Jordi Vendrell: «En incendios extremos el objetivo debe ser que el sistema no colapse»
La Fundación Pau Costa es uno de los grandes referentes en el ámbito de estudio de los incendios forestales a nivel europeo, y lleva años defendiendo un cambio de modelo basado en la prevención y la gestión forestal. Además, forma a diferentes profesionales y conecta la investigación con el trabajo de campo. LA RAZÓN ha hablado con su director sobre la grave crisis actual.
En plena ola de grandes incendios, la atención mediática se centra casi en exclusiva en los medios de extinción. La Fundación Pau Costa sostiene que el problema no se resuelve solo apagando llamas. Si tuviera enfrente a los responsables políticos de gestión de emergencias, ¿cuál es el diagnóstico urgente que les trasladaría sobre lo que ocurre en nuestros montes?
El diagnóstico principal es que seguimos intentando resolver durante unos pocos días de emergencia un problema que se construye durante todo el año. Los servicios de extinción son imprescindibles y necesitan recursos, buenas condiciones laborales y capacidad de anticipación, pero no pueden compensar por sí solos décadas de abandono rural, acumulación de vegetación, pérdida de actividades agrarias y forestales y expansión de viviendas en zonas de riesgo. Les estamos trasladando una responsabilidad de resolver un problema que no les corresponde y al mismo tiempo les estamos pidiendo que corran un riesgo no deben asumir.
Además, ya no hablamos únicamente de incendios aislados que superan puntualmente la capacidad de extinción. Estamos viviendo episodios de simultaneidad de grandes incendios forestales e incluso incendios extremos o de 6º generación a escala regional e incluso continental, muchos de ellos afectando directamente a pueblos, urbanizaciones e infraestructuras. Esto obliga a tratar estos eventos ya no solamente como incendios forestales sino como emergencias de protección civil, con eventos simultáneos graves al mismo tiempo, lo que implica compartir recursos entre territorios y coordinar administraciones y servicios con competencias diferentes.
A los responsables políticos les trasladaríamos una idea muy sencilla: basta ya de cálculo político y visión de corto plazo, necesitamos valentía política y visión de estado a años vista. Hay que dejar de considerar los incendios únicamente como una emergencia de verano. Son un problema de gestión territorial, protección civil, conservación de la naturaleza y desarrollo rural, que no puede abordarse con soluciones sencillas ni promesas electoralistas. Necesitamos una política estable que actúe antes de que empiece el incendio, mantenga paisajes diversos y gestione prioritariamente aquellas zonas donde una intervención puede reducir daños y facilitar el trabajo seguro de los equipos.
Los incendios actuales superan con frecuencia la capacidad de extinción de los equipos de bomberos debido a la intensidad y velocidad del fuego. ¿Estamos ante un cambio de paradigma definitivo en el comportamiento de las llamas y cómo debe adaptarse la sociedad ante eventos que ya no podemos controlar de forma tradicional?
Sí, estamos ante un cambio de escenario que obliga a revisar la manera en que entendemos la gestión la extinción y en general también la protección de la población frente a eventos extremos de incendio forestal. El cambio climático está ampliando las temporadas de riesgo y favoreciendo condiciones más secas y extremas, pero se combina con paisajes cada vez más continuos, con mucha vegetación acumulada y con un número creciente de personas y bienes expuestos.
En determinadas condiciones, un incendio forestal puede avanzar con un comportamiento que supera las capacidades de extinción de los dispositivos operativos. Es decir, con una intensidad y una velocidad que impiden atacarlo directamente. Esto no es algo nuevo. Los profesionales conocen estas situaciones y cómo gestionarlas. El problema que tenemos ahora es de cambio de escala, que es lo que hemos visto en Avila y Madrid. Eventos que ya sea por su magnitud o comportamiento extremo, implican un cambio en los objetivos de gestión.
Cuando eso sucede, el objetivo no puede ser apagar cada llama a cualquier precio, sino evitar el colapso del sistema de respuesta. Los servicios deben priorizar la protección del mayor número posible de personas, mantener su capacidad operativa y fijar objetivos realistas. En situaciones extremas, se requiere valentía política para explicar decisiones difíciles, ya que esto puede obligar a aceptar la pérdida de determinados bienes para no comprometer toda la respuesta y acabar exponiendo muchas más vidas.
En general necesitamos adaptarnos. Es decir, anticipar escenarios, gestionar el territorio, diseñar poblaciones más seguras, formar a la ciudadanía y entender que habrá momentos en los que no podremos controlar el incendio de manera tradicional. Lo que sí podemos hacer es reducir su intensidad, generar oportunidades en el paisaje, limitar los daños y evitar que una emergencia se convierta en una catástrofe con víctimas.
Uno de los pilares clave de la fundación es tender puentes entre la investigación científica y la labor de los equipos en el terreno. ¿Qué aprendizajes de la ecología del fuego siguen costando más integrar en la toma de decisiones sobre el territorio?
