Pedro Sánchez requisa los móviles de quienes le visitan en La Mareta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ordenado endurecer de forma inédita las medidas de seguridad durante su estancia vacacional en la Residencia Real de La Mareta, en Lanzarote. Según ha podido saber LA RAZÓN por fuentes al corriente del despliegue de seguridad que protege al jefe del Ejecutivo y a su familia –está acompañado de su mujer, sus dos hijas, sus padres y su suegra–, todas las personas que accedan al recinto para mantener reuniones con él deberán entregar previamente sus teléfonos móviles, una medida que hasta ahora no formaba parte del protocolo habitual de seguridad en la residencia oficial utilizada por el líder socialista para sus días de descanso.

El objetivo de esta drástica decisión, según las fuentes consultadas, es eliminar cualquier posibilidad de espionaje electrónico durante los encuentros que Sánchez pueda mantener estos días en Canarias, en un contexto especialmente sensible para la seguridad nacional tras la crisis migratoria desatada en Ceuta y el consiguiente deterioro de las relaciones con Marruecos que el Ejecutivo no quiere reconocer en público.

Como contó este diario, se prevé que el presidente cite en los próximos días en La Mareta a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de Exteriores, José Manuel Albares, y de Defensa, Margarita Robles, para zanjar una de las crisis políticas más graves de la era Sánchez, desencadenada por una avalancha de 72.000 migrantes que colapsó Ceuta (85.000 habitantes) en apenas 48 horas y que tanto ha evocado a la Marcha Verde de 1975.

Nada de esto puede entenderse sin mirar cinco años atrás. El móvil de Pedro Sánchez se convirtió en una cuestión de Estado el día en que fue infectado con Pegasus, un programa espía desarrollado por una empresa israelí. Aquel espionaje, reconocido por el propio Gobierno en mayo de 2022, reveló que el presidente había sufrido una de las mayores brechas de seguridad conocidas en la historia reciente de España.

Los atacantes consiguieron extraer más de 2,6 gigabytes de información de su dispositivo sin que nadie detectara la intrusión durante meses. Basta recibir una simple llamada de WhatsApp sin atender o un correo electrónico de Gmail, aunque no se abra, para que el programa se apodere del terminal. Desde entonces, la seguridad de las comunicaciones presidenciales es una obsesión en Moncloa.

La investigación judicial nunca consiguió identificar a los responsables del espionaje, que también padecieron Marlaska y Robles. La falta de colaboración de NSO Group –la compañía que desarrolla el programa– y de las autoridades de Israel impidió reconstruir la cadena del ataque. Sin embargo, tanto la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre Pegasus como las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional bajo la dirección del juez José Luis Calama –el mismo que investiga ahora al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero– han situado reiteradamente a Marruecos como principal sospechoso de la intromisión en el teléfono del presidente y de sus ministros más importantes, aunque hasta la fecha no exista una atribución judicial definitiva.

Lo cierto es que ese precedente condiciona hoy buena parte de las decisiones en torno a la protección del presidente.

La última semana terminó de cerrar el círculo. Este diario informó de que la visita de Sánchez a Ceuta activó un dispositivo de seguridad excepcional que fue mucho más allá del despliegue visible de policías, guardias civiles y militares: Seguridad Nacional reforzó especialmente la ciberseguridad. Varias unidades se encargaron de hacer un ciberpatrullaje, así como de monitorizar posibles amenazas y crear canales seguros para el intercambio de información entre Presidencia, Interior, Defensa, Casa Real y el resto de organismos implicados en la gestión de la crisis migratoria.

Una de las prioridades fue, precisamente, el teléfono del presidente. Los responsables de seguridad concentraron buena parte de sus esfuerzos en blindar las comunicaciones de Sánchez durante una visita marcada por la incertidumbre sobre el origen de la avalancha migratoria. Existe la sospecha de que Pegasus recopiló información sobre la respuesta que daría el presidente del Gobierno a la crisis migratoria de 2021, que también tuvo su epicentro en Ceuta, y que Rabat la habría utilizado para calibrar el riesgo de presionar a España con el flujo de irregulares para dejar clara su reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla e inducir a Madrid a aceptar dialogar sobre la cosoberanía de ambas ciudades autónomas como paso previo al traspaso total de los dos enclaves.

La psicosis por la seguridad digital del presidente no ha hecho más que crecer en plena escalada con Marruecos. La relación bilateral atraviesa su fase más delicada desde que Madrid acogió en 2021 al líder del Frente Polisario, lo que provocó un enfado mayúsculo en Rabat que Sánchez aplacó con el giro español sobre el Sáhara Occidental, que reconoce la propuesta de autonomía para la excolonia española, bajo soberanía marroquí, como la más «creíble» para resolver un conflicto territorial enquistado desde hace décadas.

El Gobierno, no obstante, afronta otro problema, porque el debate sobre el papel desempeñado por Rabat en la actual crisis de Ceuta ha terminado por instalarse también en la opinión pública. Según el último barómetro de NC Report para LA RAZÓN, el 69,3 % de los españoles considera que Pedro Sánchez está siendo chantajeado por Marruecos, en parte por la información que Rabat habría podido obtener del jefe del Ejecutivo y de los titulares de Interior y de Defensa.

No es casualidad que, en ese contexto, Moncloa haya decidido elevar un escalón más las medidas de protección en La Mareta. La retirada de los teléfonos móviles a quienes se reúnan con el presidente no responde únicamente a una precaución tecnológica. El escándalo de Pegasus, que se cobró la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, demostró que ni siquiera el jefe del Ejecutivo es inmune a una operación de inteligencia altamente sofisticada.

El servicio de inteligencia vuelve a estar en el disparadero. Marlaska ha negado en varias ocasiones haber recibido información alguna sobre la concentración migratoria alrededor de la frontera en Ceuta en los días previos. Tan solo ha admitido que se le notificó el repunte tradicional de llegadas en los meses de verano, aprovechando la mejora de las condiciones climáticas.

Pero la titular de Defensa ha cortado de raíz los reproches al CNI, que según el relato de varias fuentes habría alertado en tiempo y forma a Moncloa.

Esta crisis ha dejado al descubierto la gran vulnerabilidad geopolítica de España: la frontera Sur. Fuentes diplomáticas lamentan que se haya convertido en un polvorín. Madrid debe hacer malabares entre Rabat y Argel, enemistados desde hace décadas. Marruecos, además, se ha acercado a Estados Unidos y a Israel, dos países con los que el presidente del Gobierno mantiene tensas relaciones. Rabat también lleva años sumido en un proceso de desacople de la economía europea para, precisamente, poder chantajear a España y a la Unión sin temor a las represalias. Fuentes diplomáticas advierten de que «o el presidente Sánchez pone límites o la política de apaciguamiento que sigue con Marruecos les seguirá envalentonando».