Congresistas le deben presencialidad a los peruanos
El parlamento nació como un espacio físico de deliberación. Desde su origen en la Inglaterra del siglo XVII, la idea central era que los representantes del pueblo se reunieran en un mismo lugar para debatir, argumentar, persuadir y votar a la vista de todos. La presencialidad no era un detalle logístico sino el corazón del modelo. El sentido es que la política se hace en el encuentro real entre personas que deben defender sus posiciones frente a sus pares y frente a los ciudadanos que los observan.
La virtualidad es una solución de emergencia, como lo fue durante la pandemia del COVID-19, pero convertirla en norma es artificializar la política. La ciudadanía ha visto cómo se ha reducido a pantallas donde el debate pierde fuerza y la rendición de cuentas se diluye.
Al respecto, la diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, propuso que las sesiones sean presenciales como regla general, reservando la virtualidad solo para casos justificados como viaje o enfermedad. Hasta el momento, el respaldo parece avanzar transversalmente: Ahora Nación, Buen Gobierno y Renovación Popular lo apoyan. El senador de Renovación Popular, Javier Cipriani, afirmó que el Pleno del Congreso exige presencia y responsabilidad frente al país.
Sin embargo, quien lo rechaza es Miguel Torres, presidente del Senado y líder de Fuerza Popular, que defiende los avances tecnológicos como argumento para mantener la virtualidad. Esa posición tiene una lectura política que cada ciudadano puede hacer por su cuenta.
Porque el Congreso que aprobó las leyes procrimen, el fuero militar y la ley de lesa humanidad restrictiva lo hizo gracias a una virtualidad que facilitó la opacidad de la acción política, sin cámaras encendidas de prensa independiente y, sobre todo, sin el peso del debate presencial. La presencialidad es una condición mínima para que la fiscalización ciudadana sea posible. Los diputados opositores que ya respaldan este proyecto deben entender que aprobarlo es una herramienta para hacer su propio trabajo de fiscalización y una demanda de la ciudadanía que es muy clara. Y la bancada fujimorista que lo rechaza, si es que persiste en esta irresponsable práctica, debe saber que contradiría a la presidenta Keiko Fujimori, quien ha rechazado que la opacidad sea su forma de gobierno. Los peruanos verán cuál de los dos Fuerza Popular se hará presente en el debate la siguiente semana.