Iustitia Europa y Vox.
La sentencia no ordenó devolver las nóminas, al no reconocer legitimación a las acusaciones populares para instar la medida por no ser perjudicadas directas por ese supuesto menoscabo de dinero público.
No obstante, tal y como recuerda en su escrito ante la Audiencia de Badajoz, el fallo constata en sus hechos probados "un menoscabo en los caudales de la Diputación Provincial de Badajoz derivado de las retribuciones satisfechas por la plaza creada y provista en la forma que la propia resolución declara".
Reclama embargos
De ahí que reclame a la Sala que remita al Tribunal de cuentas los informes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y los que remitió a la sede judicial la Diputación Provincial de Badajoz sobre las retribuciones percibidas por el hermano de Pedro Sánchez. Para cuantificar así el presunto perjuicio al erario público.
Asimismo, traslada a la Sala que "ha ejercitado, o ejercitará de inmediato, la acción pública contable ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas respecto de los mismos hechos".
Los letrados de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán y Nouna Lozano, reclaman al organismo contable que inste el reintegro de esos 340.572 € más los intereses correspondientes, cobrados por David Sánchez entre 2017 y 2025 "por un puesto creado a medida y sin función real".
Además, apremia a investigar "a quienes crearon, adjudicaron y pagaron" esa plaza, y solicita embargos preventivos sobre los responsables.