Perdió la ayuda por recibir una herencia: el Supremo respalda al SEPE tras ocultar la venta de un inmueble
Una desempleada de Valencia se enfrenta a una de las sanciones más temidas por los beneficiarios de ayudas públicas: la obligación de devolver íntegramente las cuantías percibidas tras un incremento patrimonial incompatible con la prestación. La justicia ha ratificado que la mujer deberá reintegrar 9.685,95 euros al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tras confirmarse que la venta de un inmueble heredado la inhabilitó para seguir cobrando el subsidio para mayores de 52 años.
Una herencia de 140.000 euros
El conflicto jurídico abarca el periodo comprendido entre enero de 2022 y noviembre de 2023. Según los hechos probados, la beneficiaria recibió una herencia familiar valorada en más de 140.000 euros, una cifra que por sí sola ya alteraba su solvencia financiera. Sin embargo, el detonante administrativo definitivo se produjo en mayo de 2022, cuando formalizó la venta de un inmueble heredado por un montante de 153.000 euros, lo que le reportó una ganancia patrimonial directa de 76.500 euros. A pesar de este ingreso extraordinario, la demandante continuó percibiendo la ayuda mensual de forma ininterrumpida.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que confirma el fallo previo de un juzgado de lo social, es meridiana en sus fundamentos: no es el hecho de heredar lo que extingue el derecho, sino que los rendimientos derivados de dicha operación elevaron sus ingresos por encima del límite legal permitido. El criterio judicial considera incompatible la prestación con la nueva realidad económica de la recurrente, desestimando la pretensión de la defensa de limitar la devolución únicamente a los meses específicos en los que se materializó la venta.
El rigor del SMI en el sistema español
En su recurso, la mujer alegó haber comunicado al SEPE tanto la aceptación de la herencia como la enajenación del piso, sugiriendo que, si la Administración continuó con los pagos, se debió a un error de gestión ajeno a su responsabilidad. No obstante, el tribunal ha rechazado este argumento de plano. El sistema de protección en España es taxativo: el mantenimiento del subsidio exige de forma permanente no superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el cómputo de rentas mensuales, un umbral que la plusvalía obtenida pulverizó por completo.
La gestión del patrimonio personal —ya sea mediante alquileres, intereses bancarios o ventas inmobiliarias— queda bajo la lupa constante de una Administración que no admite el desconocimiento de la norma como eximente. Una lección contable que, en esta ocasión, se ha saldado con una deuda de casi diez mil euros con las arcas públicas.