Uno de los aprendizajes que más cuesta asumir es que no todo fuego es necesariamente negativo y que excluirlo completamente del territorio puede aumentar el problema a largo plazo. El fuego forma parte de muchos ecosistemas mediterráneos, ha contribuido a modelarlos y puede cumplir funciones ecológicas. Lo que debemos evitar son los grandes incendios forestales, demasiada recurrencia, con comportamientos extremos o excesivamente extensos, que superan la capacidad de recuperación de los ecosistemas.
También cuesta integrar que no existe una única receta válida. Necesitamos paisajes que sean más resilientes. Para conseguirlo, en algunos lugares será necesario reducir vegetación, recuperar espacios abiertos o realizar quemas prescritas; en otros, conservar bosques maduros, mantener determinados hábitats o intervenir muy poco. La buena gestión debe partir de los objetivos ecológicos, del tipo de paisaje, del comportamiento esperado del incendio y de los valores que queremos proteger.
La ciencia ya ofrece mucho conocimiento, pero continúa existiendo una separación entre investigación, planificación territorial, conservación y gestión de emergencias. Debemos convertir ese conocimiento en decisiones concretas sobre dónde actuar, con qué herramientas y qué tipo de paisaje queremos mantener dentro de veinte o treinta años.
Se habla mucho de la pérdida del paisaje en mosaico por el abandono rural y agrícola. Para lograr bosques más resilientes a los incendios, ¿qué papel juegan la gestión forestal y la economía rural activa -ganadería, aprovechamiento de madera o biomasa-?
Son fundamentales, porque el paisaje no se mantiene únicamente mediante actuaciones públicas puntuales. Se mantiene cada día con personas que cultivan, pastorean, aprovechan madera, producen biomasa, cuidan fincas y conservan espacios naturales.
La agricultura, la ganadería extensiva y una gestión forestal sostenible pueden romper la continuidad de la vegetación y crear paisajes más diversos. No se trata de limpiar todo el monte ni de convertir los bosques en parques, sino de decidir estratégicamente dónde es necesario reducir o redistribuir la carga de vegetación para disminuir la intensidad del fuego y crear oportunidades de trabajo para los equipos de extinción.
Pero estas actividades deben ser económicamente viables. Pedimos a agricultores, ganaderos y propietarios que mantengan un territorio que beneficia al conjunto de la sociedad, pero muchas veces trabajan con márgenes mínimos y sin recibir una compensación suficiente por los servicios ambientales que prestan. Necesitamos apoyar la ganadería extensiva, la agricultura de montaña, la madera local, la biomasa y otros productos forestales, vinculando la prevención de incendios con empleo, consumo de proximidad y futuro para los pueblos. Una de las vías es a través de esquemas de pago por servicios ecosistémicos. Es decir, asumir como sociedad que de igual forma que un bombero recibe un sueldo para proveer un servicio público, en determinadas zonas de interés, ganaderos agricultores o forestales pueden realizar una labor de interés público con su actividad de gestión, y por lo tanto debe ser consecuentemente retribuida.
En países mediterráneos se tiende a percibir el fuego únicamente como un enemigo a erradicar, ignorando su rol ecológico natural. ¿Cómo se construye una verdadera cultura del riesgo en la ciudadanía sin caer en el alarmismo, pero aceptando que el fuego forma parte de nuestro ecosistema?
La cultura del riesgo no consiste en asustar a la población, sino en darle conocimiento y capacidad de actuar. Debemos explicar con naturalidad que vivimos en un territorio mediterráneo donde el fuego ha estado siempre presente, pero donde los cambios climáticos, sociales y territoriales están favoreciendo incendios mucho más dañinos.
También debemos superar la idea de que todo fuego es necesariamente una catástrofe. Una quema prescrita realizada por profesionales, en condiciones controladas y con objetivos definidos, no tiene nada que ver con un incendio descontrolado. El fuego puede utilizarse para reducir vegetación, recuperar determinados hábitats, formar a los equipos y preparar el territorio.
Esta cultura debe trabajarse durante todo el año, no solo cuando hay humo en las noticias. Debe entrar en las escuelas, los municipios, las urbanizaciones, el sector turístico y los medios de comunicación. La ciudadanía debe conocer el riesgo de su vivienda, saber cómo prepararla, entender una alerta y seguir las instrucciones de protección civil. Convivir con el fuego no significa normalizar sus daños, sino dejar de pensar que toda la responsabilidad corresponde a los bomberos.
Iniciativas como “Ramats de Foc” demuestran el impacto positivo de la ganadería extensiva en el mantenimiento de áreas cortafuegos. ¿Cree que se podría implantar en otras partes de España?
Sí, el modelo es transferible, pero no puede copiarse de manera idéntica en todos los territorios. Ramats de Foc funciona porque conecta tres elementos: las necesidades de prevención definidas por técnicos y servicios de emergencias, la actividad de los ganaderos y la valorización social y económica de los productos que generan esos rebaños.
En otras zonas de España ya existen iniciativas más o menos similares como en Canarias o Andalucía. Pero para adaptar plenamente el modelo de Ramats de Foc habría que adaptarlo a la realidad ganadera, forestal, administrativa y comercial de cada territorio, que es muy diverso. Es necesario identificar áreas estratégicas, acordar objetivos de pastoreo, acompañar técnicamente a los ganaderos y garantizar una financiación estable. El pastoreo que presta un servicio de prevención no puede depender exclusivamente del precio de la carne o de la leche.
