Ganar una elección no convierte al gobierno en dueño del Estado

El pasado jueves 6, miles de personas llegaron a la plaza de la Democracia y hubo concentraciones en otros lugares del país. No creo que todos pensaran igual. Tampoco creo que todos estuvieran ahí para defender cada decisión que haya tomado el Poder Judicial.

Había algo más de fondo. Costa Rica lleva meses enfrascada en una discusión que cada día sube un poco más de tono. Ya casi nos acostumbramos a los ataques, a las descalificaciones y a esa sensación de que, para estar de acuerdo con uno, hay que destruir al otro.

El gobierno ganó las elecciones. Y una elección decide quién ocupa el gobierno durante cuatro años; no convierte al ganador en dueño del Estado. Tiene un mandato popular y debe ejercerlo. Debe tomar decisiones, impulsar sus proyectos y tratar de cumplir aquello que ofreció a quienes votaron por él. Pero también tiene que negociar. Eso también es gobernar.

Revisando algunos números de la Sala Constitucional, encontré uno que, por mi profesión, se volvió particularmente significativo. En 2024, la Sala resolvió 38.484 asuntos. De ellos, 16.109 estuvieron relacionados con salud. Casi el 42%. Pero yo no veo números ni discusiones de abogados. Detrás de esos 16.109 asuntos, veo personas. Veo a alguien que necesita un medicamento y no lo recibe. A alguien esperando una cirugía. A una familia que lleva meses detrás de una cita. A una madre que sabe que la enfermedad de su hijo no entiende de listas de espera ni de trámites administrativos.

Probablemente por eso los costarricenses aprendimos hace mucho una frase que ya es parte de nuestro lenguaje: “voy a poner una Sala IV”. No hace falta ser abogado, diputado, ministro o presidente para entender lo que significa. Significa: siento que no me están escuchando y todavía me queda una puerta donde tocar.

En 2024, los costarricenses tocaron esa puerta mediante 33.396 recursos de amparo. Detrás de cada uno, había alguien. No todos tenían razón, por supuesto. Para eso está el tribunal: para decidirlo. Pero todos pudieron pedir que alguien revisara si el Estado había cruzado un límite.

Incluso quien estaba al frente del gobierno pudo hacerlo. En 2024, don Rodrigo Chaves presentó un recurso de amparo y la Sala IV le dio la razón. Por unanimidad. Una comisión legislativa había recomendado una sanción sin haberlo llamado previamente a comparecer. La Sala consideró que se había vulnerado su derecho de defensa y anuló esa recomendación en lo que le afectaba.

La historia tiene una ironía difícil de ignorar. La misma institución que hoy recibe fuertes ataques desde el oficialismo fue la que, cuando correspondió, protegió los derechos de don Rodrigo. Y estuvo bien. No porque fuera Rodrigo Chaves, sino porque era una persona con derechos.

Ahí está, para mí, el centro de toda esta discusión. No se trata de decidir si nos gustan los magistrados. Tampoco de creer que la Sala IV es infalible. Hemos discrepado de decisiones judiciales y, seguramente, volveremos a hacerlo. Se trata de entender para qué necesitamos instituciones que puedan decirle no al poder. Eso vale para cualquier poder y cualquier gobierno.

Quizá por eso el plantón del jueves anterior merece ser escuchado y no descalificado. El gobierno debería escucharlo también como una petición para bajar el tono y gobernar. Sentarse a negociar no es rendirse. Escuchar a quien piensa distinto no es debilidad. Encontrar acuerdos con otros poderes tampoco significa traicionar a quienes lo eligieron. Es democracia.

Costa Rica no necesita que un poder derrote al otro. Necesita que el Estado funcione. Y necesita algo todavía más importante: que cuando una persona se encuentre sola frente al Estado, tenga adónde acudir. Puede ser una madre buscando un medicamento. Puede ser cualquiera de nosotros. Puede ser incluso el presidente.

Miles de personas salieron a la calle el jueves. No defendían a siete magistrados. Defendían el Estado social de derecho, la separación de poderes y a la Costa Rica que resuelve sus diferencias con diálogo, no con gritos, no con apodos, no con descalificaciones.

Las discusiones jurídicas pueden seguir y, seguramente, seguirán. Lo que no puede seguir es la gente esperando que se resuelvan sus amparos mientras los poderes del Estado pelean. Es hora de sentarse, ponerse de acuerdo y cambiar lo que haya que cambiar. Pero sin dejar al ciudadano esperando del otro lado de la puerta.

avilaaguero@gmail.com

María L. Ávila Agüero es pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina.