¿Cómo resolver el conflicto entre taxis y Uber? Estas son las propuestas sobre la mesa

Once años después de la llegada de Uber a Costa Rica, la discusión sobre el futuro de los taxis y Uber dejó de centrarse únicamente en si la plataforma debe operar o no. Hoy el debate gira alrededor de cómo convivir.

Mientras la flota de taxis continúa reduciéndose y el proyecto para regular las plataformas avanza en la Asamblea Legislativa, Gobierno, empresas y representantes del gremio impulsan distintas propuestas para intentar redefinir el futuro del transporte remunerado de personas.

El proyecto de ley

La principal iniciativa se encuentra en la Asamblea Legislativa. El expediente 23.736 pretende reconocer las plataformas como un servicio de transporte regulado por el Estado bajo un esquema de libre mercado.

La propuesta obliga a las empresas a establecerse en Costa Rica, pagar impuestos, registrar a sus conductores y vehículos ante el Cosevi y cumplir requisitos de seguridad y atención al usuario. También exige que los choferes tengan licencia, pólizas, revisión técnica, inscripción tributaria y en la Caja Costarricense de Seguro Social, además de una hoja de delincuencia actualizada.

Entre los cambios más relevantes, el texto fija una rentabilidad mínima por kilómetro para los conductores, crea un Fondo de Movilidad financiado por plataformas y choferes, establece multas e incluso inhabilitaciones para quienes incumplan la normativa y reserva para los taxis naranjas la atención en aeropuertos y otras terminales concesionadas.

Además, incorpora modificaciones para el propio sector taxi, como nuevas reglas para las concesiones y la inspección técnica anual.

Uber apuesta por integrar al taxi

La segunda propuesta proviene de la propia Uber.

Laura Santillán, gerente de Uber para Centroamérica, plantea incorporar a la Fuerza Roja dentro de la aplicación, como ya ocurre en países como México, Colombia, República Dominicana y Argentina.

La empresa asegura que el beneficio no estaría en modificar la tarifa regulada por Aresep, sino en ofrecer las herramientas digitales que hoy esperan los usuarios: conocer el precio antes del viaje, identificar al conductor, compartir el recorrido en tiempo real y acceder a los sistemas de seguridad de la plataforma.

Según Uber, cerca de 300 taxistas costarricenses ya iniciaron el proceso para incorporarse a la aplicación.

El gremio propone modernizar el taxímetro

Desde la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), el secretario general Rubén Vargas sostiene que la modernización también debe venir desde el propio servicio.

Tras entrevista con Revista Dominical, la organización presentó el 31 de julio una propuesta en Casa Presidencial para reconocer legalmente el taxímetro digital con la misma validez que el dispositivo físico.

La iniciativa también plantea desarrollar un Sistema Nacional de Taxímetro Digital certificado por Aresep, ejecutar un plan piloto antes de su implementación nacional y permitir que ambos sistemas convivan durante un período de transición.

Vargas asegura, además, que los taxis pueden operar mediante plataformas tecnológicas, siempre que exista igualdad de condiciones para todos los participantes del mercado.

“Yo no tengo ningún problema con que los taxis trabajen en cualquier plataforma, siempre que todos estén regulados y exista una tarifa base igual para todos. Después será el usuario quien decida con quién viajar según el trato que reciba”, afirma.

Medidas del Gobierno

Mientras tanto, el Consejo de Transporte Público anunció un decreto ejecutivo para ampliar la vida útil máxima de los taxis de 20 a 22 años.

Según el CTP, la medida beneficiará a 1.426 unidades fabricadas entre 2003 y 2010, con el objetivo de aliviar la situación económica de parte del sector.

El reto pendiente

Para Olman Vargas, vocero de la Cámara Costarricense de Consultores en Arquitectura e Ingeniería, la discusión ya dejó de ser únicamente sobre taxis o plataformas. Lo que cambió fue la forma en que las personas se mueven y, con ella, el poder que durante décadas concentró el transporte público tradicional.

Vargas recuerda que hubo una época en que una paralización de taxis podía poner en jaque al Gobierno de turno. “Hoy ese poder prácticamente desapareció”, resume y sostiene que el crecimiento acelerado de la flota vehicular, la congestión vial y la irrupción de plataformas digitales transformaron un modelo que parecía inamovible.

Recuerda que el taxi también fue, en su momento, una innovación: ofrecía un servicio directo y diferenciado que encontró en el cooperativismo una fórmula de expansión. Sin embargo, el sistema terminó arrastrando problemas como el mercado negro de placas y la pérdida de competitividad ante la posibilidad de conocer el precio antes del viaje, seguir el recorrido en tiempo real, compartir la ruta con familiares o identificar al conductor.

A su juicio, Uber no eliminó al taxi: “lo obligó a competir”, pero advierte que la transición sigue incompleta. “Así como el taxi debió adaptarse hace una década a una nueva forma de entender la movilidad, ahora corresponde al Estado cerrar el vacío legal de las plataformas, especialmente en aspectos como seguros, responsabilidad civil y protección de pasajeros y terceros”, asegura.

Cuando eso ocurra, concluye Vargas, las reglas del juego serán más parejas, aunque probablemente también desaparezca una de las ventajas de Uber: sus tarifas más bajas.

Puede leer el reportaje completo sobre la situación social y legal de los taxis aquí.