Presidentes de Cortes Superiores advierten "amedrentamiento" tras denuncia de Rospigliosi ante la JNJ
Los presidentes y presidentas de las Cortes Superiores de Justicia del Perú emitieron un pronunciamiento conjunto el 11 de agosto. El documento responde a la denuncia de Fernando Rospigliosi ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra tres jueces que aplicaron la Ley de Lesa Humanidad en el caso Castro Castro. Los magistrados piden respeto absoluto a su independencia judicial y rechazan cualquier forma de presión política sobre sus decisiones.
El texto cita el artículo 139°, inciso 2, de la Constitución. Esa norma establece que ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de la función de juzgar. Los firmantes también invocan el artículo 18° de la Ley de la Carrera Judicial y el artículo 5° del Código de Ética del Poder Judicial. Ambas normas prohíben sancionar a un juez por el sentido de sus resoluciones.
El pronunciamiento plantea tres pedidos concretos. Primero, reafirma el compromiso de las cortes con la independencia judicial como garantía de los derechos ciudadanos. Segundo, exige que las discrepancias con un fallo se canalicen mediante apelaciones y no mediante denuncias disciplinarias. Tercero, exhorta a los actores políticos a no instrumentalizar las instituciones públicas contra los magistrados.
El documento lleva la firma de titulares de varias cortes del país, entre ellas Piura, Lima Norte, Arequipa, Junín, Cusco, Del Santa, Callao, La Libertad, Lambayeque y Huánuco. El comunicado no menciona a Rospigliosi por nombre. Se refiere de forma genérica a "actores políticos con representación parlamentaria" que interpusieron denuncias contra magistrados ante la JNJ.
PUEDES VER: Keiko Fujimori: Al menos 90 homicidios se registran en primeros quince días de gobierno
Fernando Rospigliosi denuncia a jueces del caso Castro Castro
Fernando Rospigliosi presentó su denuncia el 11 de agosto contra los jueces Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama. Los tres integran la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. El excongresista pide que la JNJ abra un proceso disciplinario y, de comprobarse faltas graves, ordene su destitución. El origen del conflicto es una sentencia del 10 de julio. Ese día, los magistrados inaplicaron la Ley 32107 en el caso de cuatro policías condenados por la Masacre de Castro Castro. Los agentes recibieron 15 años de prisión por homicidio calificado y lesiones graves contra internas del penal Canto Grande en 1992.
Rospigliosi sustenta su pedido en dos normas que él mismo promovió en el Congreso anterior. La Ley 32107 fija la prescripción de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes de 2002. La Ley 32419 otorga amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados por hechos vinculados a la lucha antisubversiva entre 1980 y 2000. El excongresista sostiene que los jueces cometieron una infracción constitucional al desconocer una sentencia del Tribunal Constitucional que había declarado la vigencia de ambas normas.
Este caso no es aislado. Rospigliosi ya había denunciado en julio a la fiscal Rosario Quico Palomino por no aplicar la Ley 32107 en el caso del general Juan Rivero Lazo. En marzo, junto con Jorge Montoya, denunció al juez Jorge Chávez Tamariz por un proceso de 1983. En agosto de 2025 denunció al juez Richard Concepción Carhuancho, quien terminó suspendido seis meses por la JNJ en junio de este año. El patrón se repite: cada vez que un magistrado falla en contra de las leyes de amnistía, Rospigliosi acude a la JNJ para pedir su salida.