El verdadero reto es convertir estas iniciativas en políticas públicas duraderas, reconocer económicamente los servicios ecosistémicos y crear mercados que permitan al consumidor identificar y apoyar productos vinculados al mantenimiento del paisaje. Ramats de Foc demuestra que prevenir incendios también puede generar economía rural, identidad territorial y conservación de la biodiversidad.
La Pau Costa Foundation tiene una proyección global en el intercambio de experiencias sobre incendios forestales. ¿Qué lecciones clave de otros países cree que deberíamos aplicar en España?
Aunque ahora cueste explicarlo, ante todo cabe mencionar que España y sus profesionales (bomberos, gestores, forestales, académicos, etc.) son refrentes mundiales en gestión de incendios forestales. Como país hemos acumulado experiencia, conocimiento, bagaje y reconocimiento.
Aún así, hay muchas lecciones y experiencias que podemos aprender, estudiar o adaptar. La principal lección internacional es que los países que están avanzando mejor han dejado de tratar los incendios como un asunto exclusivo de los cuerpos de extinción. Portugal, por ejemplo, ha reforzado la gobernanza y la coordinación entre prevención, territorio y respuesta después de los graves incendios de 2017. En América Latina se está extendiendo el concepto de manejo integral del fuego, que incorpora sus dimensiones ecológicas, culturales, sociales y operativas.
De Australia, Canadá, Chile o Estados Unidos podemos aprender sobre preparación comunitaria, avisos a la población, coordinación de grandes emergencias y uso planificado del fuego. También resulta esencial compartir estándares de formación y sistemas de mando, porque en los grandes episodios cada vez será más frecuente recibir o enviar ayuda entre regiones y países.
Pero España también tiene mucho conocimiento que aportar. Contamos con servicios de extinción y equipos de análisis muy avanzados, experiencia en quemas prescritas, gestión forestal, ganadería preventiva y cooperación entre ciencia y operaciones. Nuestro problema no es de falta de conocimiento, sino que muchas buenas prácticas siguen dependiendo de proyectos concretos y no se han convertido en políticas estables.
Cada vez más viviendas e infraestructuras se adentran en zonas forestales, aumentando la vulnerabilidad de las personas y complicando la respuesta ante un incendio. ¿Qué medidas urgentes de autoprotección y ordenación del territorio deberían exigirse en las zonas donde la masa forestal colinda con núcleos urbanos?
La primera medida es asumir que una vivienda rodeada de vegetación no puede depender exclusivamente de la llegada de un camión de bomberos. Es imprescindible mantener franjas de protección, gestionar la vegetación dentro y alrededor de las urbanizaciones, garantizar accesos y vías de evacuación y disponer de puntos de agua, señalización y sistemas de aviso adecuados.
También deben elaborarse planes de prevención y autoprotección reales, conocidos por los residentes y ensayados periódicamente. No basta con aprobar un documento que después nadie consulta. Las comunidades deben saber quién toma las decisiones, cómo recibirán las alertas, cuándo deben confinarse o evacuar y qué personas pueden necesitar ayuda especial.
A medio plazo, la ordenación urbanística debe incorporar el riesgo de incendio desde el principio. No deberíamos seguir autorizando viviendas, equipamientos o actividades especialmente vulnerables en zonas donde no pueda garantizarse una protección razonable. Igualmente es necesario que el Codio Técnico de Edificación recoja medidas específicas sobre construcción y protección frente incendios forestales. Estas obligaciones deben ir acompañadas de financiación, asesoramiento técnico y mecanismos claros de responsabilidad compartida entre administraciones, propietarios y residentes.
Ante un escenario de incendios cada vez más complejos y un clima más extremo, ¿qué mensaje de esperanza o llamada a la acción le gustaría transmitir?
El mensaje de esperanza es que sabemos qué debemos hacer. Disponemos de conocimiento científico, profesionales preparados, experiencias que funcionan y un consenso bastante amplio sobre las grandes líneas de actuación. No podemos evitar todos los incendios, pero sí podemos evitar que muchos de ellos produzcan daños tan graves.
Necesitamos actuar antes, no después: mantener paisajes vivos y diversos, apoyar a quienes trabajan en el medio rural, preparar pueblos y urbanizaciones y dotar a los servicios de prevención y extinción de los recursos necesarios. La prevención debe ser una política pública permanente, protegida frente a los cambios políticos y presupuestarios, y no una reacción improvisada cada vez que llega una ola de calor.
La ciudadanía también tiene un papel. Podemos exigir políticas valientes, conocer el riesgo de nuestro entorno, preparar nuestras viviendas y apoyar productos y actividades que mantienen el territorio. Los incendios son un problema complejo, pero no inevitable en todas sus consecuencias. Lo verdaderamente peligroso sería aceptar que no podemos hacer nada cuando, en realidad, tenemos muchas herramientas y sabemos por dónde empezar.