Costa Rica decreta "secreto de Estado" ante posibles infiltrados entre los responsables de la seguridad pública
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, declaró bajo la figura de Secreto de Estado la información relacionada con las principales estructuras de seguridad e inteligencia del país, una medida que restringe el acceso público a documentos, operaciones, recursos y estrategias utilizadas para combatir al crimen organizado.
La disposición quedó establecida en el Decreto N.° 45870, firmado y publicado en el diario oficial La Gaceta. Entre las instituciones alcanzadas figuran la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo interinstitucional Fuerza Élite, además de cualquier otra coordinación en materia de seguridad y defensa que dependa de la Presidencia.
El Ejecutivo justificó la decisión por el incremento de amenazas asociadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, el sicariato y otras expresiones del crimen organizado.
La medida llega en un momento especialmente delicado para Costa Rica, luego de la filtración de un documento interno de inteligencia que identificó a 116 policías presuntamente vinculados con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, la trata de migrantes y el contrabando de alcohol.
Información que quedará protegida
El decreto incluye documentos, archivos, sesiones, reuniones, grabaciones, acuerdos, bitácoras y planes operativos relacionados con los organismos de seguridad. También quedan bajo protección las capacidades de los cuerpos policiales, estructuras de mando, protocolos de intervención, mecanismos de inteligencia, recursos tecnológicos, planes de respuesta y procedimientos especiales.
La normativa incorpora incluso información administrativa y financiera, como presupuestos, partidas de gasto, estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, contratos, fuentes de financiamiento y fases de ejecución de procedimientos de contratación pública.
La reserva alcanzará también a contratistas privados, consultores y asesores externos que trabajen con las instituciones involucradas. Quienes participen en estas labores deberán aceptar cláusulas de confidencialidad y mantener el secreto incluso después de terminar su relación laboral o contractual con el Estado.
El incumplimiento puede derivar en procedimientos administrativos y en sanciones penales previstas por la legislación costarricense. En el caso de empresas contratistas, la revelación de información protegida puede provocar además la resolución del contrato.
Costa Rica enfrenta un deterioro de la seguridad
La decisión del Ejecutivo se produce mientras el país registra un fuerte incremento de la violencia vinculada al narcotráfico.
De acuerdo con los datos citados en la información oficial recopilada, siete de cada 10 homicidios en Costa Rica estarían relacionados con el narcotráfico. La tasa de asesinatos alcanzó 17 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, frente a 11,2 registrados en 2019.